- Urgente recomposición institucional
- Concretar coalición de centro-derecha
No es del todo claro, pese a la opinión de la mayoría de analistas, que los partidos políticos vayan a desaparecer del espectro colombiano. Y esto porque es obvio que una vez recogidas las firmas por los diferentes candidatos presidenciales, en procura de avalar sus aspiraciones, procederán a las coaliciones donde contará, en cierta medida, el poder electoral parlamentario.
En realidad, el país ha pasado algunas etapas históricas en las que los partidos se han visto marginados. Una de ellas, tal vez la más reciente, la Asamblea Constituyente de 1991, que modificó nada menos y nada más que las instituciones colombianas de modo absoluto e integral. En aquella, como se sabe, la voz cantante la llevaron la Alianza Democrática, encabezada por el M-19, y el Movimiento de Salvación Nacional, bajo el liderazgo carismático y el influjo intelectual de Álvaro Gómez Hurtado. Eso permitió una presidencia conjunta en la que al partido Liberal, por entonces un monstruo electoral sin precedentes, le tocó hacer parte del triunvirato que dirigió la Asamblea casi como convidado de piedra.
El mismo expresidente Alfonso López Michelsen calificó esa debacle liberal como “la operación avispa”, por cuanto esa directiva partidista no logró sacar una lista única y el piélago proselitista en el que se dividió le quitó toda influencia y poder al interior de la Asamblea. Solo al final, atravesándose a que en el anticipo de las elecciones inmediatas de Congreso se pudieran presentar los constituyentes, el liberalismo salvó la pérdida de todo predominio, inhabilitando a última hora a los delegatarios, puesto que dos listas parlamentarias, una encabezada por Gómez Hurtado y la otra por Navarro Wolff, hubieran repetido o acrecentado las mayorías de la Constituyente. Y con ello se habrían llevado a cabo, naturalmente, las múltiples reformas que quedaron pendientes de aterrizaje y desarrollo en las leyes que nunca se tramitaron en el Congreso, cercenando la esperanza.
En la actualidad, como se sabe, se requiere de una profunda recomposición constitucional, fruto de la erosión sufrida por las instituciones en las tres ramas del poder público, durante los últimos años. El histórico escándalo de Odebrecht y la desconfianza ciudadana en el proceso de paz con la Farc, han minado la credibilidad del Ejecutivo; las dramáticas corruptelas de la “ventanilla siniestra” en la Corte Suprema de Justicia, con la compraventa de fallos y sentencias, han llevado a una fetidez inigualable; y la eterna impopularidad del Legislativo permanece como un fardo en los propósitos de sacar a la política del hoyo de los cupos indicativos, el soborno y el cohecho como formulaciones “legítimas”. Semejante escenario, donde por primera vez se vislumbra en toda su dimensión una enfermedad sistémica que compromete el grueso de la institucionalidad, requiere de una acción conjunta y efectiva para recanalizar al país. Y ello comienza, justamente, por una coalición que inicialmente se dibuje en unas mayorías parlamentarias sólidas y efectivamente unificadas en su exposición ideológica y programática.
Desde hace ya años hemos venido insistiendo, en estas páginas, que el espectro colombiano se divide, ciertamente, en la centro-derecha y la centro-izquierda, con sus respectivas tendencias y matices. Solo falta reconocerlo, más allá del partidismo, aunque en la actualidad eso ya parece un dictamen aceptado. De hecho, los resultados del plebiscito, donde el acuerdo de La Habana perdió el aval popular, fue el primer anuncio serio al respecto. Incluso, hoy es muy probable que un número importante de personas que votaron con un Sí “condicionado” al plebiscito hagan parte del escepticismo generalizado. No de otra manera se entienden las bajas cifras en las encuestas que rondan todo lo que tiene que ver con ese proceso de paz.
Es muy factible, asimismo, que la coalición de centro-derecha, naturalmente compuesta en el Parlamento por el Centro Democrático y Cambio Radical, así como de sectores conservadores lo mismo que de congresistas de La U desfalleciente, logre unas mayorías holgadas para el próximo cuatrienio. Los dos primeros partidos, que muy posiblemente mejorarán sus números actuales en la composición parlamentaria y gobernarán el próximo Congreso, tienen pues una ineludible responsabilidad ideológica y programática frente a la menor dimensión parlamentaria de las demás fuerzas. Ya De la Calle los unió, en sus últimas declaraciones. El país no necesita una nueva Constituyente, al estilo de 1991, pero sí una legislación decantada y con mayorías aseguradas que purifique y reviva las postradas instituciones.
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