En una noticia que pasó sin ruido, se derogó el decreto de la reforma a las licenciaturas que buscaba mejorar la calidad en la formación de los profesores. Pierde la educación, ganan los que hacen negocio con ella

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EN FEBRERO de 2016 la viceministra de educación de la época Natalia Ariza presentó el documento que tenía una propuesta para reformar las licenciaturas en el país, todo por un diagnóstico real y preocupante que se estaba presentando. Las carreras para formar profesores cada vez tenían menos interés y surgían diversos programas con una serie de nombres extraños en instituciones de educación privada de dudosa calidad: aquellas donde los profesores reciben pagos por hora muy bajos, pobres en infraestructura y donde la mayoría de los egresados engrosaban la lista de profesores mal formados que replicaban en el aula las debilidades.

La decisión no estaba tomada por intuición. Las pruebas Saber Pro evidenciaban que los más bajos resultados los obtenían profesores recién graduados, una contradicción cuando deben ser los mejores en comprensión lectora, capacidad de análisis, pensamiento crítico y otras habilidades necesarias en el aula. La fundación Compartir había publicado en 2015 un estudio con una radiografía de la situación de la formación docente. Ante el poco interés de las universidades acreditadas por ofertar programas de formación docente en pregrado, la decisión era exigir unos mínimos de calidad que pretendían fortalecer a las universidades públicas, orientarlas al camino de la acreditación institucional e implementar planes para mejorar la formación docente en el país, como un camino para cerrar las brechas.

Como toda reforma salieron críticas de todas partes, porque en el país en el caso del Ministerio de Educación es más fácil no hacer nada, que proponer. Se argumentó que los requisitos para la acreditación eran elevados, que pocas lo alcanzarían en dos años, y sí, la reforma estaba pensada para fortalecer a las universidades públicas, que tienen la experiencia, los equipos, e inclusive las infraestructuras para ofrecer programas de formación de profesores de alta calidad.

Sin embargo, la semana pasada el Observatorio de las universidades colombianas presentó como una buena noticia la decisión de la Ministra de Educación Yaneth Giha de derogar en su totalidad la resolución 2041, del 3 de febrero de 2016 donde se establecían las características de calidad de las licenciaturas, es decir, el Ministerio tira por la borda un trabajo de años fundamentado en estudios y análisis y una alternativa para mejora la calidad de la educación superior, de nuevo ganó el sistema, los que quieren que nada cambien para que todo siga igual.

¿Quienes ganaron?

• Las universidades que no están acreditadas y que pueden seguir formando profesores en condiciones de baja calidad, sin espacios para la práctica, sin programas certificados, en la simple informalidad.
• Las mismas universidades privadas que pueden seguir enviando a sus aspirantes a pedir créditos en el Icetex y llenar sus bolsillos, ya que la reforma era clara: una universidad sin programas acreditados no puede obtener créditos del Icetex.

Es decir, gana el “negocio de la educación”

¿Quienes pierden o qué se pierde?

• El esfuerzo de la acreditación institucional que ya lo habían logrado con un trabajo serio universidades públicas como la Pedagógica, la Distrital, la Tecnológica de Pereira, la del Magdalena, la UIS entre otras.
• Se podrá seguir cometiendo una gran irresponsabilidad con la educación, permitir programas virtuales de licenciaturas. Eso es tan grave como hacer programas de medicina y cirugía online. La práctica en el aula en central para la formación de cualquier profesor.
• La simplificación de la oferta de programas. En palabras de la misma ex viceministra Natalia Ariza, hay un sistema de aseguramiento y otro de acreditación de calidad que deben ir alienados. Todas las licenciaturas deben salir de una estructura. Actualmente hay 295 nombres distintos para licenciaturas, es necesario enviar el mensaje para que se ofrezcan programas que tengan funcionalidad laboral. Así que eso también se va por la borda y podrán ofrecer programas que no tienen aplicación en la vida laboral.
• Y hasta no se sabe cómo va a afectar el plan de desarrollo, pues el proyecto estaba dentro de los planes de los próximos años.

En conclusión, pierde la educación de calidad, las universidades públicas y la estrategia para cerrar las brechas en la formación profesional del país. Ganaron los mercaderes que ven la posibilidad en una casa de hacer su negocio de educación, pero para sorpresa, pasó en el mayor silencio e indiferencia de todos los actores involucrados.

*Geógrafo, magíster en Estudios Políticos. Profesor universitario. Autor y editor de libros y de revistas especializadas en educación. Sígalo en: @hurtadobeltran