Treinta años después del cruento ataque del M-19 al Palacio de Justicia en pleno centro de la capital del país, el llamado “holocausto judicial” continúa  sin resolverse plenamente, sobre todo en torno de la suerte de las personas desaparecidas durante la toma guerrillera y el operativo de retoma por parte de la Fuerza Pública. 

Esta semana se produjeron dos noticias muy importantes alrededor del caso. De un lado, la Fiscalía anunció que identificó los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Lucy Amparo Oviedo, empleadas de la cafetería del Palacio, y Luz Mary Portela León, visitante ocasional que debía reunirse con un magistrado.

Los restos de Guarín y Portela se encontraban en fosas comunes de dos cementerios de Bogotá, mientras que los de Oviedo reposaban en "dos cajas que se mantenían embaladas en la Fiscalía", según el fiscal general Eduardo Montealegre.

De esta forma, así como se termina la incertidumbre para los familiares de estas tres víctimas del ataque y posterior incendio del Palacio de Justicia, empezó el drama para otras dos que durante tres décadas pensaban que la persona que habían sepultado era su allegado muerto en la violenta acción perpetrada por el grupo guerrillero y que habría sido financiada por el narcotráfico con el claro objetivo de afectar los procesos de extradición de capos de la droga.

Si bien los familiares de Guarín, Oviedo y Portela agradecieron que las autoridades hayan podido identificar los restos de sus familiares, no dejaron de interrogarse por qué tuvieron que pasar tres décadas para que ello ocurriera. Incluso el Instituto Forense y de Medicina Legal tendrá que pedir disculpas públicas a todos los familiares de los desaparecidos por las demoras en la labor de ubicación e identificación de los restos mortales de las víctimas. De igual manera falta por establecer las causas de la muerte de esas tres personas.

De otra parte, esta misma semana la Fiscalía también citó a indagatoria a 14 militares que comandaron o hicieron parte del operativo de retoma del Palacio entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se busca establecer si están involucrados en la tortura a varios de los sobrevivientes que fueron sacados de la sede judicial en medio de los combates.

De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, existen pruebas suficientes que advierten de la posible responsabilidad de estos 14 militares (todos ya retirados o procesados en otros casos relacionados con este ataque) en la tortura de 11 de las víctimas, de ellas 9 trabajadores del Palacio y 2 estudiantes de la Universidad Externado, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo

Tendrán que rendir los respectivos descargos el general Iván Ramírez Quintero, excomandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (COCI); el coronel Edilberto Sánchez Rubiano; el excomandante del B2, general Rafael Hernández López, así como William Vásquez Rodríguez, Ferney Causaya Peña, Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Garzón Garzón, Luis Carvajal Núñez, los generales Eliseo Peña Sánchez y Alberto Fracica Naranjo, así como Antonio Buitrago Téllez.

Como se recuerda por el caso de los desaparecidos del Palacio ya fue condenado el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, cuya sentencia está en la instancia de revisión en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, en diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que el Estado colombiano empleó "un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19".

La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19, y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.

Paradójicamente, mientras la justicia sigue procesando a los militares que hicieron parte del operativo de retoma del Palacio, los cabecillas del M-19 que comandaron el operativo murieron durante el ataque y sus máximos jefes fueron luego amnistiados tras el proceso de paz en los gobiernos Barco y Gaviria. Hoy varios de ellos hacen parte de distintos partidos políticos y han ocupado cargos de elección popular y en altas instancias gubernamentales.