El secuestro de bienes a que haya lugar a funcionarios vinculados a los denominados carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales, anuncio el contralor Edgardo Maya.

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un Gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de $1.500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó el Contralor.

Sobre el caso del cartel de los enfermos mentales en Sucre, anunció que toda vez que allí se crearon IPS’s de papel para desfalcar los recursos del Sistema, ha solicitado expresamente al Fiscal General de la Nación, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades IPS’s involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.

“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el Fiscal General de la Nación y con el Procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya.

El próximo mes, la Contraloría dará a conocer los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013, donde se llevaron a cabo pagos a favor de tres IPS’s que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de $3 mil millones de pesos

Más irregularidades

También dijo que la Contraloría actualmente adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyos resultados se estarán dando a conocer próximamente al país.

En el departamento del Magdalena, por ejemplo, el organismo de control fiscal ha evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado, sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejaran de entregar más de 2 millones 300 mil raciones de alimentos.

“Igualmente estamos adelantando una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al Programa de Alimentación Escolar, cuyas 2 últimas contrataciones superaron los $32 mil millones de pesos”, agregó el Contralor y precisó al respecto lo siguiente:

•Para el año 2016, el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del Chocó, que atendió el 88%, y la ciudad de Montería, que tuvo una cobertura de casi el 80%.

•El Distrito de Cartagena no ejecutó el Programa desde el primer día del calendario escolar, lo que afectó a la población estudiantil. Pese a lo anterior, en el mes de Abril de 2016, el Alcalde, que hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la Contralora Distrital de Cartagena.

También alertó que el Sistema General de Participaciones, SGP, no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en los regiones de Colombia y, peor aún, ha terminado siendo víctimas de los corruptos, que han acudido a maniobras criminales como inventarse pacientes inexistentes para apoderarse de recursos que debían favorecer a la población más pobre.

De acuerdo a un estudio de la Contraloría revelado en un evento que se realizó en la Universidad de los Andes, las brechas entre algunas regiones del país son significativas y la trampa de la pobreza y el atraso atenaza a muchos municipios.

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