A pesar de que se modificó sistema de escogencia en asambleas y concejos de estos servidores públicos en aras de más transparencia, se han presentado algunos hechos que han llevado a varios concejales e incluso un alcalde a estar privados de la libertad.
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La captura la semana anterior del Alcalde de Cartagena así como de la Contralora y de un concejal de este distrito por presuntamente incurrir en el delito de cohecho y tráfico de influencias, dio un nuevo campanazo de alerta sobre la última elección de contralores en el país tras las elecciones regionales de 2015, pues además de las críticas que se han hecho por cambios en la norma que regula este proceso, varios funcionarios han terminado investigados por la justicia.
Esta situación resulta paradójica teniendo en cuenta que los cambios que se hicieron en el proceso de elección de los actuales contralores en las asambleas y concejos, en este último caso en algunos municipios, están orientados, precisamente, a garantizar la transparencia en el sentido de que la escogencia se haga con base en los méritos de los aspirantes y no en la politiquería.
El Acto Legislativo 02 de julio de 2015 (Reforma de Equilibrio de Poderes) introdujo que “los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del gobernador o alcalde, según el caso”.
Los contralores eran elegidos mediante ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo. Así se dio la escogencia en 2012 de los anteriores funcionarios, que tienen la delicada labor de cuidar que no se malgasten y malversen los recursos públicos.
Hace unos meses el director Ejecutivo de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), Luis Hernando Quevedo Jara, le dijo a EL NUEVO SIGLO que un sabor amargo quedó con la última elección de contralores porque la Reforma de Equilibrio de Poderes introdujo cambios de última hora en la forma de adelantar este proceso, por lo que se tuvo que hacer contrarreloj.
“El Congreso aprobó el Acto Legislativo mediante el cual modificaba la forma de elección de contralores y obligaba a las corporaciones a realizar una convocatoria pública con visos de concurso de méritos, con la única diferencia que la lista no era de elegibles, no era una lista general, pero no había dinero, no había recursos, no había claridad cuál era esa manera de realizarlo, con quién había que hacerlo. El Gobierno hizo consultas tardísimo al Consejo de Estado”, dijo Quevedo Jara en esa oportunidad.
El directivo dijo que de esta forma las asambleas y los concejos del país se vieron obligados a adelantar estas convocatorias públicas para que se presentaran los aspirantes a contralor, a pesar de que no tenían claridad si debían hacerlas con universidades privadas o con entidades que tuviera experiencia en el tema.
Ello, dijo Quevedo Jara, “puso a todo el mundo entre la espada y la pared, no hubo como en los personeros que sí hizo los concursos de méritos, aquí no hubo quién los hiciera. Entonces les tocó a muchas asambleas improvisar y hoy los tiene a algunos en investigaciones disciplinarias, algunos contralores están suspendidos, hay investigación a las mesas directivas, o sea que ha sido amarga la experiencia”.
Operación heroica
La semana anterior fueron capturados el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque; el concejal Jorge Alfonso Useche; el ciudadano José Julián Vásquez Buelvas; y la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, por las irregularidades que según la Fiscalía se presentaron en la elección de esta última en el Concejo Distrital
Al alcalde Duque lo imputaron por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo.
Al ciudadano Vásquez lo imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo, tráfico de influencias de particular y usurpación de funciones públicas.
A la contralora Fontalvo le imputaron los delitos de concierto para delinquir y cohecho impropio en concurso homogéneo sucesivo.
Puso a todo el mundo entre espada y la pared: Quevedo
En tanto que al concejal Useche le imputaron los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
La Fiscalía indicó que “los capturados durante la operación La Heroica- Fase I tendrían al parecer una red de corrupción con la que se favorecían mutuamente con el propósito de cooptar la administración en beneficio particular”.
Esta operación inició con la investigación de supuestos actos de corrupción en las elecciones al Concejo Distrital del año 2015 del entonces candidato Jorge Alfonso Useche Correa, a quien se le imputó, por estos hechos, el delito de cohecho por dar u ofrecer. Esta persona fue dejada en libertad por disposición de un juez que consideró suficiente la prohibición de salir del país como medida no privativa de la libertad.
A partir de esta investigación la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento nuevos hechos vinculados a la administración de la ciudad, por evidencias acumuladas a través de medios técnicos. Fue así como, a partir de más de 400 horas de interceptaciones telefónicas, el ente acusador detectó una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que se desplegó a nivel distrital.
En la primera fase los hechos objeto de investigación tienen origen en el proceso electoral de la actual Contralora Distrital, Nubia Fontalvo Hernández, cuya “elección fue precedida de diversas negociaciones y una reunión final el 7 de enero de 2016, a la que asistieron, entre otros, los capturados”, explica la Fiscalía.
Allí se habrían sellado los acuerdos que permitieron que, a cambio de su elección, Fontalvo Hernández se comprometiera a entregar cargos y contratos a algunos de sus electores. “En dicha reunión liderada por el señor José Julián Vásquez Buelvas, llevada a cabo en las instalaciones de la alcaldía distrital, con la presencia y aquiescencia del señor Manuel Vicente Duque Vásquez, además de acordar aparentemente la forma en que se repartirían la burocracia de la Contraloría, se habrían ofrecido dineros y contratos del Gobierno Distrital, para lograr cooptar desde allí la Contraloría Distrital”, indicó el ente acusador.
Más casos
A mediados de julio pasado la Fiscalía imputó cargos a los concejales del municipio de Floridablanca, Santander, por la presunta elección irregular de Contralor y Personero de ese municipio en el año 2016.
Los concejales son investigados porque presuntamente no acataron el fallo del 7 de abril pasado del Tribunal Administrativo de Santander, que ordenaba convocar a la terna de aspirantes y elegir entre ellos al nuevo Contralor de Floridablanca.
Del mismo modo, los cabildantes fueron impugnados por presuntas irregularidades en la calificación de la entrevista de los aspirantes a personero, pues otorgaron a Robiel Barbosa 10 puntos sobre 10; mientras que le dieron solo 1 punto a José Escamilla, quien superó a Barbosa en las pruebas de conocimiento y aptitud, tal como lo confirmó en segunda instancia una decisión del Consejo de Estado.
Villavicencio
En septiembre pasado la Fiscalía le imputó cargos al entonces presidente del Concejo de Villavicencio, Carlos Alberto Carreño Pedraza, por presuntas irregularidades en la elección del Contralor Municipal.
Este servidor público fue imputado como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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