El metelagomez. El saliente presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, antes de entregar la dirección de lo Contencioso Administrativo, pidió a la Corte Constitucional ser escuchado hoy en la audiencia pública convocada por la máxima corporación constitucional.

Litigando en causa propia sobre el tema pensional, Gómez argumenta estar saliendo en defensa de unos derechos adquiridos, entre los cuales los más beneficiados son los miembros del Congreso  y de las mismas Cortes.

La otra herencia de Barco. A comienzos de los años 90 desfilaron por la oficina del legendario senador Víctor Renán Barco magistrados de todos los pelambres para pedirle ayuda al gurú de las finanzas en el Congreso, a fin de que este les diera una manito para buscar un aumento proporcional a lo que ellos devengaban como congresistas y poder acceder así a unas mesadas pensionales que les diera una vejez feliz, tranquila y digna. Barco les cogió la caña y arrancó la carrera de la prosperidad pensional, contando para el efecto con la bendición de varios ministros de Hacienda, directores  de Planeación y jefes de Presupuesto.

Oportunidad histórica. Transcurrido el tiempo, estamos pisando campo minado por una verdadera bomba de tiempo, que de acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, está ya en 11,7 billones de pesos.

Esta es la cruda realidad: el Congreso, simplemente, hace las leyes y en este caso actúa para su propio beneficio, sin que nadie proteste, sin que nadie lo vigile, pues los encargados de controlarlo se están beneficiando indirectamente de las normas dictadas que terminan siendo aplaudidas por los “cortesanos” de turno. Es imposible que un  magistrado interfiera en este proceso, pues en el contubernio entre magistrados y congresistas los favorecidos son ellos mismos.

Algunos argumentos. Asombran estas perlas que alrededor del tema escuchó el barquero en el Palacio de Justicia: Los magistrados alegan que el régimen pensional para las altas cortes jurídicamente fundamentado en el Decreto 17-46, de 1991, que ya perdió vigencia, pero que mientras regía había que aplicarlo, so pena de incurrir en prevaricato… Gran parte de los magistrados de las altas Cortes beneficiados con lo que se llama “pensiones fraudulentas” han hecho aportes para pensión  por encima de los 30 años, lo que -según ellos- significa que les sobran diez o más años de aportes. (Como quien dice, les terminamos debiendo)… Los mismos magistrados alegan que ellos estaban subsidiando  un derecho a dos pensiones porque con sus aportes estaban nutriendo el sistema pensional.

Fragmentada. La Corte Constitucionalestá fragmentada frente a estos temas que tocan sus propios “intereses”, y de fallar hoy en beneficio propio le dirigiría al país un deplorable mensaje y demostraría por qué se disputa con el Congreso el liderato en materia de desprestigio. Si escucha el llamado del saliente presidente del Consejo de Estado, confirmará que se corrompió la sal. Congresistas consultados por el barquero dijeron que se trata de las presiones que ejercen los fondos privados para quedarse con los depósitos públicos. La Corte tiene la palabra.