El haraquiri del Congreso. El presidente Santos ha puesto contra la pared al Congreso. Le ha señalado el palo en el que debe ahorcarse o practicarse el haraquiri como consecuencia de la expedición del decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias que comienzan hoy miércoles y terminan mañana jueves -prohibidas expresamente por la Constitución- para que sea hundida la Reforma constitucional a la administración de Justicia.

Cobardía. La cobardía política del Ejecutivo y el narcicismo presidencial para mantener sin promulgación la norma constitucional, mientras el Congreso tramitaría por la vía constitucional correcta la derogatoria del Acto Legislativo expedido el 20 de junio de 2012, que hubiera sido la solución menos traumática para enmendar el entuerto, nos llevarán irremediablemente al abismo institucional, conducido por el Presidente, amangualado con el Congreso y la altas Cortes.

Congreso castrado. Por obra y gracia del Úcase santista (orden inmediata decretada por un zar de manera tiránica) el Congreso de la República ha quedado castrado de sus atribuciones como Constituyente derivado.

Miedo al Referendo. El temor de Santos al referendo derogatorio que vienen promoviendo amplios sectores sociales, aún antes de la expedición del Acto Legislativo, curiosamente conduciría a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en cuyos designios ni el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial tendrían injerencia alguna. Como quien dice, quedarían  expuestos a un suicidio asistido o a una eutanasia institucional, sin recibir siquiera los “santos” óleos.  

Otra de Merlano. Al senador Eduardo Carlos Merlano poco o nada le interesan sus conocidos líos judiciales y disciplinarios. Ahora trata de amedrentar a funcionarios judiciales del Departamento de Sucre certificando falsedades, según denunció el abogado Hollman Ibáñez Parra, en mensaje a La Barca.

Desde noviembre de 2011 cursa un proceso electoral en contra del alcalde Sampués. La demanda se fundamenta básicamente en que Merlano, en su calidad de avalante del Partido de la U, subdelegó en Víctor Hernández la facultad de inscribir como candidato a dicha alcaldía a Alejandro José Sierra, por ser el primero supuesto militante del partido de Merlano.

 No era de la U. En el devenir del proceso judicial salió a la luz que el inscriptor del hoy alcalde de Sampués no era militante de La U y que, contrario sensu, pertenecía al Partido Liberal, como quiera que había sido elegido burgomaestre de Sampués por esa facción política.

Para probar la debida inscripción y una posible doble militancia, la acuciosa Juez Séptima Administrativa de Sucre le ordenó tanto a las directivas del Partido de la U, como a las del Partido Liberal certificaran si el inscriptor de Alejandro Sierra (Víctor Hernández) se encontraba o no afiliado a dichas colectividades.

Reincidente. El Partido Liberal certificó que Hernández era miembro suyo mientras que La U certificó que no. Hasta allí no hay mayor lío, salvo la indebida inscripción y la consabida nulidad de la elección de Sierra como alcalde de Sampués. Incurre Merlano de nuevo en tráfico de influencias, prevaricato y falsedad ideológica.