Lo único claro es que no hay nada claro. Así se puede resumir en qué estado se encuentra el proceso de paz  entre el Gobierno y las Farc, tres semanas después de que una cerrada mayoría de colombianos improbaran en las urnas el acuerdo final de La Habana.

Solo hasta el viernes en la tarde llegaron a la mesa de negociación las propuestas compiladas que el Gobierno recibió de los líderes del No para ajustar el acuerdo. Se pensaba que dicho trámite debía cumplirse al comienzo de la semana pero el presidente Santos amplió hasta el jueves la recepción de propuestas, lo que sorprendió ya que hace diez días tenía los pliegos de reforma más importantes, es decir los del Centro Democrático, el expresidente Andrés Pastrana, la excandidata Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez, varias organizaciones que representan a las víctimas de las Farc y otros sectores que apoyaron la negativa a lo pactado en Cuba tras más de cuatro años de tratativas.

¿Por qué el Gobierno amplió el plazo si ya tenía el grueso de las propuestas de los líderes del No desde la semana pasada? Esa pregunta se la hicieron no pocos sectores políticos y las hipótesis al respecto son varias. 

Una primera señala que la intención del Ejecutivo es dividir al bloque del No, y para ello está acudiendo a la táctica de tratar de evidenciar que el uribismo, Pastrana, Ramírez, Ordóñez y compañía son apenas una parte de quienes se opusieron al acuerdo, pero que hubo otros sectores, incluso más grandes, que también votaron negativamente pero ahora estarían dispuestos a modificar su postura inicial, ya sea porque se le aclararon dudas sobre el contenido del pacto o porque se aplicarán algunos cambios al texto de La Habana. 

Quienes defienden esta hipótesis sostienen que es por eso que Santos ha ampliado de forma sustancial el rango de consultas a nivel nacional y regional sobre cómo salvar el acuerdo con las Farc. También explicaría por qué ha enfocado sus discursos de la última semana a recalcar que muchos de los que votaron No lo hicieron influenciados por mentiras o ignorancia sobre los alcances del pacto con la guerrilla, argumento que ha sido replicado por el uribismo al considerar que se está desafiando así el triunfo del No con la clara intención de deslegitimar el resultado de las urnas. 

En síntesis, esta primera hipótesis lo que señala es que el Gobierno busca dividir a los del No para llegar a un consenso con algunos de esos sectores, dejando más temprano que tarde al uribismo, solo, en la orilla de la crítica férrea al proceso. 

¿‘Conejo’ electoral?

La segunda hipótesis es más arriesgada aún, porque sugiere que se estaría buscando una fórmula por parte del Gobierno y de los partidarios del proceso para saltarse o esquivar el resultado del plebiscito. 

Para ello se estarían analizando distintas fórmulas vía Congreso o altas Cortes judiciales. Por ejemplo, tal como lo denunciaron voceros del uribismo, se maniobra para que la Corte Constitucional acelere el estudio y fallo de varias de las demandas que se interpusieron, incluso por parte de la oposición, contra la pregunta del plebiscito y el llamado “acto legislativo de paz”. Este último, como se sabe, fue aprobado a mediados de este año en el Parlamento y establece un mecanismo legislativo excepcional para aprobar leyes y reformas a la Carta que permitan implementar el acuerdo de paz con las Farc. De igual manera otorga  facultades extraordinarias al Presidente de la República para emitir decretos con fuerza de ley que agilicen la aplicación de lo pactado en La Habana. Y, como si fuera poco, la misma norma permite incorporar al bloque de constitucionalidad todo el texto del acuerdo, blindándolo jurídicamente, en tanto que ordena que el pacto sea inscrito en Suiza como “acuerdo especial” a la luz de los Convenios de Ginebra.

Según varios dirigentes uribistas e impulsores del No, el Gobierno estaría buscando la posibilidad de que la Corte analice las demandas contra el plebiscito y el acto legislativo, para que falle positivamente algunas de ellas. Por ejemplo, que se llegara a declarar inexequible la citación a las urnas por haber incluido la palabra “paz” en la pregunta que se sometió a consideración de  la ciudadanía el pasado 2 de octubre. O que, también, se declare inexequible por vicios de forma el artículo 5to. del acto legislativo para la paz que establece de manera taxativa que nada de lo contenido en el mismo puede entrar en vigencia si no hay una previa y positiva refrendación popular del acuerdo final de paz. De pasar esto último, se abriría la posibilidad de que el Congreso aprobara por cuenta propia y sin importar el triunfo del No en el plebiscito, todo el paquete de implementación legislativa del acuerdo de La Habana. 

