El organismo de control emitió un informe sobre las amenazas y las incertidumbres que rodean la intervención de la empresa.

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Una serie de amenazas e incertidumbres que rodean la intervención de la empresa Electricaribe, en temas como su situación patrimonial, su operación comercial y eléctrica y la misma prestación del servicio, fue identificada en un análisis hecho por la Contraloría General de la República (CGR).

En el pronunciamiento divulgado este jueves, en que se aclara que se hace en ejercicio de las funciones autónomas e independientes que le asisten como órgano superior de fiscalización, la Contraloría evidenció un incremento en los indicadores de indisponibilidad del servicio en el mercado de la Costa Caribe.

Es así como durante el período que abarca la intervención, registró un aumento de 90.84, a 99,37 en el indicador Saidi (System Average Interruption Duration Index, o Tiempo Total Promedio de Interrupción por usuario en un periodo determinado).

Así mismo el indicador Saifi (System Average Interruption Frecuency Index, o Frecuencia Media de Interrupción por usuario en un período determinado) presentó una variación, en el mismo periodo, de 93.23 a 100.33.

En cuanto al indicador de pérdidas de energía, este presenta a septiembre de 2017 una perdida promedio mensual de 22,58 por ciento.

Cálculos del organismo de control indican que el déficit en caja de la empresa intervenida al cierre de diciembre de 2017 estaría cerca a los 35.000 millones de pesos.

Y la situación se agravaría para el mes de febrero de 2018, cuando este déficit podría llegar hasta 138.000 millones de pesos, lo que compromete seriamente que pueda garantizar la prestación del servicio.

Los recursos disponibles en la tesorería comprometen los pagos para los proveedores, alcanzando para un rango de pago de sólo entre el 30 por ciento y el 65 por ciento.

Al momento de ser intervenida, Electricaribe quedó debiendo 3.098 millones de pesos, siendo su mayor acreencia con los proveedores financieros (bancos), que suma 1,8 billones de pesos; le siguen el pasivo pensional, que contablemente está calculado en 698.000 millones de pesos; luego la deuda con proveedores de bienes y servicios (350.000 millones de pesos); y finalmente la acreencia con los generadores de energía (250.000 millones de pesos).

Sobre este último punto, vale decir que donde se le deje de pagar a los generadores, el mercado eléctrico tendría un colapso, si se tiene en cuenta que Electricaribe representa el 22 por ciento de las transacciones de energía.

Dentro del marco del control fiscal posterior, la CGR realizó una auditoría en tiempo real durante el proceso de intervención de la empresa, que menciona contingencias patrimoniales, como los costos laborales totales que puede tener la liquidación, en el evento que se llegue a esta situación, el costo de su pasivo pensional y distintas contingencias en su operación comercial y eléctrica.

Para la Contraloría, Electricaribe llegó al límite de garantías en el sector eléctrico y, por otra parte, recibirá en noviembre menos ingresos por subsidios.

A propósito de subsidios y el Fondo de Energía Social (FOES), la Contraloría ha seguido revisando millones de facturas de Electricaribe y ha identificado irregularidades, desde el segundo semestre de 2011, que afectan a cerca de 600.000 usuarios de escasos recursos.

La Contraloría adelanta un monitoreo fiscal exhaustivo sobre los resultados de esta intervención y anunció que “se auditarán en línea los análisis que se efectúen para la construcción de un escenario eventual de regreso del dueño controlante, Gas Natural Fenosa, dados los incumplimientos de sus compromisos empresariales y de inversión que llevaron a la situación actual, evidenciando un mal comportamiento como ciudadano corporativo en Colombia y la Región Caribe”.

Dada esta situación, la Contraloría hará un seguimiento detallado sobre las causales de intervención y verificará que las soluciones para el mejoramiento del servicio estén asociadas a grandes compromisos económicos de parte del nuevo socio, los cuales deberán ser parte de fondos económicos reales que soporten las inversiones necesarias para normalizar el sistema eléctrico de la Región Caribe.

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