POLÍTICA. Mientras que el paquete de proyectos que presentará el Gobierno al Congreso este año es escaso y se limitaría a la reforma tributaria y la implementación de los acuerdos de paz, por el otro lado hay una serie de iniciativas que vienen rodando desde el año anterior y que son prioritarias para la administración Santos.

1. Reforma a la Ley de Orden Público

Hoy arranca la discusión en sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara, la reforma a la Ley 418 o de Orden Público, que el Gobierno espera sea aprobada antes de la firma del acuerdo final de paz con las Farc el próximo 23 de marzo.

Esta semana sería aprobado el proyecto en su primer debate.

Escenario.  El presidente Santos necesita revivir las facultades que le daba esta norma para poder establecer zonas de ubicación sin presencia de la Fuerza Pública, en este caso para que allí se concentren los desmovilizados de las Farc tras la firma del acuerdo final y la entrega de armas. El Mandatario en 2010 en una reforma a la Ley 418 había cerrado la posibilidad a las zonas de despeje.

2. Acto legislativo por la paz

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes a partir del 16 de marzo próximo estudiará en quinto debate esta iniciativa que servirá de base para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El proyecto de acto legislativo fue radicado en septiembre del año anterior por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Escenario. Con el fin de que las leyes y las reformas constitucionales para aterrizar los acuerdos de paz sean aprobadas con rapidez para coincidir con la desmovilización de las Farc, este proyecto de acto legislativo crea un procedimiento legislativo especial expedito. De igual forma faculta al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios, facultades que se podrán prorrogar por 90 días.

3. Reforma al Código de Policía

Segundo debate en la plenaria del Senado espera el proyecto de ley que renueva el Código de Convivencia o Código de Policía, iniciativa que se podría hundir por tiempo si no cumple los cuatro debates entre el 16 de marzo y el 16 de junio próximo. A pesar de que la iniciativa es de origen parlamentario cuenta con el respaldo del Gobierno nacional.

Escenario. El actual Código de Convivencia tiene 45 años de haber sido expedido y por lo tanto sus disposiciones en buena parte son obsoletas frente a lo que son las ciudades colombianas del siglo XXI. La norma, entre otras, autoriza a la Policía para que acuda y garantice que los establecimientos nocturnos o fiestas privadas cumplan con los límites de ruido permitidos y no perjudiquen unidades de vivienda o zonas residenciales.

4. Pequeñas causas

A partir de marzo próximo la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se ocupará en tercer debate del proyecto que sanciona severamente las llamadas pequeñas causas. Esta iniciativa se ha presentado en varias oportunidades al Parlamento, sin lograr su aprobación a pesar del clamor ciudadano para que sean judicializados y llevadas a prisión las personas que roban celulares y otros objetos en plena calle.

Escenario. Las personas quecometan delitos menores como robo de celular o lesiones personales, entre otros, y que reincidan, irán automáticamente a la cárcel. Así lo propone este proyecto de ley.

Precisamente, la reincidencia en un delito es el aspecto central de esta iniciativa y llevaría tras las rejas a las personas que hoy luego de ser detenidas son liberadas horas después porque el delito que cometieron es excarcelable.

5. Tribunal de Aforados

La Comisión de Aforados en el Congreso de la República debe remplazar a la ineficiente Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, como así lo estableció el Acto Legislativo 02 de 2015, más conocido como la Reforma de Equilibrio de Poderes. Sin embargo su puesta en marcha está pendiente de una ley, cuyo proyecto fue radicado el año pasado por el Ministerio de Justicia y será debatido en primer debate por la Comisión Primera del Senado.

Escenario. 

El problema que se presenta es que la Comisión de Investigación de la Cámara solo tiene vida hasta el 1° de julio próximo, según la Reforma de Equilibrio de Poderes, y dado el trámite de la iniciativa en el Congreso podría suceder que para esa fecha aún no esté reglamentado el Tribunal de Aforados. La importancia de este Tribunal es que si encuentra al funcionario responsable por temas penales podrá acusarlo directamente ante la Corte Suprema.

6. Política de licores

Tras ser aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara, ahora le corresponderá a la plenaria de esta Corporación ocuparse del proyecto que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados. Tras la polémica que se presentó en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno decidió mantener el monopolio rentístico de licores en cabeza de los departamentos.

Escenario.  Tres proyectos de ley se presentaron sobre el particular, uno de ellos del Ministerio de Comercio, coincidiendo en mantener en los departamentos el monopolio rentístico. Por ello las iniciativas que fueron acumuladas apuntan a ajustar las normas vigentes en materia impositiva y de introducción de licores en ejercicio del monopolio, de conformidad con las disposiciones sobre trato nacional del GATT de 1994, toda vez que terminan siendo discriminatorias sobre los licores importados.

7. Ley de contratación pública

El Gobierno anunció que el próximo mes radicará en el Congreso un proyecto de ley que reforma el régimen de contratación pública, el cual en buena parte requiere renovarlo, pues se fundamenta en la Ley 80 de 1993. No obstante este Código ha sufrido algunas reformas por la Ley 1150 de 2007 y varios de sus decretos reglamentarios.

La contratación pública es una de las principales venas rotas en donde se genera la corrupción. 

Escenario.  Esta reforma apuntará a construir un régimen de contratación pública que promoverá que en la mayor cantidad de licitaciones públicas haya pluralidad de oferentes. También se pretende que las entidades contratantes utilicen los pliegos estándar en materia de contratación pública, siempre que ello sea posible, para evitar el direccionamiento de contratos. Y adicionalmente se tiene en cuenta la necesidad de mejorar la eficiencia en el proceso de contratación para evitar dilaciones innecesarias.