- Más allá de quisquillosidades electorales
- Nuevos mandatarios sin plan ni recursos
Uno de los hechos políticos del año es, sin duda, el alud de procesos de revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores que se han impulsado en todo el país. Hasta el momento 11 de esas convocatorias han llegado a las urnas y, tal como lo indicó un informe publicado ayer por este Diario, ninguna ha logrado sacar al respectivo mandatario del cargo.
Es claro que desde 1996 ningún ejercicio electoral de estas características ha resultado triunfante. Las causas de este fenómeno son tan disímiles como subjetivas, y podrían agruparse en tres clases.
En primer lugar, están aquellas explicaciones que advierten que el problema está en la legislación que regula este mecanismo de participación ciudadana. Como se sabe, una revocatoria es aprobada solo si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en la elección del mandatario cuestionado. Si sale avante es necesario convocar a nuevos comicios, pero si no logra ese umbral o la decisión popular es mantener a su gobernante, este no podrá volver a ser blanco de esta figura en lo que reste de su periodo.
¿Son exagerados esos requisitos? Las opiniones están divididas, ya que mientras algunos sectores consideran que el umbral debe disminuirse para que la democracia participativa sea más efectiva, otros replican que este mecanismo no puede desconocer ni saltarse que las mayorías ya dieron un mandato que no puede soslayarse por una porción más pequeña de ciudadanos.
En segundo lugar están las razones que dan quienes han estado detrás de estas campañas fallidas. Muchos de ellos se quejan de la falta de equilibrio en la contienda proselitista, pues no sólo carecen de recursos económicos y logísticos para impulsar su causa sino que, además, alegan que las administraciones de turno hacen uso de todo su poder burocrático, presupuestal y contractual para no dejarse sacar del cargo.
Y, en tercer lugar, están las explicaciones de los mandatarios que son blanco de estos procesos. Por ejemplo, no pocos de los ejecutivos regionales y locales coinciden en que en la gran mayoría de los casos detrás de las campañas de revocatoria están quienes fueron derrotados por ellos en las urnas pero no se resignan al dictamen democrático.
Como se dijo, las razones alrededor de lo que ha pasado con los ejercicios de revocatoria del mandato deben ser analizadas de forma muy objetiva, poniéndose por encima de las quejas y justificaciones de promotores y mandatarios, que obviamente están cargadas de percepciones muy particulares.
Sin embargo, hay algunos aspectos que, más allá de ese debate, sí deben ser sopesados con miras a aplicar las reformas del caso. Por ejemplo, no se puede desconocer que muchos alcaldes y gobernadores cuando se posesionan se estrellan con presupuestos literalmente exiguos, ya que sus antecesores se gastaron hasta el último peso posible o, lo que es peor aún, hicieron un uso exagerado de la figura de las vigencias futuras dejando comprometidos los recursos de las administraciones departamentales y municipales por lapsos de cinco, diez o más años.
En estos casos, como es apenas obvio, los gobernadores y alcaldes es muy poco lo que pueden hacer en ese primer año de gobierno y menos aún si, como hoy ocurre, la aprobación de los respectivos Planes de Desarrollo por parte de las asambleas departamentales o los consejos municipales tarda meses. Todo ello lleva a que, en la realidad, los mandatarios nuevos sólo empiezan a tener hoja de ruta gubernativa propia y margen de recursos a partir del segundo año, precisamente cuanto, por ley, se pueden activar los procesos de revocatoria del mandato.
Es ahí en donde, realmente, está el cuello de botella de los ejecutivos regionales y locales. Y es ahí en donde, sin ambages, el principio del voto programático se evidencia como un mandato utópico que no tiene aplicación práctica y, sobre todo, exigible. Mientras no se solucione esta problemática el debate en torno a si la figura de la revocatoria del mandato está bien o mal establecida resulta inane y hasta superficial, más allá de si el mandatario cuestionado ha cumplido una labor que lo ratifique o saque del cargo.
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