Aunque el Gobierno no ha confirmado que esté maniobrando en este sentido, el presidente Santos sí ha reiterado en la última semana que para salvar el proceso de paz no solo hará uso del “mandato popular” que significó su reelección en 2014, en una campaña que estuvo centrada en defender la negociación con la guerrilla, sino que buscaría las vías legales y constitucionales que están a su disposición para no perder el esfuerzo negociador de los últimos cuatro años.  
El uribismo, pese a ser el autor de varias de esas demandas contra el plebiscito y el acto legislativo, ha advertido que se puede estar cocinando un “conejazo” contra la decisión mayoritaria en las urnas del 2 de octubre. También ha replicado que toda la disposición que el Gobierno estaría mostrando para hablar con los líderes del No y buscar fórmulas de consenso para ajustar el acuerdo no sería más que una estratagema política para ganar tiempo mientras se concreta la fórmula jurídica para saltarse el dictamen popular.

¿Farc inamovibles?

Una tercera hipótesis es más complicada aun, ya que parte de la base de presuponer que las Farc no van a aceptar reforma alguna a los temas gruesos del acuerdo, tal como lo han advertido en las distintas entrevistas dadas por sus cabecillas en la última semana. En las mismas ha quedado claro que no admitirán el desmonte del modelo de justicia transicional, tampoco una reforma al pacto que implique cárcel o restricción efectiva de la libertad y, menos aún, que no se les permita ingresar a la política de inmediato.

Esas “líneas rojas” que ha reiterado la guerrilla serían tan insalvables que tanto el Gobierno como los del No serían conscientes, en el fondo, que todo este “diálogo nacional” que se está realizando en Colombia al final va a resultar estéril si la subversión no está dispuesta a ceder.

Esa percepción explicaría por qué el presidente Santos ha enfatizado, a riesgo de romper el “diálogo nacional” con los del No, que en el análisis hecho por el Gobierno de sus propuestas ha encontrado que algunas son aplicables, otras lo serían a medias pero otras tantas son absolutamente “inviables”. Entre éstas últimas ha señalado clara y enfáticamente que es imposible desmontar el sistema de justicia transicional negociado en La Habana y que contempla no solo que no habrá cárcel efectiva para quienes confiesen delitos de lesa humanidad, sino que los cabecillas guerrilleros tendrían elegibilidad política inmediata.

De ser cierta esta hipótesis, se acercaría la hora en que habrá que destapar el juego y poner las cartas sobre la mesa, bajo una premisa muy complicada: el acuerdo final con las Farc tendrá pocos y muy pequeños cambios, y sobre esa base se salva o se hunde, dejando la decisión en manos de la capacidad de maniobra política y jurídica que tenga el Gobierno para lo primero, o lo que determine el uribismo y la oposición para asumir la responsabilidad política de lo segundo. 

¿Dilaciones uribistas?

La cuarta hipótesis es aún más drástica: según varios voceros de la coalición santista el uribisimo, que si bien no representa a todos los del No pero obviamente es el que lleva la voz cantante, no tiene voluntad real de salvar el acuerdo de paz, sino que en realidad está maniobrando para dilatar el “dialogo nacional”  con distintas fórmulas y estrategias, Lo estaría haciendo con el único fin de seguir aprovechando y capitalizando el viento de cola político que le dio el triunfo en las urnas y acercarse lo más posible a la campaña para las elecciones de Congreso y Presidencia en 2018. 

Según varios congresistas de La U y liberales, a esa estrategia se deberían los bandazos del uribismo, que días atrás se había negado a cualquier posibilidad de reunirse directamente con las Farc, pero luego se mostró dispuesto a ello, a tal punto que el jueves pasado se frustró a última hora una reunión entre los delegados del Centro Democrático y el abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la guerrilla en la Mesa de Negociación. 

