Ricaurte explica cómo avanza el plan de ampliación de cupos, los procesos para racionalizar la población de internos y el nuevo plan de bloqueo de celulares al interior de los penales.

 

 

La población carcelaria en Colombia se acerca a los 137 mil presos, entre ellos 23 mil con detención domiciliaria. Hay 142 prisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin contar los 10 establecimientos militares y los cuatro de la Policía.

Aunque se han dado avances importantes en los últimos años, lo cierto es que ponerse al frente del Inpec siempre es un reto bastante complejo y no en vano se afirma que ese cargo es “un quemadero”.

El saliente titular de la entidad, general Gustavo Adolfo Ricaurte, sabe de la dificultad de este puesto, pero aún así no duda en afirmar que durante su gestión trabajó para cerrar el “broche” a la corrupción y frenar los crímenes que se organizan desde el interior de las cárceles.

EL NUEVO SIGLO habló con el alto oficial para conocer su corte de cuentas ahora que está a punto de dejar la Dirección del Inpec. Por ejemplo, dice que si bien hay 137 mil reclusos, “la población que nos preocupa es la que está intramural, es decir, al interior de los centros carcelarios, que es del orden de los 114.600 internos”.

Según el alto oficial, hubo un incremento importante en la población carcelaria desde 2010 y 2011, pues, en el primero de esos años, creció casi en 16 mil internos y, el año pasado, hubo un aumento de 14.600 presos, sin contar con los internos que ingresan a los centros carcelarios, comen y duermen, pero a los tres, cuatro, cinco o diez días, quedan en libertad por orden de un juez.

Es allí en donde radica el aumento del hacinamiento. “… Nosotros nos estamos quedando con un promedio de 1.200 presos mensualmente en los centros carcelarios y eso hace que ningún sistema, que ninguna infraestructura, realmente pueda resistir tanto peso. Todo se altera. Cuando hay tanta sobrepoblación las redes hidráulicas son insuficientes, los sistemas sanitarios y los espacios vitales se reducen”.

De acuerdo con Ricaurte, los técnicos y los expertos penitenciarios siempre hablan de que en las cárceles no hay hacinamiento sino superpoblación y se trata de un término técnico. Pero -agrega- también hablan de que en muchas cárceles del mundo no hay hacinamiento durante el día, porque los internos disfrutan de espacios mínimos vitales (patios, canchas de fútbol, gimnasios, talleres, bibliotecas) pero en la noche sí hay hacinamientos porque es cuando pasan a dormir.

 

Más prisiones

En esta radiografía también debe tenerse en cuenta el impacto del estado judicial del recluso. “Cuando recibí el Inpec la población de condenados era muy importante, del orden del 82 por ciento y un 18 por ciento de sindicados. Pero hoy la población de condenados ha disminuido en forma significativa, llegando a un 69 por ciento de condenados”, precisó el alto oficial. Y hay prisiones en donde la situación es más crítica. Por ejemplo, en la cárcel de La Guajira hay 400 sindicados y 82 condenados.

Para disminuir el hacinamiento se viene trabajando con los jueces de ejecución de penas, de forma tal que se atiendan de manera más ágil las peticiones de excarcelación por condena cumplida, las libertades condicionales, las detenciones domiciliarias.

También se construyeron diez establecimientos carcelarios modernos, pero por error de administración había 14 mil cupos sin ocupar. Se hizo un trabajo detallado para ocupar al máximo prisiones como Heliconias, La Picota y Guaduas.

“En materia de hacinamiento, en los establecimientos carcelarios modernos podemos decir que estamos elaborando planos, es decir, contamos con la capacidad instalada. Pero, en otros como La Modelo de Bogotá, Bellavista, Vistahermosa y Bucaramanga, entre otras, tenemos una superpoblación importante”, acotó Ricaurte.

También se viene trabajando en los últimos dos años con los alcaldes para ampliar dos mil ochocientos cupos.

También debe tenerse en cuenta que actualmente el Inpec cuenta con 126 cárceles que tienen más de 50 años de construidas, porque antes eran colegios, conventos o estaciones de tren. Por esa razón ya está en marcha un plan de reposición de estas dependencias.

Según el alto oficial, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, busca avanzar en el fortalecimiento del sistema penitenciario con la construcción de seis nuevas mega-cárceles.

“En este proceso estamos un poco enredados porque no hemos podido encontrar los lotes o terrenos aptos para las prisiones. Estamos haciendo visitas a los gobernadores y alcaldes para que nos donen los terrenos, para que nos faciliten el trabajo y los costos disminuyan. Hay unas consideraciones técnicas de que las cárceles tengan los servicios fundamentales de agua, luz, alcantarillado y acceso”, señaló.

Con la Corporación Andina de Fomento, el Inpec y el Ministerio se adelantan diseños y estudios de suelos, que pueden estar terminados en abril, de forma tal que en julio se estén entregando los resultados para que las obras empiecen en octubre del próximo año. Esas mega-cárceles tendrían una capacidad para unos 16 mil cupos y serían construidas en el Cauca, la Costa norte y el viejo Caldas, entre otras regiones.

 

Bloqueo de celulares

Otro de los dolores de cabeza en el manejo de las cárceles en Colombia es la delincuencia que sigue actuando tras las rejas. Para ello, por ejemplo, se busca bloquear el uso de teléfonos celulares.

