Tan pronto se acabe el período de vacancia judicial, el Consejo Superior de la Judicatura designará a los jueces agrarios para restitución de tierras.
Así lo anunció ayer el ministro del Interior Germán Vargas, quien recordó que esa nueva figura de jueces está contemplada en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 1 de enero.
“El 15 de enero serán designados en propiedad los Jueces Agrarios que se encargarán de los procesos de restitución. Estos jueces deben ser designados por el Consejo Superior de la Judicatura y el plazo señalado para esta designación en propiedad es el 15 de este mes, cuando termina la vacancia judicial”, explicó Vargas.
El jefe de la cartera política manifestó, además, que el Gobierno Nacional ha previsto todo lo concerniente para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Víctimas, en temas como la institucionalidad y los planes de seguridad para garantizar que las personas a las que les van a ser restituidos sus predios puedan retornar a ellos con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
Asimismo, recordó que el Gobierno Nacional ya apropió los recursos para financiar en 2012 la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Jueces
Ante estos nuevos Jueces Agrarios es que la recién creada Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas someterá los casos, en representación de las víctimas, luego de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados y recibir las respectivas solicitudes de restitución.
El senador huilense Hernán Andrade, del Partido Conservador, explicó que estos Jueces Agrarios, además de los Procuradores Agrarios y Tribunales Agrarios, constituirán una jurisdicción que vigilará que se les cumpla a las víctimas.
En octubre, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo había anunciado que este año serían implementados 130 Jueces Agrarios.
Los juristas serán seleccionados por el Consejo Superior de la Judicatura, iniciando con un grupo de 30 en enero, para que a finales de 2012 el número ascienda a 130 jueces. Restrepo destacó que con la Ley de Víctimas, procesos de restitución de tierras que podían tomar hasta 15 años podrían resolverse hasta en 12 meses.
A propósito de los Jueces Agrarios, el ministro Restrepo lanzó una fuerte advertencia a quienes pretendan figurar como víctimas del despojo para hacerse beneficiarios de la restitución de tierras, advirtiendo que los avivatos que buscan robar al país tendrán su “tatequieto” porque será a través de estos jueces especializados que se le dará aval a la distribución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas.
“Los avivatos y oportunistas serán castigados con penas privativas de la libertad que irán entre los ocho, hasta los doce años de cárcel, como lo contempla la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, sentenció.
El jefe de la cartera agropecuaria indicó que sanciones similares tendrán los funcionarios cómplices de esas conductas y quienes se valgan del chantaje para obtener beneficios indebidos.
“La Ley tiene listo todo un arsenal para evitar la entrada de los avivatos”, subrayó Restrepo.
El ministro Restrepo reiteró también que “el Gobierno no avalará vías de hecho como las invasiones, como instrumento reivindicatorio, quienes las promuevan perderán la condición de víctimas y los derechos contemplados en la Ley”; dijo también que los violentos no podrán detener la historia que comenzó a escribirse en Colombia con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, como tampoco la decisión y el compromiso inquebrantable del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos de llevarla hasta el final.

Cuerpo élite
Ante tan grandes responsabilidades, el ministro Restrepo no dudó en considerar que el equipo de Jueces Agrarios será un cuerpo élite.
“Obviamente, habrá que escogerlos, formarlos y apoyarlos con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura. De esa manera, en lo posible se está precaviendo que haya un buen cuerpo de jueces que acompañe estos procesos de restitución”, dijo.
Una de las especialidades de este cuerpo de juristas tendrá que expresarse en el manejo de la inversión de la carga de la prueba, ya que ante la ley no son las víctimas las que tienen que demostrar que les arrebataron las tierras, sino los actuales poseedores que las adquirieron de buena fe. Entonces, en criterio de los expertos, los abogados y jueces tienen que “cambiar el chip”, pues lo que era considerado una prueba en un proceso normal, funciona de manera distinta en un proceso como este.
Para Yamile Salinas, abogada consultora del Grupo de Memoria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y analista de Razonpublica.com, “la mayoría de los jueces y magistrados somos pre-Constitución del 91. Fuimos formados en la Constitución del 86”, de modo que “con una formación decimonónica y sin especialización en Derecho Agrario, la aplicación del capítulo de restitución de tierras va a ser muy complicado”.