Por igual, voces gobiernistas consideran que propuestas como la de Uribe en el sentido de crear una “mesa técnica” en la que tengan asiento Gobierno, oposición y Farc con el fin de buscar fórmulas de consenso para corregir el acuerdo e implementarlo por la vía ordinaria en el Congreso, lo único que buscan, en el fondo, es que el proceso de paz siga patinando y su solución solo se vea a mediano plazo.

La clave, aquí, es el tiempo, ya que mientras se multiplicaron esta semana los ultimátum del presidente Santos en torno a que hay que buscar rápidamente una fórmula de salvación del proceso, aduciendo que la demora es el mayor enemigo, el uribismo considera que si se van a tocar los temas gruesos del pacto de La Habana, esa discusión no tardará apenas unas semanas. 

Paradójicamente, hay quienes consideran que hay una quinta hipótesis, según la cual lo que está pasando incluye una parte de las cuatro ya expuestas. Es decir, que el Gobierno sí está buscando cómo saltarse el resultado del plebiscito, que el uribismo sí está tratando de dilatar la búsqueda de un consenso, que las Farc  sí advirtieron que no se moverán un centímetro en cuanto a justicia transicional y elegibilidad política, y que sí hay una estrategia para dividir a los del No entre morigerados (que aceptarían un nivel bajo o medio de ajustes al acuerdo) y radicales (que no se cederían en cuanto a reformar justicia transicional y elegibilidad política), en donde estaría el uribismo, principalmente. 

¿Y entonces? 

Así las cosas queda claro que más allá de qué tanta es la voluntad política del Gobierno o de la oposición para destrabar el acuerdo de paz con las Farc, la contradicción de fondo continúa vigente: antes de la votación del plebiscito el pulso era entre aceptar o no el acuerdo firmado en La Habana como un paquete completo e inmodificable. Y ahora la disyuntiva está entre aceptar o no un acuerdo de paz con pequeñas modificaciones u oponerse al mismo porque no se acepta reformar los puntos más trascendentales, como justicia transicional y la elegibilidad política.

Aunque algunos analistas han tratado de sumar a ese debate de inamovibles de lado y lado el pulso sobre si existe o no “conflicto armado” en Colombia, esa termina siendo una polémica gaseosa toda vez que, como se dijo, la nuez del asunto está centrada en si habrá o no restricción efectiva a la libertad para los guerrilleros y si habrá o no veda política a quienes cometieron delitos graves y de lesa humanidad. En los otros  aspectos planteados por los del No, relacionados con temas como el fondo de tierras, la entrega de bienes y fortunas de las Farc, la conexidad entre rebelión y narcotráfico o el enfoque de género, e incluso los propios mecanismos de implementación y blindaje jurídico del acuerdo, es posible lograr consensos que incluso las propias Farc se han mostrado dispuestas a discutir.

La palabra clave, entonces, es ceder. Y la pregunta central es cuál de las tres partes está más dispuesta a hacerlo. Por lo visto jueves y viernes pareciera que ninguna: Santos volvió a insistir en el tema de las propuestas de ajuste inviables; el uribismo, Pastrana y compañía replicaron que el Ejecutivo quiere dividir a los del No y parecería no tener voluntad de aplicar correcciones de fondo al acuerdo. Y el abogado de las Farc recalcó que hay lugar a ajustes pero no en justicia transicional y elegibilidad política… 

Es necesario esperar, entonces, a que arranque esta cuarta semana posplebiscito y la Mesa de la Habana empiece a dar señales de cuáles propuestas de reforma al acuerdo de paz se aceptarán y cuáles no. Cuando ello se oficialice se podría ir vislumbrando el camino a seguir. En el entretanto, persisten otras dudas sobre el tapete ¿Si hay un acuerdo nuevo, será necesario volver a las urnas? ¿Si las Farc se cierran a la banda y no aceptan los ajustes, se romperá el proceso y volverán a la guerra? ¿Cómo impactará toda esta situación en la Mesa con el Eln que se instala la próxima semana?... Muchas preguntas con respuestas todavía inciertas porque, como se dijo al comienzo, lo único claro es que no hay nada claro.