Los resultados como objetivo

La restructuración gubernamental

La modificación de la estructura del poder en la Presidencia de la República tiene, de acuerdo con lo visto, un solo propósito: producir resultados. Y en tal sentido, parece atacar, básicamente, tres frentes que pueden resumirse en: articulación de las reformas y proyectos de ley, ejecución de las obras vitales para el país, preparación para el posconflicto y comunicación de la gestión.

El nuevo Ministerio de la Presidencia, organizado sobre los pilares de lo que era la Secretaría General (de algún modo también tenía rango ministerial), tendrá que encargarse de mejorar lo que muchas veces presenta anomalías y dificultades en Colombia: la hechura y el trámite de las leyes. De hecho, en ocasiones las normas de iniciativa gubernamental deben retirarse por mala estructuración o en otras oportunidades terminan siendo completamente diferentes a las que inicialmente se presentaron por las modificaciones en el tránsito legislativo. Eso hace que posteriormente, en el control constitucional, muchas sean devueltas, derogadas parcialmente o declaradas inexequibles. De este modo, una ley o acto legislativo que en ese recorrido puede demorarse dos o tres años, termina generando un desgaste tal del Estado, muchas veces imperceptible, que sin embargo horada la acción gubernamental.

Con el Ministerio de la Presidencia, que tiene estas funciones de consolidación legal y articulación política, puede presumirse que podrá avanzarse de mejor manera frente a las fallidas reformas que en los últimos años se dieron al traste en la etapa de conciliación o que no fueron suficientemente socializadas previamente entre las bancadas y hubieron de retirarse.

Otro elemento sustancial de la nueva estructura está, desde luego, en la ejecución presupuestal y la aplicación de las directrices presidenciales para llevarlas a cabo. Siendo el Estado paquidérmico, con una suma importante de trámites y controles internos, una obra puede demorarse el doble o más de lo que se tenía previsto. Ello ha llevado al grave atraso en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como a la lentitud en otros sectores clave en el desarrollo del país, generando cuellos de botella infranqueables. Semejante desgaste, aún peor que el que se observa en la iniciativa, trámite y control de las leyes, hace que el Estado pierda viabilidad como promotor y articulador de la prosperidad económica y social.  Todavía más en un mundo en el que impera la globalización, la competitividad y la productividad, donde cualquier minuto que se pierda es mucho más gravoso de lo que solía ser hace unas décadas.

La idea de un Vicepresidente con amplias funciones gubernamentales y ejecutivas, en vez de la figura un poco simbólica que venía, resulta de una nueva visión de los dictámenes constitucionales, de acuerdo con los cuales el Presidente de la República puede delegar en él las competencias y facultades que a bien tenga, salvo las exclusivas del Primer Mandatario. Sobre la base, por supuesto, de que ambos pertenecen al mismo tiquete electoral y se comprometieron con el mismo programa.

Es evidente que a Colombia, en el punto de inflexión social y económico en que se encuentra, le es útil un Vicepresidente capaz de coordinar y poner en marcha las actividades correspondientes a superar las urgencias ya dichas.

En su momento, hace un año, estuvo bien la creación del Comité Intersectorial entre los diferentes ministros para sacar avante este tipo de obras, pero su operatividad no se presentó fácil siendo ellos iguales entre pares. Y tampoco era viable que consejerías de inferior rango fueran las coordinadoras. Por eso, para sacar las 30 obras vitales estipuladas en los Conpes y consejos de ministros, así como para generar los vasos comunicantes entre los despachos, se requería de un coordinador de mayor jerarquía a la ministerial y en ese sentido poner la función en la Vicepresidencia resulta positivo. Ello, en asocio con la Ministra Consejera de Gobierno y Sector Privado, producirá sinergias plausibles.

De la misma manera, el Ministro Consejero de Seguridad y Posconflicto, abocará las tareas propias de su experticia, avanzando las estrategias inaplazables de convivencia ciudadana y previendo el escenario que puede darse con la dejación de las armas subversivas.

En todo caso, lo anterior enmarcado dentro de una comunicación dinámica, liderada por el ministerio del ramo en la Presidencia, factor insustituible del gobierno moderno.

No será fácil desde luego generar la cultura gubernativa que se pretende y habrá de generarse una pedagogía intensiva al respecto, sin traslapar funciones, desenfocar responsabilidades o crear choques institucionales. Si todos, antiguos y nuevos ministerios, empujan para el mismo lado el rumbo así determinado para el nuevo contrato social propuesto podrá llegar a buen puerto: paz, equidad y educación.