En plena luna de miel se encuentran las relaciones entre el poder ejecutivo y normativo de la capital del país. 

 

Por lo menos así lo demuestra el hecho de que de siete proyectos radicados por la administración de Enrique Peñalosa ante el Concejo de Bogotá, seis fueron aprobados para convertirse en acuerdos de la ciudad y uno fue retirado.

 

Las iniciativas, impulsadas por la coalición mayoritaria que apoya al Gobierno, van desde la creación de la Empresa Metro, la venta de las acciones que tenía la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en Isagen, revolcón en el sistema de salud, implementar la Secretaría Jurídica Distrital, hasta la autorización para fundar la Secretaría Distrital de Seguridad. El sábado fue aprobada la fusión de Metrovivienda con la Empresa de Renovación Urbana (ERU). La administración retiró la iniciativa que buscaba cobrar una sobretasa al parqueo.

 

En este sentido, el último logro de la gobernabilidad del mandatario capitalino fue la fusión de la ERU con Metrovivienda pues compartían similitudes en su naturaleza jurídica, estructura, gestión de proyectos y mapa de procesos, sin embargo, la realidad de la ciudad ha cambiado desde la creación de las empresas a la fecha, en cuanto a disponibilidad de suelo y necesidades.

 

En este sentido, la ERU cobija desde su misión, un radio de acción mayor que incorporaría la función del banco de tierras a la tarea de generar una política integral de desarrollo urbano e inmobiliario que incluyan Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social. Con esta fusión, la Administración Distrital generará estrategias que permitan dinamizar la gestión del suelo, buscando tierras aptas para la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios con calidad. Cabe resaltar que en la actualidad, la ciudad cuenta con 1.647 hectáreas de suelo disponible frente a la necesidad de cerca de 4.624 hectáreas estimadas para atender las previsiones de viviendas hasta el 2021.

 

Así mismo, la ciudad contará con una Empresa que desarrollará varias líneas de acción articuladas como la habilitación de suelo en desarrollo, la gestión del suelo en renovación urbana, el banco de suelo y los esquemas de desarrollo integral de proyectos. Con la fusión, se estima que la ciudad ahorrará en promedio 6.500 millones de pesos anuales, recursos que servirán para financiar el funcionamiento de la Empresa del Metro de Bogotá.

 

Al respecto la secretaria del Hábitat, María Carolina Catillo, resaltó que “los retos que Bogotá enfrenta en la actualidad obligan al Distrito a trazarse unas metas de gran envergadura en aspectos como movilidad y desarrollos urbanos. La fusión de  Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana, se da como un acierto estratégico que permite enfrentar estos nuevos desafíos y fortalecer la gestión urbana optimizando los recursos humanos y financieros, y con mayor capacidad de planeación”.

 

En las sesiones extras que convocó la administración, estaba el proyecto para cobrar una sobretasa al parqueo pero la iniciativa fue retirada por el Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe, no solo porque no había ambiente político para la aprobación, sino porque entre los gremios y la ciudadanía no cayó bien esta sobretasa.

 

Así mismo, se aprobó en el Concejo la creación de la Empresa Metro para que sea la entidad encargada de construir el proyecto y articular los demás sistemas de transporte como autoridad única que facilite la integración multimodal, vital para poner en marcha todos los aspectos técnicos del proyecto, al tiempo que ayudará a construir la cultura ciudadana y el sentido de apropiación en torno a este modelo de transporte.

 

Aunque se presumía un fuerte debate por la propuesta de la reorganización en el manejo gerencial de la red pública de hospitales del Distrito, el Concejo aprobó fusionar los 22 hospitales en cuatro Empresas Sociales del Estado para que cada una opere una red integrada de servicios e institucionalizar una política para atender las necesidades, el acceso y el consecuente derecho a la salud de los ciudadanos.

 

De otro lado pero en el mismo recinto, se aprobó implementar la Secretaría Jurídica Distrital debido a la disgregación de los procesos y pleitos que tiene la ciudad para blindar a Bogotá contra demandas por 3 billones de pesos y posicionar en la agenda institucional del Distrito Capital un modelo gerencial de servicios jurídicos a través de estrategias normativas, prevención del daño antijurídico, defensa judicial, orientación en la gestión contractual y ejercicio de la función disciplinaria.

 

Otro de los proyectos que fue aprobado de inmediato fue la venta de las acciones que tenía la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en Isagen pues la plenaria dio el sí para el ingreso a las arcas del Distrito Capital de 280 mil millones de pesos que se invertirán en transmisión de energía que la ciudad requiere para los próximos años.

 

Con críticas porque a la Secretaría Distrital de Seguridad le faltaría cultura ciudadana, el Concejo de la ciudad aprobó por mayoría el proyecto que se convirtió en acuerdo de la ciudad.

 

Por ahora sigue en pleno la luna de miel entre la administración Peñalosa y el Concejo de Bogotá para desarrollar proyectos de infraestructura.