Para el  próximo 18 de febrero se realizaría un paro nacional minero, ante las dificultades para la comercialización y acceso a los insumos, así como la falta de garantías en la competencia.

Así lo anunció la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mineros, Luz Estela Ramírez, quien  confirmó en medios al explicar que la decisión la tomaron por “la persecución, tildarnos de criminales, de apoyar a grupos ilegales, la destrucción de maquinaria a pequeños mineros, y ahora establecer una especie de impuesto o RUT a los comercializadores de los diferentes minerales, se convierte en un atropello contra los mineros, es decir el Gobierno busca a toda costa acabarnos”.

También se refirió a la falta de recursos por la que, aseguran, atraviesa el sector, lo cual ha hecho que “los mineros y barequeros estén prácticamente aguantando hambre por la arremetida del Gobierno nacional contra el sector”.

A ello se le suma la “persecución” por parte de la Fuerza Pública que, insisten, no ha parado puesto que “más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno Nacional sin mediar palabra y tildándonos de criminales a todos sin discriminación, en una clara vulneración de los derechos”.

Ramírez recordó que algunos mineros ya empezaron el cese de actividades por regiones, pese a que el próximo sábado se realice el Encuentro Nacional Minero, en Medellín, en donde se darán los lineamientos del paro.

El inconformismo se da días después de que la Agencia Nacional de Minería anunciara el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), puesto en marcha a partir del primero de enero de 2015.

Tal herramienta le permite al Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Minería, controlar la extracción ilícita de minerales y generar incentivos para la formalización minera.

El Rucom es una herramienta para controlar que en el país se comercialicen solamente minerales que tengan origen lícito, eso significa que se pueda demostrar que provienen de titulares mineros en etapa de explotación; solicitantes de los programas de legalización y de formalización de minería tradicional en trámite; beneficiarios de Áreas de Reserva Especial o sea comunidades mineras que adelantan explotación tradicional de minerales en un área declarada y delimitada por la ANM; subcontratos de formalización minera, y barequeros debidamente inscritos ante las alcaldías municipales.

En este último caso, hay una función muy importante que ejercen los alcaldes y que está contemplada legalmente desde 1988 y que hoy sigue vigente a través de la Ley 685 de 2001, según la cual, las alcaldías deben inscribir a los barequeros vecinos del lugar en que se realice la actividad. Las alcaldías además deben facilitar a estos ciudadanos la inscripción y remitir a la ANM los listados de las personas inscritas,  a fin de que sean publicados en el Rucom.

“Hacemos un llamado a los alcaldes del país para que ejerzan la responsabilidad que les otorga la ley. Requerimos como Autoridad Minera que los mandatarios locales nos suministren el listado de quienes clasifican en la categoría de barequeros, para que de esta manera nosotros podamos controlar la actividad y algunos temas clave como el tráfico de regalías y la evasión de impuestos”, afirma la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

Para la autoridad minera también resulta preocupante que municipios que reportan alta producción de oro, no tengan títulos mineros vigentes bajo su jurisdicción y que tampoco los alcaldes reporten sus listados de barequeros. Según datos extraídos del proceso de fiscalización de la ANM, se estableció que sólo 134 títulos en todo el territorio colombiano están explotando metales preciosos. La producción de esos títulos equivale solamente al 17% de la producción total de oro, de acuerdo con las exportaciones anuales.