“Se trata de un plan integral desarrollado con el Ministerio de Defensa. Hace ocho años se intentó ubicar inhibidores o bloqueadores en las cárceles, pero no se pudo llevar a cabo por cuanto no se contaba con un soporte legal para ejecutar esos planes. Sin embargo, luego de un intenso trabajo con el Ministerio de Comunicaciones, el 14 de diciembre del año 2011 se expidió un decreto en el que autoriza y da unas pautas de tipo legal para que ese despacho y el Inpec hagan los procedimientos correspondientes para bloquear las cárceles”, explicó el general de la Policía.

Desde ese día se viene trabajando para llevar a cabo este proceso de bloqueo en un buen número de prisiones, a través de los planes  “Orión” y “Cerrojo”  que corresponde al bloqueo de 17 cárceles. Esos bloqueadores e inhibidores deben ser legalmente recibidos e instalados, y de inmediato dicho proceso debe ser formalizado con los operadores de la telefonía celular.

“… Estamos ad portas de días para que queden en firme todos estos trámites de ley y nosotros entremos a controlar antes de que termine el mes de enero por lo menos 11 cárceles”, dijo Ricaurte.

Ya La Picota se encuentra bloqueada en un 92 por ciento y solo se registra una falencia de un ocho por ciento por problemas técnicos.

Reiteró que “lo importante aquí no es solo el número de establecimientos carcelarios bloqueados, sino la población que cubre. En las primeras once prisiones serán cobijados unos 40 mil internos que no podrán utilizar clandestinamente los teléfonos celulares”. Los bloqueadores son tan precisos que permiten ubicar de qué celda pudo salir un intento de llamada.

A ello debe sumarse que la delincuencia también ya está buscando cómo debilitar esta estrategia. “… Recibimos información de Inteligencia en el sentido que los internos estarían pagando unos quinientos mil pesos para que fueran instauradas acciones de tutela contra los bloqueadores o inhibidores de telefonía móvil y que incluso algunos internos alcanzaron a alquilar bloqueadores tácticos para engañar al Ministerio de Comunicaciones”, explicó el alto oficial.

Según Ricaurte, el engaño consiste en que “cuando hacíamos las mediciones en los alrededores de una prisión que cuenta con inhibidores, pero que estaban apagados, encontrábamos que el sector estaba bloqueado. Claro, pero con los inhibidores tácticos o artesanales”.

“Sabemos que un inhibidor táctico se puede construir artesanalmente y los alquilan hasta por cien mil pesos”, dijo. Puntualizó que ahora los equipos que están utilizando las autoridades son de tecnología de punta de Israel y ya se están utilizando en México y Estados Unidos, de forma tal que permiten diseñar estrategias que solo cobijen las prisiones y no a los ciudadanos que habitan en los alrededores de las prisiones.

En cuanto a las cárceles del Ejército, el general Ricaurte expresó que la cúpula castrense ha sido muy estricta y abanderada para que las prisiones militares estén bajo total control, disciplina y régimen interno.

Indicó que los mandos designaron a un coronel al frente de las diez cárceles castrenses y el Inpec lleva a cabo una especie de “Plan Padrino” para garantizar y supervisar que las normas penitenciarias se cumplan.

 

Nule y parapolíticos

Otro de los dolores de cabeza para la disciplina carcelaria son los llamados reclusos de alto perfil.

Sobre este aspecto el director del Inpec es enfático. “Tengo un concepto muy claro. Cuando usted reúne internos de determinado perfil, pues ellos también se pueden asociar al interior de las cárceles para hacer el mal. Claro, no es el caso hoy en día. Por eso hay un dicho popular que dice: divide y reinarás. Mi concepto es que el patio del sector sur de la Penitenciaría La Picota se debe acabar”. Ese patio, como se sabe, es donde están recluidos desde los dirigentes políticos condenados por parapolítica hasta otros presos de alto perfil en casos de corrupción.

Explicó Ricaurte que “los internos de ese sector sur que ya están condenados, de acuerdo con la Constitución, la Ley y los derechos de los presos, deben ser enviados cerca a su entorno familiar. Si el interno condenado es de Valledupar, de Barranquilla, de Cartagena o de Leticia, entonces debe ser enviado a una prisión de esas ciudades, para estar cerca a su familia y facilitar su proceso de resocialización con trabajo y estudio. Y, los reclusos que tienen fuero, entonces que se adecue un lugar para que paguen su condena, porque no se pueden tener amontonados o medianamente cómodos como en la llamada ele sur. En este lugar tenemos cerca de 47 internos”.

Y, en el caso de los hermanos Nule, el oficial afirmó que “ellos ya están condenados y por esta razón estamos haciendo unos requerimientos a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales y a la Fiscalía para establecer si van a ser requeridos nuevamente en Bogotá y, en caso contrario, si no se necesita que estén en la capital del país, entonces serán trasladados a una cárcel cerca a sus familias. Los actos administrativos de traslado ya están listos para acabar con esa casa (en la que están recluidos al interior de La Picota) que ha sido mal vista en la administración penitenciaria. Esa casa debe acabarse y la mejor forma es trasladando a los hermanos Nule a donde corresponda”.