A pocos días de iniciar un proceso de cese el fuego con el Gobierno, el Eln volvió a volar el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Son 31 años de violencia contra la infraestructura petrolera del país. Este miércoles se produjo el más reciente ataque, uno más que el número registrado por la infografía.
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Cuando el próximo 1 de octubre entre en vigor el cese el fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, esta guerrilla cargará sobre sus espaldas el récord tenebroso de haber perpetrado más de 1.301 atentados contra la infraestructura petrolera de Colombia durante 30 años, hechos que han dejado pérdidas incalculables no solo en materia económica sino ambiental.
Durante el presente año, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, ha volado en 46 ocasiones el oleoducto Caño Limón-Coveñas. El más reciente de los casos ocurrió el martes en la tarde en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
El más reciente ataque se produjo en la zona rural del municipio de Teorama, provocó la rotura del ducto y derrame de crudo en las quebradas La Cristalina, La Tiradera y en el río Catatumbo. Ecopetrol informó que activó un plan de contingencia para lidiar con la emergencia y se fortaleció el punto de control en La Gabarra para mitigar los daños ambientales.
“Inmediatamente se tuvo conocimiento del evento, se informó a los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres de Teorama (Norte de Santander) Corponor y a las demás autoridades competentes”, indicó Ecopetrol en un comunicado.
En agosto, Ecopetrol reportó el ataque número 47 en contra de la estructura este año. De hecho, hace apenas cuatro meses, otro atentado dejó sin agua a más de 3.500 personas asentadas en el municipio del Carmen del que hace parte Guamalito, en Norte de Santander, y provocó graves daños ambientales en la zona.
Curiosamente estos hechos se presentan a tres días de iniciarse un acuerdo de cese el fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, acordado en la negociación que se adelanta en Quito.
Una historia de 30 años
Para la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, desde 1986, cuando empezó a operar el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, se iniciaron las acciones ilegales de la guerrilla contra los sistemas de transporte de crudo, que han provocado a la fecha el derrame de más de 4 millones de barriles (168 millones de galones de crudo).
Esta cifra, señala el estudio del gremio, es 15 veces superior al accidente de mayor impacto ecológico ocurrido en 1989 cuando un barco petrolero encalló y derramó 261 mil barriles (11 millones de galones de crudo) sobre el Océano Pacífico, afectando más de 2.000 kilómetros de la costa de Long Beach, California, y con daños considerables a la flora, la fauna y a habitantes ribereños.
De acuerdo con cifras de Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas es la estructura más afectada por las acciones terroristas de la subversión, al sumar más de 1.300 atentados. El segundo lugar lo ocupa el oleoducto de San Miguel-Orito en el Putumayo con más de 600 ataques.
Para la petrolera estatal el sistema de conducción de hidrocarburos en el departamento del Putumayo registra el mayor número histórico de atentados, con una cifra de 1.001 de hechos violentos desde 1986, le sigue Arauca con 655 y Nariño con 469, Cesar con 79, Boyacá con 63, Bolívar con 7, Sucre con 7 y Magdalena con 3.
Según Ecopetrol el 2001 resultó el año con más ataques a la infraestructura petrolera, al contabilizar 253. El año con el menor número de atentados fue 1987, cuando se registraron 11.
Las consecuencias de estos actos violentos por parte de la guerrilla es el derrame de 4.119.667 barriles de hidrocarburos, que han exigido una inversión en reparaciones que alcanza los 503.859 millones de pesos (cerca de 170 millones de dólares), monto que para Ecopetrol hubiera servido para construir 50 megacolegios y 5.800 viviendas de interés social.
Contra Arauca
Según la Fundación Ideas para la Paz, los grupos armados ilegales interactúan con el sector de hidrocarburos a través de secuestros, atentados contra empleados y contratistas, y la extorsión. Sin embargo, los ataques contra la infraestructura petrolera son los que cobran mayor importancia para los actores ilegales, principalmente el Eln.
En la relación de los grupos armados con los recursos no solo hay una intención económica. Se han identificado tres dimensiones o motivaciones detrás de este tipo de acciones en el país. Económica: los ataques contra la infraestructura tienen un innegable interés en la obtención de recursos. Ejemplo de esto es la extorsión, por medio de la cual los actores ilegales tienen un marcado interés en presionar a las compañías, contratistas y terceros asociados. Los atentados en contra de la infraestructura son entonces, “la estrategia que complementa, o mejor, `castiga el no pago de las cuotas extorsivas”. Frente a este aspecto, de las entrevistas realizadas se puede deducir que la necesidad de aumentar las finanzas de los actores ilegales puede explicar un incremento en los ataques.
Sociopolítica: las estructuras guerrilleras, principalmente el Eln, han construido un fuerte discurso en contra de la explotación de hidrocarburos por parte de empresas multinacionales. Por eso, los ataques a la infraestructura tienen el objetivo de reivindicar sus consignas políticas donde “es consecuente con un supuesto contenido `ideológico´ de la guerrilla, en tanto se trataría de acciones de lucha contra la llegada de empresas transnacionales y la vulneración de la soberanía nacional, representados en la operación de los grandes proyectos petroleros”.
Con esto también buscan fortalecer sus bases sociales en la medida en que sus acciones respaldan la resistencia de las comunidades a la explotación de estos recursos.
Militar: esta motivación explica diversos intereses de los grupos guerrilleros para atentar contra la infraestructura petrolera. En primer lugar, las guerrillas ven en estos atentados una forma de mostrar fortalecimiento militar y con capacidad de afectación, así este tipo de acciones requieran un bajo esfuerzo en el plano militar y logístico. “Buena parte de las acciones del Eln en el 2013 se dirigen al sabotaje del sector extractivo, con lo que pretenden mostrar que tienen capacidad de afectar este renglón de la economía al tiempo que echan su discurso de soberanía y defensa del territorio nacional”, se lee en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación.
Seguir adelante
El presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, enfatizó en la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo para que el sector de hidrocarburos siga siendo un instrumento de desarrollo para el país y de beneficio para todos los colombianos.
“Estamos aquí porque nos resistimos a pensar que terminaremos siendo importadores de petróleo y gas en cinco años, teniendo de ambos bajo tierra; que se desaprovechará la capacidad del sector de aportar recursos de inversión al país: $64 billones para los próximos cuatro años; que pondremos en riesgo la seguridad energética de Colombia; o a vivir de reforma tributaria en reforma tributaria hasta espantar la inversión nacional y extranjera –ya inquieta– y extenuar la capacidad fiscal de los ciudadanos”, expresó Lloreda Mera.
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