Aunque el crecimiento del PIB per cápita de Colombia mostró un desempeño histórico (1965-2014) algo mayor al del promedio regional, creciendo un 2,4% por año (30 años para duplicar el ingreso per cápita), este resultó muy inferior al 5% logrado por los países de Asia en dicho período (15 años para duplicar el PIB per cápita), sostiene ANIF.
Recientemente, el país logró aumentar su tasa de crecimiento del PIB per cápita hacia un 3,6% entre 2009-2014, con lo cual, si el país lograra continuar por dicha senda, el ingreso per cápita real en pesos se duplicaría hacia el año 2034.
Pero Colombia enfrenta riesgos de desaceleración hacia rangos de crecimiento del 3,5%-4% anual durante 2015-2020, dado que los sectores de agroindustria no lucen preparados para compensar la caída minero-energética. Esto nos retrasará cerca de 15 años frente a las metas que hubiéramos podido alcanzar si se hubiera desarrollado la agenda interna y un debido aprovechamiento de los TLC.
De allí la importancia de volver una pronta realidad las alianzas público-privadas en materia de infraestructura y de proyectos que impulsen el agro y la industria del país.
La meta debe ser incrementar nuestra PTF del lánguido 1,2% actual hacia un 3% anual.
Colombia logró un crecimiento del PIB per cápita de un 2,4% promedio anual en el período 1965-2014, teniendo que esperar 30 años antes de ver duplicado su ingreso per cápita.
Aunque su comportamiento ha sido similar al promedio latinoamericano, sus niveles muestran un rezago significativo frente a los países del sureste asiático y China que logran duplicar su ingreso cada 15 años. Resulta preocupante que, durante 2015-2016, el país estará algo desvalido en ganancias en la PTF, pues no se han concretado aún pivotes centrales de nuestra infraestructura y así será difícil que el agro y la industria aceleren su producción para compensar el desplome minero-energético.
Dentro de las tareas pendientes más urgentes para Colombia se encuentran: i) una Reforma Tributaria Estructural que se focalice en el incremento de los recaudos de impuestos indirectos, elevando la tasa general del IVA del 16% al 18%, persiguiendo un incremento neto cercano al 1% del PIB; ii) una disminución de los costos laborales, enfocándose en una mayor sustitución de cobros parafiscales por mayor tributación; iii) la construcción de una infraestructura multimodal de calidad, donde los cambios institucionales y el Plan 4G son apuestas en la dirección correcta; y iv) un mejoramiento sustancial de la calidad de la educación aplicada a procesos productivos y de la justicia.