El negocio del narcomenudeo en Colombia movió en el año 2015 a través de las organizaciones criminales del microtráfico $6 billones, equivalentes al 0,75% del PIB, como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país, que ya muestra cerca de 1.500.000 dependientes, alertó ayer el Departamento Nacional de Planeación al revelar el estudio sobre los impactos económicos y sociales de este ilícito.

Es la primera vez en Colombia que se realiza una investigación que evidencia la magnitud de la transformación en los últimos años del negocio del narcotráfico y sus consecuencias negativas en la economía, sin analizar únicamente el problema como un fenómeno exclusivamente policivo.

De ese valor estimado de mercado, $300.000 millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. 

En cuanto a la rentabilidad del tráfico de drogas ilícitas en el país, se evidencia que el narcotráfico representa hasta el 3,8% del PIB ($20,5 billones) del mercado potencial, mientras el narcomenudeo representa hasta el 0,75% del PIB ($6 billones). 
El DNP explicó que los principales mercados para el comercio de drogas al menudeo son los departamentos de Cundinamarca (22%), Valle del Cauca (14%), Antioquia (12%), Magdalena (7%) y Santander (5%). 
Por capitales el mercado lo encabeza Bogotá (19%), seguido de Barranquilla (3%), Pereira (3%), Bucaramanga (2,5%) y Medellín (2,5%).

Agrega el informe que la transformación de grandes carteles de la droga a organizaciones fragmentadas y el crecimiento del mercado interno de sustancias como la cocaína, marihuana y bazuco, llevó a que Colombia pasara en los últimos años a ser un país no solo productor sino consumidor.

Crece consumo interno    

Hoy en el país existen cerca de 1.500.000 consumidores, de los cuales 832 mil, es decir, el 56%, vive en las ciudades capitales: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Pereira. 

El estudio muestra a Estados Unidos y Europa como los principales mercados para el consumo de cocaína y marihuana. Con 20,1 millones de consumidores, Estados Unidos tiene un tamaño estimado de mercado de 69.000 millones de dólares, mientras Europa con 25,7 millones de consumidores, tiene un mercado de 17 mil millones de dólares para estas drogas ilegales. 

En el caso de Colombia, el país pasó en los últimos 7 años a ocupar el 4° puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana. En 2008 estaba en el 6° y 7° puesto respectivamente, según el informe del Uso de Drogas en las Américas 2015.

Más municipios 'cocaleros' 

En la caracterización del problema del narcotráfico realizada por el DNP, se evidencia que el número de municipios con cultivos de coca aumentó en 8% en el periodo 2000-2015: Colombia pasó de tener el 73% al 61% del total del área cultivada de coca en el mundo.  

Los municipios de Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Tibú (Norte de Santander, Valle del Guamuez (Putumayo) y El Tambo (Cauca) son los que han registrado la mayor proporción de cultivos de coca con respecto a su tamaño entre 2000 y 2015. 

El área de cultivo de hoja de coca pasó de 69.000 hectáreas en el 2014 a 96.000 en el 2015, que equivalen al 61% del total del área cultivada en el mundo. 

Cae integración vertical

En la actualidad, según el estimativo del DNP, la rentabilidad del narcotráfico es el 10% de lo que generaba el negocio en los años 80, época en que dominaban el mercado, desde la producción hasta la distribución en las calles, los grandes carteles de la droga por la integración vertical en que operaban. 

Las cifras muestran que la rentabilidad en el periodo 1980-1995, época de Pablo Escobar, era de 2.800%, y entre 1996 y 2008, correspondiente a la segunda generación, y con la caída del cartel de Cali, pasó a ser de 810%. 

Entre 2009 y 2015, periodo de la tercera y cuarta generación de narcotraficantes, la rentabilidad cayó al 260% como consecuencia de la desaparición de la integración vertical, que llevó a la fragmentación y atomización de las organizaciones del narcotráfico.

Fiscal denuncia ‘mico’ en sustitución de cultivos 

Como un despropósito calificó ayer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la propuesta hecha al interior del Consejo Nacional de Estupefacientes de cesar la acción penal contra las personas dedicadas a cultivos ilícitos que se acojan a los programa de sustitución, pues consideró que de esta forma se abriría la puerta a los grandes cultivadores y a los narcotraficantes.

La iniciativa surgió en la pasada reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes en el marco de la discusión sobre los ajustes que se deberían dar en la política criminal para ponerse a tono con el acuerdo de paz en La Habana, que en lo que toca a la solución al problema de las drogas ilícitas prevé la aplicación de un programa de sustitución de cultivos ilícitos y una política que dé un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas.

Sobre la propuesta que se ventiló en la reciente reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, el fiscal Martínez dijo que “es un despropósito, a partir de esta reforma la renuncia a la acción penal no solamente abarcaría los pequeños cultivadores sino también a productores y traficantes de droga...las condiciones previstas para no referirnos a los otros delitos que se alude en el dominó denominado acuerdo de Cartagena, y lo peor no solamente los del pasado sino también los que se cometerán en el futuro, ámbito totalmente ajeno a las negociaciones de La Habana". 
Martínez consideró que esta propuesta es un “cheque en blanco” para el delito.

El Fiscal General indicó que “no creemos ser nosotros los equivocados en censurar esta clase de iniciativas. Por fortuna, el propio Presidente de la República tuvo que intervenir para parar de un tajo la revolucionaria propuesta".

El artículo al que hace mención Martínez Neira señala que “quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o grupos armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto que requieren de un tratamiento penal diferenciado, no serán perseguidos judicialmente si acogieren a los programas de sustitución de actividades ilícitas propuestos por el Gobierno nacional. Una ley ordinaria regulará la materia". 

La iniciativa estaba acompañada  de un proyecto de ley para dar beneficios penales a las mujeres que participen en la cadena del narcotráfico. Sin embargo, el Fiscal consideró que “para nadie es un secreto que estas iniciativas, lejos de fortalecer a la mujer, estimulan su utilización por los carteles de la droga y la exponen a su revictimización".