La alianza de Cambio y uribistas no alcanza para hundir la JEP, reforma política ni las 16 curules de paz. El lío es La U y liberales, así como asegurar a los conservadores. Un problema político más que ideológico
__________
A 25 días calendario de que venza la vigencia del ‘fast track’ o vía rápida legislativa, mediante la cual se tramitan los proyectos de ley y reforma constitucional derivados del acuerdo de paz, es claro que las principales iniciativas se encuentran con el tiempo en contra.
Así las cosas, el margen de maniobra es cada día más estrecho tanto para el Gobierno como para el Senado y la Cámara. El 30 de noviembre es la fecha límite y aunque el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y otras voces del Ejecutivo alcanzaron a plantear que la vía rápida legislativa podría extenderse más días, incluso hasta la mitad de diciembre, ello por cuenta de descontar de los seis meses de prórroga de la figura el tiempo de receso legislativo de mitad de año, al final esa tesis no encontró soporte jurídico alguno.
¿Qué hacer, entonces, para salvar los proyectos, al menos los más importantes? Hay tres tipos de problemas que deben enfrentarse. El primero, obviamente, es la premura del tiempo.
Sin embargo, ya el viernes pasado tanto el ministro Rivera como los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y la Cámara, Rodrigo Lara, acordaron que en lo que resta de este mes se va a trabajar de lunes a viernes en las comisiones y las plenarias. También se priorizará la agenda alrededor de la implementación normativa del acuerdo de paz, lo que significa que, al menos por lo que queda de noviembre, el resto de iniciativas que no tienen que ver con lo pactado con las Farc quedará en un segundo plano.
Ese es un avance muy importante, sobre todo frente a las dilaciones de los últimos dos meses, en donde los debates que no se culminaron los días miércoles en las plenarias y las comisiones, se citaron de nuevo para el martes siguiente (como ocurrió esta semana). Ello fue lo que llevó al ‘fast track’ a esta etapa agónica.
El otro lío
Pero el segundo problema no es tan fácil de solucionar, ya que se refiere, precisamente, al margen de acción política para generar las suficientes mayorías parlamentarias y sacar avante los proyectos.
Es sabido que el Gobierno no tiene ya las mayorías para imponer los articulados y mucho menos su aprobación. La sumatoria de las bancadas de La U y los liberales no domina ninguna de las dos plenarias. Y ello se debe no sólo a que Cambio Radical salió de la coalición, sino a que los peros de la bancada conservadora cada día son mayores. Incluso, si bien el Polo y la Alianza Verde han tratado de hacer causa común con las toldas gobiernistas, no han podido volver a cohesionar esa “unidad por la paz” que, en el primer semestre, sacó avante todos los proyectos de ‘fast track’.
“Hay presiones burocráticas evidentes tanto de La U como los liberales”
Es más, así todas las críticas gobiernistas se dirijan contra el Centro Democrático, al que se acusa de dilatar los debates presentando ponencias negativas, un alud proposiciones sustitutivas, pedir la palabra cíclicamente y, a la hora de la verdad, salirse de las votaciones, lo cierto es que el uribismo no tiene hoy mayor ni menor fuerza que antes. En otras palabras, continúa haciendo mucho ruido, pero no se le puede achacar ni reconocer como un triunfo de su estrategia que los proyectos de ‘fast track’ estén hoy en el limbo.
Lo único diferente es que los partidos que exigen ajustes a los proyectos derivados del acuerdo de paz tienen hoy mayor capacidad de bloqueo parlamentario, pues al uribismo en determinados momentos se suman Cambio Radical e incluso con algunos conservadores.
El problema real
Ahora bien, es necesario entender que el problema real y más grave no es si los senadores y los representantes trabajan cinco, cuatro, tres o dos días a la semana. Tampoco se basa en las sumas y restas de los votos de los partidarios y contradictores de los proyectos para la aprobación de una iniciativa tal y como la presentó el Gobierno, el visto bueno a las reformas propuestas por los congresistas o el hundimiento de una parte de los articulados.
El problema real, el de fondo, el definitivo, es político. Sería ingenuo desconocer que no pocos senadores y representantes de La U y los liberales han sido los responsables de algunas de las escasas votaciones y la ausencia de quorum decisorio para discutir o aprobar varios proyectos, debido a que conscientemente se salen de los recintos. Hay claras presiones de esos dos partidos a la Casa de Nariño en materia burocrática y presupuestal, sobre todo en pos de las cuotas ministeriales y los altos cargos que tenía Cambio Radical. Negarlo sería ingenuo.
Como también es claro que los conservadores, que han acompañado todo el proceso de paz y votado muchas iniciativas, de un momento a otro empezaron a ponerle peros al proyecto reglamentario de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Peros que no son nuevos y habían sido expuestos por algunos de sus senadores y representantes tiempo atrás pero que ahora, al ponerlos sobre la mesa como bancada, sí generan un bloqueo legislativo.
¿Qué pasa? En el mismo Congreso se dice que los azules buscan un mayor nivel de interlocución política y burocrática con el Gobierno, con todo lo que ello implica a escasos cuatro meses de los comicios parlamentarios. Se escucha en los corrillos congresionales, que los conservadores, ido Cambio de la coalición, son ahora más que nunca el ‘fiel de la balanza’ en la aprobación o hundimiento de la agenda de proyectos del ‘fast track’.
El presidente Santos es consciente de todo lo anterior y de allí que convocara reuniones como las del miércoles pasado con varias bancadas para tratar de solucionar este trancón político legislativo. Allí, aunque públicamente no se admita, se habló no sólo de los peros de los partidos a temas como la reglamentaria de la JEP, la reforma política, la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz en la Cámara y otras iniciativas no menos controversiales como la no penalización de los pequeños cultivadores de hoja de coca o el marco legal de sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales… En esas reuniones también se habló de manejo político, de estrategia electoral para los comicios parlamentarios y presidenciales e, igual, de cuotas burocráticas y movidas presupuestales.
Visto lo anterior, aunque ante la prensa y en los recintos de las plenarias y las comisiones se hable de reformar artículos, recortar gabelas a las Farc y no cruzar otras líneas rojas, lo cierto es que la agenda del ‘fast track’ tiene un bloqueo político, más que ideológico o programático.
Como se dijo, ni una alianza entre uribistas y Cambio, e incluso algunos conservadores tiene la fuerza para forzar el hundimiento de uno de estos proyectos. El problema está en la otra orilla, en la gubernamental. Es allí en donde las mayorías no se aseguran, así de simple. Y menos aún si las propias toldas gobiernistas perciben un Presidente débil y dispuesto a ceder.
“… Aquí no está en riesgo el acuerdo de paz, esos proyectos van a terminar siendo aprobados… Los partidos van a ajustar la reforma política a sus intereses de campaña, ya se blindaron las 16 curules de paz y en cuanto a la JEP es verdad que hay más peros, pero se ha ajustado y hay certeza de que si se le mete mucho la mano la cosa sí se podría complicar… Al Gobierno, que así acostumbró a sus bancadas, no le saldrá gratis aprobar esa agenda…”, aseguraba un veterano senador el miércoles pasado en la noche.
Síganos en nuestras redes sociales: