Son cerca de 10.000 las antenas de comunicaciones ilegales que hay en Bogotá, aclaró el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, corrigiendo la cifra presentada por el concejal Fernando López, de Cambio Radical, quien habló de 6.000 aparatos ilegales durante un debate de control político sobre los efectos para la salud por la instalación de dichos elementos.
Sin embargo, la cifra no es precisa, pues aún se está adelantando el censo respectivo.
En la última ocasión que fue concejal, Carlos Lemos propuso que para evitar la contaminación por la proliferación de las antenas parabólicas de la época, se instalaran en los cerros orientales para que sirvieran a todos los ciudadanos. Hoy el debate sigue tal cual pero con las nuevas tecnologías.
Mientras Ardila anunció que se realiza una evaluación para determinar cuántas antenas de comunicación hay en Bogotá, quedó al descubierto la impotencia de las autoridades para controlar la instalación en las localidades y el incumplimiento al Plan Maestro de Telecomunicaciones.
Para el concejal Jairo Cardozo, del MIRA, se nota un claro incumplimiento al plan maestro de telecomunicaciones, no se da cumplimiento a lo previsto por la norma, hay ausencia de vigilancia y control por parte de la Administración distrital y en especial por parte de la Secretaría de Planeación.
“En otros países se da prelación a la salud frente a las ganancias que puedan llegar a percibir empresas de telecomunicaciones”, puntualizó el concejal.
La comisión accidental rindió un informe donde se sugiere la modificación de la localización de telecomunicaciones inalámbricas en zona de uso residencial, teniendo en cuenta no solo las distancias sino los tiempos de exposición y las densidades de contaminación electromagnética. Para lo anterior se debe partir de la base de un mapa de contaminación electromagnética en la ciudad y su respectiva zonificación.
La comisión fue creada en atención al Acuerdo 339 de 2008 que establece en su artículo tercero que “para la localización de telecomunicaciones inalámbricas en zona de uso residencial neto se establece por el Decreto Distrital 190 de 2004 que esta se permitirá en un radio no menor de 250 metros de otras estaciones de telecomunicaciones y a no menos de 200 metros de centros educativos, centros geriátricos y centros de servicios médicos”.
Igualmente los concejales solicitaron que la Administración distrital aplique el principio de protección ante la falta de certeza científica de la afectación que pueden causar las antenas e infraestructura de telecomunicaciones sobre grupos poblacionales vulnerables, niños, adultos mayores, enfermos, entre otros.
Los concejales dieron a conocer los hallazgos de la Contraloría: “La Secretaría de Planeación no tiene claro el inventario de las antenas de telecomunicaciones inalámbricas; falta coordinación y articulación entre la Secretaría de Planeación, las alcaldías locales y los operadores de servicio público de telecomunicaciones; falencias de documentación y diligenciamiento de los mismos; los límites de los campos electromagnéticos no se están respetando”.
La comisión está integrada, además de los concejales Cardozo y López, por Nelly Patricia Mosquera (La U), María Clara Name (Verde) y Angélica Lisbeth Lozano (Progresistas).