María Victoria González presentó un balance de los resultados de reunión pública

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué conclusiones dejó la audiencia pública de El Quimbo?

MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ: Fue una audiencia pública con una asistencia de unas 2.000 personas, entre autoridades nacionales, locales, regionales, delegados de los seis municipios del área de influencia del proyecto como Altamira, El Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia.

En la audiencia estuvo presente el señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, quien escuchó de primera mano las preocupaciones y quejas de la comunidad.

También estuvieron presentes delegados de los organismos de control, entre ellos la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas.

Fue un ejercicio de participación sustancioso, con mucha documentación incluyente, tolerante y donde se respetaron las diferencias.

ENS: ¿Qué impresión se llevó de las denuncias sobre incumplimientos?

MVG: Hubo 972 inscritos, lo que demuestra el gran interés que despertó la audiencia pública, y aunque no todos intervinieron, dado que fueron dos días de jornadas extenuantes, se abordaron diversos temas relacionados con denuncias sobre incumplimiento en las compensaciones sociales, atraso en el cronograma de construcción de los distritos de riego, demora en los programas de reforestación, inconformidad por las condiciones de los reasentamientos y situación de los pescadores artesanales.

ENS: ¿Qué sigue ahora?

MVG: La ANLA elaboró un acta y conformó un equipo de trabajo para evaluar las ponencias y cada una de las intervenciones. De Garzón nos trajimos 13 cajas de documentos que fueron radicados por las autoridades locales y regionales y por la comunidad. A principios del año entrante, posiblemente en febrero, tendremos conclusiones y tomaremos las acciones a que haya lugar.

ENS: El Gobernador planteó la suspensión provisional de la licencia hasta tanto se cumpla con las compensaciones. ¿Qué opina?

MVG: Nosotros tenemos que actuar en el marco de la legalidad y sólo hasta que hayamos evaluado todas las ponencias y denuncias, y las confrontemos podremos tomar una decisión.

ENS: ¿Hay una siguiente instancia en caso de que una de las partes apele la decisión?

MVG: La ANLA fundamenta sus decisiones en criterios jurídicos, velando siempre por el desarrollo sostenible. En Garzón huno anuncios de acudir a las cortes y a instancias internacionales. Es un derecho que tienen los ciudadanos. Si nosotros encontramos irregularidades e incumplimientos, actuamos. Ahora bien: hay otras entidades, locales y regionales que tienen compromisos con la comunidad huilense. Lo que el Gobierno ha hecho es evaluar desde el punto de vista interinstitucional en qué se ha avanzado y cuáles son los atrasos para prestar el apoyo que se requiera.

ENS: Se planteó la creación de una mesa de seguimiento y verificación. ¿Está de acuerdo?

MVG: Todo lo que sea constructivo para que todos los actores cumplan con sus obligaciones y se enmarquen en la Constitución y la Ley, la ANLA está dispuesta a respaldar. Nosotros estamos fortaleciendo todos los procesos de participación ciudadana, nos interesa escuchar a la comunidad y tomar decisiones justas, acordes al ordenamiento jurídico. En Garzón, el ministro Murillo fue el primero en proponer un mecanismo de seguimiento para verificar cada uno de los compromisos adquiridos por los diferentes actores involucrados con El Quimbo.

ENS: ¿Garantiza la ANLA que hará respetar los derechos de las comunidades, los municipios y el departamento?

 MVG: La empresa está obligada a cumplir con los compromisos establecidos en la licencia ambiental, que fue concedida el 15 de mayo de 2009, y sus modificaciones. Creemos que hay cosas que no se tuvieron en cuenta y que hay que adicionar. En el cumplimiento de esas obligaciones la ANLA es inflexible.