En el  décimo ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc en La Habana se trató uno de los temas más interesantes entre los muchos que abarcan los cinco puntos pactados y los que se manejan con mayor discreción. Temas que dan para todo según como los enfoquen las partes. Se trata del punto clave de la participación política. Es evidente que el proceso de negociación lleva implícito el compromiso  de las partes de encontrar una salida para que los subversivos puedan hacer política. Puesto que han llegado después de cincuenta años o más en el monte, sin poder alcanzar el poder, pese a la decisión,  en vida de  Tirofijo y el mono Jojoy, después de romper las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, de combatir en las ciudades por la toma del poder.  El Plan Colombia y el rearme de las Fuerzas Armadas, particularmente de la aviación,  acabaron con las aspiraciones bélicas de las Farc y las obligaron a retirarse a las selvas y zonas de la periferia. El curso de la guerra había cambiado. Los halcones de las Farc se lanzaron a una ofensiva suicida, en la que la superioridad de la Fuerza Aérea Colombiana y las nuevas y potentes armas del Ejército, les han venido dando sucesivos golpes, que hacen impensable un retorno a los tiempos en los cuales se tomaban uno a uno los municipios alejados del país, para caer al final sobre las ciudades.

En el gobierno de Álvaro Uribe se sigue la guerra que Andrés Pastrana les declaró a las Farc, lo mismo que en el del presidente Juan Manuel Santos. La pregunta que se hacen algunos, todavía, es sobre la razón del Gobierno para entrar a negociar cuando las Farc parecían más débiles que nunca, con gran parte de los jefes del Secretariado abatidos y el resto refugiado en países vecinos. Cuando, dicen los entendidos, sería el mejor momento de intensificar la ofensiva militar contra los reductos subversivos. Lo cierto es que con la misma premisa se puede argumentar que para evitar más muertes en combate y terminar con el terrorismo  es preferible negociar, como sostenía en su momento Alfonso López Michelsen. La verdad es otra, las Farc con Alfonso Cano, se reorganizaron, rompieron con la organización subversiva clásica, que imitaba un ejército regular y evolucionaron a comandos por regiones con capacidad  de reagruparse y actuar por cuenta propia en varias zonas del país, mediante  la conocida guerra de guerrillas, algunos infiltrados entre la población civil. Es por eso que las tropas y la aviación han abatido varias veces al Secretariado y la subversión sigue. Lo que no les da para ganar la guerra, sino para prolongar el conflicto.

Fuera de eso las conversaciones en La Habana avanzan sin que las Farc se concentren en alguna región del país, como en la época del Caguán, como lo hicieron otros grupos subversivos previa la decisión de negociar y desmovilizarse. Incluso, bajo  la presión de las Farc de no entregar por ahora las armas. Si se rompen las negociaciones en Cuba, la guerra sigue. Sin que se produzca un cerco militar que amenace a los principales jefes subversivos. Por lo anterior, plantean  diez propuestas mínimas, entre las cuales se cuenta la posibilidad de hacer política: Lo  que,  según algunos de sus voceros, necesariamente, implica  una amnistía  y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para lo que manejan diversas fórmulas. En tanto,  los defensores a ultranza de la Carta de 1991 sostienen que es imposible. ¿Realmente existen imposibles en política y en cuanto a las fórmulas legalistas y los antecedentes al respecto en el país?

En este nuevo cariz del proceso negociador el asunto de ir a la Constituyente divide a la opinión pública, pese a que el presidente Juan Manuel Santos y su vocero en La Habana, han sido enfáticos en señalar que no  habrá Constituyente. Los juristas se confrontan  al respecto. Unos dicen que es imposible una Constituyente, dentro de lo dispuesto por la Constitución de 1991, por su naturaleza misma de ser soberana, como de consultar libre y democráticamente al constituyente primario. Por lo que con razón sería incongruente pensar que estaría al servicio de las Farc. Siendo que ese mismo argumento serviría para justificar la convocatoria, puesto que el libre juego de la democracia decidiría su composición y sus resultados. A menos que las Farc insistan en que previamente el Estado se comprometa a garantizarles  un determinado porcentaje de delegados. Lo que sería el suicidio del  sistema, puesto que por esa vía podrían trastocarlo a su acomodo.