Aunque el Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, celebró que “en el se hayan abierto al público varias dependencias judiciales en un proceso que el Gobierno estima debe ser progresivo”, también advirtió que el próximo viernes no se pagarán salarios a quienes no hayan laborado, atendiendo la circular del Contralor General de la Nación.

“El próximo viernes deberá hacerse el pago ordinario de las nóminas en el poder judicial y en la Fiscalía General. Atendiendo la circular del Contralor General de la República, los pagadores no habrán de cancelar los salarios de los fiscales y jueces que no concurran a sus despachos de manera ordinaria, como corresponde frente a este tipo de situaciones”, dijo.

Al respecto los funcionarios de la rama judicial que aún permanecen para han dicho que estas afirmaciones son inconstitucionales y que mantendrán el paro porque es su derecho.

"Es violar el derecho de las asociaciones sindicales y a la huelga, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento judicial que diga que el paro es ilegal para que vayan a sancionar de esa forma", dijo uno de los sindicales en los juzgados de Paloquemao.

Otro trabajador judicial aseguró "el Gobierno está aplicando las pretensiones de los sindicatos judiciales y no lo puede hacer porque no puede impedir el salario que nos corresponde tenemos un derecho a la huelga que es constitucional".

Por su parte el Gobierno ha declarado que “no existe ninguna justificación para continuar el paro judicial”, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por parte de los Ministros de Justicia y Hacienda, Yesid Reyes y Mauricio Cárdenas; el Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. 

Los tres Ministros explicaron ampliamente los esfuerzos presupuestales que ha hecho el Gobierno para beneficiar a la rama judicial. En tanto que el Fiscal General sostuvo que no existe la más mínima posibilidad de que se desmonte el proceso de reestructuración de la institución a su cargo.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes afirmó que “el Gobierno considera viable de solucionar la solicitud relacionada con la consecución de recursos para pagar cargos de descongestión, entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre del año en curso”.

Al respecto anunció que, con la ayuda del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda, se consiguieron alrededor de 50 mil millones de pesos, que permiten continuar las medidas de descongestión hasta el 19 de diciembre.

Indicó que, adicionalmente, a partir del año 2015 y con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del Consejo Superior de la Judicatura, están previstos 500 mil millones de pesos para que los cargos de descongestión se vayan convirtiendo gradualmente en planta permanente de la administración de justicia.

“Con esto lo que queremos hacer es aumentar el número de personal en la rama judicial, de manera permanente, para que pueda atender el crecimiento de los procesos que están a cargo de ellos”, sostuvo.

De acuerdo con el Ministro de Justicia, otro punto en el que el Gobierno le dijo a Asonal Judicial desde el comienzo que eran bienvenidas sus peticiones, tiene que ver con la solicitud de intervenir en proyectos de reforma a la justicia.

“A pesar de que en agosto le dije a Asonal Judicial que eran bienvenidas todas sus iniciativas, propuestas y comentarios sobre reforma a la administración de justicia, hasta el día de hoy no he recibido ni una sola solicitud o comentario de Asonal en ese sentido”, aclaró el alto funcionario.

Sin embargo, algunos  aspectos que plantea el sindicato de Asonal que promueve el paro no son viables, de acuerdo con el titular de la cartera de Justicia, el tema de la nivelación salarial, la conversión en salario de una bonificación y el desmonte de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación no pueden discutirse. 

Acerca del tema de la nivelación salarial, el Ministro Reyes recordó que en el paro de 2012 se firmó un acuerdo entre el sindicato de Asonal y el Gobierno Nacional para pagar unas bonificaciones a la rama judicial entre el 2012 y el 2018. Aseguró que esas bonificaciones valen 1,4 billones de pesos y se están pagando cumplidamente por parte del Gobierno Nacional.

El Ministro ilustró su planteamiento con un ejemplo: “Un juez penal municipal, que es el juez de categoría inferior en la rama judicial, recibió como bonificación en el 2013 la suma de 579 mil pesos. Esa bonificación se va aumentando anualmente. Este año fue de un millón 137 mil pesos y en el año 2013 esa bonificación para el juez penal municipal será de tres millones 369 mil pesos, que equivaldría al 50 por ciento del salario que hoy está devengando ese juez penal municipal”.

“Es muy importante también señalar que dentro del esquema de los rangos en el Estado, la rama judicial es de las que mejor remuneración tiene”, consideró el titular de la cartera de Justicia.

Por lo anterior, el Ministro Yesid Reyes calificó como inviable la pretensión de convertir en salario la citada bonificación. “Esa conversión le costaría al Estado 6 billones de pesos, que equivalen a la mitad de la reforma tributaria que se está planteando en este momento. De tal manera que resulta inviable”, dijo. 

Ratificó que también resulta inviable la solicitud de desmontar la restructuración de la Fiscalía General de la Nación, que se consiguió a través de una ley tramitada en el Congreso de la República y que, en todo caso, es un tema que compete al Fiscal General de la Nación.

De otro lado, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, consideró que el paro judicial “no tiene ninguna justificación”, porque –adujo- “si hay un sector de la administración pública que ha tenido un tratamiento preferencial y que ha visto mejorar considerablemente su remuneración en los últimos tres años, es la rama judicial”.

Según explicó el Ministro de Hacienda sobre este tema, en promedio la remuneración de los trabajadores y funcionarios de la rama judicial ha aumentado un 19 por ciento por encima de la inflación desde el año 2011.