Con 13 votos a favor y uno en contra, sin ningún contratiempo se aprobó anoche en penúltimo debate el Marco Legal para la Paz en la Comisión Primera del Senado.

Según los ponentes, ni parapolíticos ni ex agentes del DAS podrán ser beneficiados por la reforma constitucional.

El congresista vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), advirtió que se especificará aún más en el texto que quienes podrán acceder a los beneficios de rebaja de penas, sin indultos, serán los actores del conflicto, para que no haya colados.

"Evitaremos beneficiarios indeseables como delincuentes comunes, narcotraficantes, funcionarios al servicio de la mafia", señaló Barreras, quien manifestó además que se ampliará la figura de la silla vacía para que cubra estas personas.

"Una ampliación de la silla vacía les impedirá ser dirigentes de los partidos en un futuro", afirmó.

Una vez conocidas las modificaciones propuestas por el senador Barreras, congresistas como Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, destacaron el hecho que se excluya a los parapolíticos y ex agentes del DAS como beneficiarios de la ley e indicó que si se quiere pensar en beneficios lo pueden hacer, pero en un proyecto de ley aparte.

Karime Motta, también de La U, dijo que las modificaciones planteadas por Barreras le dan tranquilidad a la ciudadanía.

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Luis Carlos Avellaneda, calificó como acertadas las modificaciones presentadas por Barreras.

El senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, llamó la atención en que con la aprobación se abre un camino más fácil a la paz.

A contra reloj los legisladores abordaban este acto legislativo, pues debido a la apretada a la agenda del Congreso, lo que se tiente previsto es que se debata en plenaria entre 12 y 13 de junio y pase a conciliación entre 19 y 20.

En el texto aprobado por la Comisión Primera del Senado se incluyó una proposición que plantea que una Ley Estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado, no sólo para los distintos grupos armados organizados ilegales, sino también para los agentes del Estado siempre y cuando sus acciones hayan estado enmarcadas en el conflicto armado interno.

Además, fue aprobado un nuevo artículo según el cual, sin perjuicio de las funciones y obligaciones del Ministerio de Defensa, se destinará parte de su presupuesto a proyectos de inversión social en el posconflicto.

Es así como esta propuesta de reforma constitucional gira en dos ejes fundamentales: la posibilidad de la priorización de casos e investigaciones que deja en manos del Fiscal General de la Nación una metodología que se ha utilizado en otros países exitosamente. Y, en segundo lugar, un proceso de selección para concentrar esfuerzos en aquellos que corresponden a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Esto es porque mediante una Ley estatutaria se podrán establecer instrumentos transicionales de carácter judicial y extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y se podrán crear mecanismos especiales de imputación de sistemas y patrones.

Además, se establece que a la terminación del conflicto armado se podrá crear una Comisión de la Verdad y en cualquier caso se aplicarán mecanismos complementarios de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

En desarrollo de la finalidad de los instrumentos de justicia transicional, para el caso de los agentes del Estado, las herramientas aplicables a éstos podrán ser diseñadas de manera específica para que sean aplicadas, al término del conflicto armado, a quienes hayan infringido las normas penales.