A sanción presidencial pasó el Presupuesto General de la Nación, luego que el Congreso de la República lo aprobó ayer por un monto total de 165,3 billones de pesos.

El proyecto ya había sido aprobado por la plenaria del Senado y ahora se convertirá en Ley de la República.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, señaló que el presupuesto se ajusta a la realidad económica del país y es una herramienta válida para hacer frente a los problemas financieros que se viven en el mundo.
El proyecto establece que 89,7 billones de pesos se destinarán para gastos de funcionamiento, 38,8 para atender el servicio de la deuda externa, y 36,8 billones en gastos de inversión.
De acuerdo, con el ministro de Hacienda, en el presupuesto del 2012 se destinarán 29 billones de pesos para atender los requerimientos en materia de pensiones.
Asimismo, se destina una partida de 3,8 billones de pesos para atender el programa de Ley de Víctimas, Atención a la Población Desplazada, Reparación de Víctimas y otros programas referentes a esta situación. La cifra fue considerada insuficiente por la bancada del Polo Democrático, que se retiró del debate aduciendo falta de garantías en la discusión.
El presupuesto para el 2012 establece una partida de 23,8 billones para defensa, 22 para educación, 1,9 para agricultura y 26 billones de pesos para transporte.
Durante el debate en la plenaria de la Cámara de Representanes, la mayoría de congresistas solicitaron al Gobierno más recursos para atender los estragos de la ola invernal en sus regiones, y varios se quejaron por la forma como el presidente de la corporación ha manejado el tema de los vehículos para el desplazamiento de los representantes.
Un verdadero alud de peticiones presentaron los representantes a la Cámara, sin que encontraran eco en los miembros del Gobierno. Los pedidos por mayores recursos para obras regionales cayeron en el olvido y silencio del Ejecutivo.
Este presupuesto tiene más gasto de inversión que llega hasta 5,7 por ciento, tiene menos pago de deuda de 5,9 por ciento y el mismo presupuesto para funcionamiento, explicó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
Las entidades que más reciben recursos son: Protección Social con 33 billones de pesos, de los cuales 29 billones de pesos se van para el pago de pensiones. Educación va a tener 23 billones de pesos, lo mismo que Defensa.
El presupuesto de Acción Social crece 21 por ciento, para el agro 15 por ciento, vivienda 17 por ciento y ciencia y tecnología 22 por ciento. Asimismo los recursos para Comercio, Industria y Turismo muestran un incremento de 40 por ciento y comunicaciones 36 por ciento.
Las fuentes de financiamiento del presupuesto se componen de 55,3 billones de pesos de recursos de capital, 9 billones de rentas parafiscales y otros fondos especiales y 14,3 billones de pesos de recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.
El representante bogotano Angel Custodio Cabrera, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que el Presupuesto general sí esta financiado. Y respondió la queja de algunos colegas por el debate. Dijo que la guerra tiene que tener un límite y “ese recurso del impuesto a la guerra tiene que ser permanente”. Indicó que una vez cumpla el objetivo de lucha contra la subversión, esos recursos se destinen para educación y salud.
El representante Iván Cepeda, del Polo, advirtió que el 1,5 por ciento del Presupuesto es insuficiente para atender la Ley de Víctimas y dejaría sin reparación a miles de víctimas el próximo año.
Cepeda dijo que lo aprobado es muy claro al establecer que de los 3,8 billones destinados a ese fin, 2 billones van a funcionamiento institucional y atención a población desplazada, quedando solamente 1,8 billones de pesos para reparación.
“Si a cada víctima se le entregan 20 millones de pesos, únicamente como indemnización administrativa, el presupuesto asignado sólo alcanzaría para reparar a 90 mil personas en el 2012. Entonces el Gobierno Nacional debe decirles la verdad a los colombianos y colombianas sobre la reparación a las víctimas y aceptar que no hay la voluntad para destinar  recursos que pongan en marcha la ley”, puntualizó Cepeda.