Después que se conociera el recurso de reposición, la recusación y el alegato de conclusión frente a la sala disciplinaria de la Procuraduría por parte del alcalde Gustavo Petro, han resultado varias tesis jurídicas frente a las competencias del Ministerio Público.

En efecto, el exprocurador Jaime Bernal explicó que en el proceso de destitución al alcalde no se puede asignar un procurador ‘ad hoc’, tal como lo solicita la defensa del mandatario, porque la figura desapareció con la modificación al Código Único Disciplinario.

“Si se considera que el pronunciamiento se originó por mandato de procurador, existen dos tesis. Una que parte del artículo 88 del Código Disciplinario que dice que es el mismo procurador el que define si está impedido. Y ahí termina el trámite porque él no tiene superiores funcionales. Y la otra tesis parte de un fallo del Consejo de Estado que establece que la recusación debe ser resuelta por la viceprocuradora”, conceptuó Bernal.

El mandatario capitalino fue destituido e inhabilitado por 15 años porque supuestamente le entregó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la recolección de residuos sin tener ninguna experiencia en esas labores, generar problemas en el medio ambiente al improvisar en la implementación del nuevo esquema y fracturar la libre competencia.

 

¿Complot?

 

En este mismo caso, ayer se conoció que en la indagación por un supuesto complot para destituir al alcalde Petro, el 15 de enero a las 2 de la tarde en el despacho del vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, fue citado a entrevista el exvicepresidente Francisco Santos.

Como se sabe, el constituyente Otty Patiño, director del Observatorio de la Secretaría de Cultura de Bogotá, reveló que el jueves 14 de noviembre asistió a un almuerzo con Santos, quien dijo que “se iban a convocar elecciones porque el fallo de la Procuraduría destituyendo a Petro estaba listo”.

Por cierto, Santos tuiteó ayer que "recoger basuras no es una cuestión ideológica, es de eficiencia”.

Frente a los tres últimos gobiernos de Bogotá, Santos trinó que el "balance de la gestión del Polo y su disidencia en Bogotá es desastroso. No es sino comparar a una Medellín que vuela y una capital postrada. Sobrecostos de la 26 y la 10º que entregó Lucho Garzón van, por ahora, en 500.000 millones. Sobrecostos de la 30 y avenida Suba menos del 1 por ciento".

 

 

 

Defensa de Petro

 

En el alegato de conclusión, la defensa de Petro argumentó que aunque el Ministerio Público tiene el ejercicio de la función preventiva y la sanción disciplinaria, el artículo 370 de la Constitución Política señala que le corresponde al presidente señalar las políticas generales de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos y domiciliarios, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Al reiterar la autonomía de las ciudades para garantizar la prestación de los servicios públicos, consideró que la actuación de Petro es legítima y no va en contra de la libre competencia, como lo asegura la Procuraduría.

Frente a la conclusión de que la "EAAB no era capaz desde el punto de vista técnico, operativo y por la falta de experiencia para asumir la prestación del servicio público de aseo de la ciudad de Bogotá", la defensa reiteró que Petro solicitó que se hicieran todos los estudios, los cuales concluyeron en que la EAAB tenía la capacidad necesaria.

Para la defensa, Petro no actuó fuera de la ley, sino que por el contrario implementó un modelo transitorio que ha garantizado el buen servicio en la ciudad y ha incluido a los recicladores, tal como lo ordenó un auto de la Corte Constitucional.

También aseguró que el proceso disciplinario jamás debió iniciarse por tratarse de un asunto de gestión y no de una fuerte falta disciplinaria.

"La propia Procuraduría conoció de antemano que el tema de las basuras iba a enfrentar momentos excepcionales por la decisión del Alcalde de modificar el modelo de gestión en la prestación del servicio y en la decisión de los operadores privados de no entregar al distrito los equipos necesarios para seguir prestando el servicio sin traumatismos", de acuerdo con la defensa.

 

 

¿Abuso?

 

Ayer Petro tuiteó que “el programa Basuras Cero busca eliminar los rellenos y pasar al 100% de aprovechamiento de residuos. Fue aprobado por el voto ciudadano.

“El tratado de Kyoto, que es ley de la República, incentiva el cambio de modelo de aseo, de los rellenos, al aprovechamiento de residuos.

Colombia cada vez tendrá más problemas con su modelo de aseo, anacrónico  privatizado y ligado a rellenos sanitarios.

“Bogotá tiene que pagar 217.000 millones de pesos en indemnizaciones por no controlar el relleno sanitario Doña Juana en 1997.

“Procurador quiere, fuera de su competencia, declarar ilegal el control a los rellenos sanitarios, olvidando que son bombas de gas metano.

“El oligopolio privado sin aprovechar residuos no sólo es ineficaz y costoso, sino que crea bombas de metano en las regiones: los rellenos.

“Procurador al calificar de ilegal el Decreto 564, en abuso de su poder, quiere mantener el oligopolio privado sin aprovechamiento de residuos.

“Toda la eficiencia ganada por el modelo mixto con aprovechamiento de aseo pasó a los usuarios en el 2013 como lo ordena la Ley 142.

“Datos de aseo del 2013 demuestran que Contraloría Nal. tenía razón: en 10 años el oligopolio privado cobró en exceso más de $500.000 millones.

“Al disminuir en 50.000 millones el pago de usuarios de aseo en el 2013, en esa misma cantidad disminuyeron utilidades del oligopolio privado.

“En 2013, recogimos residuos como en 2012, pero le costó a los usuarios $50.000 millones menos, reciclamos 100.000 T y pagamos a recicladores.

“Para movilizarnos por la Bogotá Humana y contra la arbitrariedad, pon un gran NO en tu ventana: NO Pasarán. NO más Corrupción. NO más guerra.

“En el 2014 la defensa de Bogotá Humana la hacemos todas y todos en nuestros entornos y dando ejemplo de calidez y respeto.

“Comenzamos el año 2014 preparando la gran movilización ciudadana en defensa de la Bogotá Humana, la Democracia y la Paz”.