Uno de los aspectos más importantes en el manejo de la política fiscal es la capacidad de mantener un alto grado de flexibilidad que permita hacer frente a los desafíos que enfrentan las economías emergentes.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en el caso de Colombia, existen dos componentes de largo plazo del gasto que reducen la flexibilidad fiscal del país. Estos son el pago de intereses y el gasto en seguridad social. En promedio durante la pasada década el país destinó cerca de un 10% del PIB a atender dichas obligaciones: 3,6% en intereses y 6,3% en pensiones. Desde esta perspectiva, el país se ubica como el tercero de la región que mayor cantidad de recursos asigna a estos rubros.

En el caso del pago de intereses, gracias a la implementación de la regla fiscal, el país ya se encuentra en camino de reducir de manera estructural los recursos destinados a dicha partida.

En el caso de la seguridad social, a pesar de destinar el cuarto monto más alto de recursos a dicho rubro, Colombia presenta el segundo peor indicador en términos de cobertura en pensiones. Además, mientras que los países de la región destinan en promedio 0,14% del PIB por cada punto de cobertura en población mayor a 65 años, Colombia asigna más del doble, el 0,34% del PIB. Esto sugiere la necesidad de adelantar una reforma pensional, sin afectar las cuentas fiscales. Colombia cuenta con un esquema mixto que combina elementos de solidaridad y capitalización individual implementados en la Ley 100 de 1993. La deficiencia central del sistema de seguridad social del país radica en sus bajos niveles de cobertura para la población mayor.

Desde esta perspectiva, al calcular el gasto por punto de cobertura se observa que el país presenta el peor indicador, toda vez que destina más del doble de recursos que los demás países de la región. Mientras que en promedio países de la región destinan 0,14% del PIB por cada punto porcentual de cobertura en población mayor a 65 años, Colombia asigna el 0,34% del PIB.

En este sentido, es importante avanzar en una reforma del sistema pensional, de tal manera que se pueda aumentar la cobertura de la población en edad de retiro, sin que esto implique un aumento en el gasto en seguridad social. En efecto, las comparaciones regionales evidencian que existe un amplio espacio para incrementar la eficiencia del gasto en pensiones, sin afectar el monto total destinado a este fin.