El cerco sobre el gobierno de Nicolás Maduro incrementa a nivel internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU, por llamado de la embajadora estadounidense, Nikki Haley,  se reunió a puerta cerrada para estudiar el caso de Venezuela ante el ascenso de la violencia y las reiteradas violaciones de Derechos Humanos. 

A esta reunión del máximo órgano de las Naciones Unidas, que no estaba dentro de la agenda, se suma la reiterada preocupación internacional expresada por otras instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur. Con el paso de los días, Maduro pierde el poco apoyo internacional que le queda. 

Estados Unidos, que convocó al Consejo de Seguridad, explicó que esta instancia fue convocada para que el Gobierno venezolano detenga “la opresión”, “la violencia” y “restaure la democracia”.

"Cada vez, Maduro pierde más aliados en el mundo"

En diálogo con periodistas antes de entrar a la reunión que transcurrió a puerta cerrada, Haley dijo que “Venezuela está al borde de una crisis humanitaria. Manifestantes pacíficos han sido heridos, arrestados e incluso asesinados por su propio Gobierno. Las medicinas no están disponibles, a los hospitales les faltan suministros y se ha hecho difícil encontrar comida”. 

Los delegados de los países citados estudiaron la posibilidad de incluir a Venezuela dentro de la agenda regular del Consejo de Seguridad. Uruguay, que preside el órgano, al comienzo del encuentro manifestó que no esperaba “ningún resultado completo” sobre la inclusión de la que se conoce de momento. “Es un tema que requerirá algunas otras discusiones adicionales. Consultas entre los miembros, informales especialmente”, dijo Luis Bermúdez.

Los miembros de esta instancia, sin embargo, conocieron un informe de Miroslav Jenca,  subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, el cual detallaba la crisis venezolana: desabastecimiento de alimentos y medicinas, inseguridad y violación de derechos civiles y políticos.  

Mediación de ONU

La ONU no sólo estudia el caso de Venezuela en el pleno del Consejo de Seguridad. Se ha conocido, igualmente, que el secretario General de la organización, Antonio Guterres, adelanta conversaciones con ex presidentes y el mismo Papa, según el portal Efecto Cocuyo, para reanudar el moribundo diálogo entre la oposición y el Gobierno que quedó congelado a finales del año pasado tras la ofensiva del Ejecutivo para dejar sin poderes a la Asamblea Nacional. 

“He seguido con gran interés la situación en Venezuela“, dijo Guterres ayer al Parlamento Europeo desde Estrasburgo, donde hizo énfasis en que este país “atraviesa una situación difícil tanto política como económica y social, con la violencia alcanzando altas cotas”.

En conjunto con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, Guterres dijo que ha  “desarrollado varios contactos con mediadores allí, desde ex presidentes hasta la Santa Sede”, demostrando la firme intención de reanudar las negociaciones. 

En 2016, oposición y chavismo se sentaron en una mesa de diálogo que fue precedida por tres ex presidentes, el presidente de Unasur y delegados del Vaticano. Luego de meses sin llegar acuerdos concretos, los jefes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron levantarse de la mesa, argumentando falta de garantías del Gobierno. 

Aparte de las diferencias entre las partes, la sensación al final del fracasado diálogo fue que la mediación de los ex presidentes y el Vaticano, no fue la esperada. La oposición se quejó del papel que jugaron el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Unasur, Ernesto Samper, a quienes acusaron de no tomar una posición clara frente a la agenda estipulada entre las partes al principio del diálogo.  

El diálogo entre las partes parece lejano, casi imposible, en este momento. Pero los esfuerzos de organismos del nivel de la ONU y la OEA, demuestran que es posible que finalmente oposición y chavismo se sienten nuevamente, siempre y cuando los mediadores provengan de instituciones de este nivel. 

La OEA, a través de su secretario, Luis Almagro, ha sido uno de los mayores críticos del gobierno Maduro. Lo que, en un principio, alejaría  la posibilidad de que este organismo lidere eventuales negociaciones en Caracas. Su poder, sin embargo, puede llevar a que países aliados del chavismo terminen colaborando para reiniciar las conversaciones con la oposición, ávidas de reanudarse. 

El Decreto 6298

El martes, cuando se reportaba un muerto más (42) en el marco de las protestas contra Maduro, el Gobierno anunció que prorrogaba por séptima vez el Estado de Emergencia Económica, abrogándose nuevas facultades extraordinarias que le permiten, entre otras cosas, restringir garantías constitucionales. 

"¿Una vez más, se oficializa la dictadura?"

¿Una vez más, se oficializa la dictadura? Analistas y abogados han dicho que este nuevo decreto “refuerza” el golpe de Estado de Maduro, que inició en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia le quitó todos los poderes a la Asamblea. 

Desde entonces, el Ejecutivo ha tomado una serie de decisiones que han sido calificadas por la oposición de “dictatoriales”. Una de ellas fue el lanzamiento del “Plan Zamora”, una especia de plan cívico-militar para que las fuerzas armadas luchen contra lo que el chavismo ha llamado “amenaza golpista”.  

El Decreto, como su nombre lo dice, está dirigido a enfrentar la “guerra económica” que ha llevado a que Venezuela padezca desabastecimiento de alimentos y medicinas, entre otras cosas. Pero Maduro, en el documento publicado, amplía su alcance a temas sociales, políticos y jurídicos. 

Cipriano Heredia, coordinador Nacional de Ideas del partido opositor Voluntad Popular, le dijo a EL NUEVO SIGLO que este nuevo documento “es una renovación del Decreto de Emergencia Económica decretado en noviembre de 2016, que no fue aprobado por la Asamblea Nacional”.

La Constitución Bolivariana de Venezuela prevé en su texto que todo decreto firmado por el Ejecutivo debe tener un control expreso de la Asamblea Nacional. Maduro, sin embargo, ha burlado este requisito, dándole al Tribunal Supremo de Justicia la facultad de aprobar este decreto. 

“No solamente es que la Asamblea nunca la aprobó, sino que además, dice el artículo 338, los decretos de emergencia son prorrogables por una (1) sola vez en 60 días; esta debe ser la séptima vez que se prorroga”, dijo Heredia, enfatizando que Maduro ha hecho de esta figura extraordinaria una manera normal de su gobierno.