• EU, ONU, OEA y UE lo ponen en la mira
• Un régimen sin margen de acción alguno

Si bien es cierto que el principal responsable de la debacle política, económica, social y humanitaria de Venezuela es el régimen de Nicolás Maduro, no se puede desconocer que la lentitud y falta de unidad de cuerpo con que la comunidad internacional ha reaccionado ante la implosión de esa nación suramericana ha impedido presionar de manera más efectiva al gobierno chavista para que respete los cánones de la democracia, cese la persecución sin cuartel a la oposición, detenga la represión violenta a los contradictores en las calles, no viole la libertad de prensa, cite a los procesos eleccionarios aplazados, desmonte una asamblea constituyente de origen espurio, acate los dictados legales de la Asamblea Legislativa y no continué violentando los derechos humanos de millones y millones de sus compatriotas.

Como todo régimen autocrático y dictatorial Caracas ha rechazado la multiplicad de llamados globales a que restablezca el orden institucional y garantista, al tiempo que replica todas las condenas internacionales con el falso expediente de que se trata de una agresión ‘intervencionista’ e ‘imperialista’. A ello se suma que los varios intentos de mediación internacional para facilitar un diálogo entre el gobierno chavista y la oposición se han estrellado contra la negativa oficialista a ceder en sus posturas imperativas.

Sin embargo, en las últimas pareciera que la comunidad internacional ya está pasando de la condena reiterada -y poco efectiva- a la acción. Primero fue el gobierno de Estados Unidos que decidió imponer sanciones financieras a toda la cúpula del gobierno Maduro y después determinó prohibir la negociación de bonos de deuda emitidos por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal. La medida, que tiene efecto transversal en el mercado de capitales global, prácticamente implica un bloqueo económico de alto calibre a Caracas.

De otro lado, al comienzo de esta semana fue la Organización de Naciones Unidas (ONU) la que le subió el tono crítico al gobierno Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos pidió una investigación de carácter internacional por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela en la represión a los opositores, bajo la sospecha de que en el marco de la misma se pudo incurrir en “crímenes contra la humanidad". Esto podría dejar a Maduro y compañía no solo en el riesgo de ser un país paria en el concierto internacional, sino también en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI), en donde si bien ya cursan varias demandas contra el régimen de Caracas, ninguna tiene origen en una denuncia de la propia ONU. No hay que olvidar que ya suman más de 124 las personas muertas y más de 5.000 los detenidos por las fuerzas de seguridad en los últimos meses.

En la Organización de Estados Americanos (OEA), el ente más crítico contra el gobierno chavista, al punto de que ha estado a punto de aplicarle la Carta Democrática por romper el orden democrático e institucional, también están pasando de la denuncia a la acción. Ayer, precisamente, comenzaron las audiencias en el pleno del órgano continental para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Al frente del proceso está nada menos que el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal del alto tribunal trasnacional, quien recalcó que el elemento de "jurisdicción territorial está satisfecho", ya que Venezuela es miembro del Tratado de Roma desde diciembre de 2002.

Como si todo lo anterior fuera poco, días atrás la Eurocámara aprobó por amplia mayoría una resolución en la que pide a la Unión Europea estudiar la imposición de sanciones contra los responsables de "las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela". Se trata de un paso adelante frente a la resolución de abril pasado, en donde el foco fue condenar la violenta represión a los contradictores del régimen chavista.

Como se ve, parece que a la comunidad internacional ya se le está acabando el margen de tolerancia con el gobierno venezolano y empezó a tomar medidas y sanciones más concretas y tangibles. Medidas en lo económico, político y judicial que por más enconchado y sordo que quiera mantenerse el chavismo, no podrá esquivar ni aguantar por largo tiempo.

Ojalá todo este escenario de presión externa lleve a que el gobierno Maduro entienda que los regímenes dictatoriales, por más que traten de disfrazarse con falsos ropajes democráticos, ya no son tolerados. Y ello lleve no sólo a que los diálogos con la oposición en República Dominicana ahora sí funcionen, sino a que las garantías fundamentales vuelvan a respetarse en Venezuela.

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