El Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo (Cider) de la Universidad de Los Andes, con el apoyo financiero de la embajada suiza, realizó días atrás el seminario-taller "Cómo enfrentar el postconflicto en Colombia?". El invitado especial fue el doctorado en economía Jairo Morales, quien ha trabajado en los procesos de transición hacia la paz y desarrollo en América Latina, Europa, Asia y África. Aquí los tres primeros acápites de su ponencia “Esbozo de una estrategia postconflicto"

Preámbulo

Conforme a una consideración histórica mundial, una transición exitosa del conflicto hacia la paz, no es un producto del acaso, el azar o la espontaneidad. Es el resultado del diseño e implementación de una cuidadosa estrategia postconflicto que posibilite la implementación de los acuerdos de paz en la práctica a partir del primer día de su firma y consagración.

Desde luego, los procesos de paz y desarrollo no pueden verse como obras o construcciones perfectas y absolutamente bien calculadas pues el mundo real funciona a veces muy diferente a lo que deseamos alcanzar, pero una estrategia postconflicto bien concebida y concertada marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de los procesos de transición y desarrollo. Esta es una de las grandes lecciones que he aprendido a lo largo de mi extensa e intensa vida profesional, la cual ha estado vinculada por varias décadas a asistir importantes procesos de transición en diversas partes del mundo por encargo de las Naciones Unidas.

Escribo esta breve propuesta para ofrecer una contribución a la consagración de la paz en Colombia como proceso duradero y sostenible, es decir, una paz basada en la libertad, justicia y equidad que son los principios axiológicos fundamentales sobre los cuales se construye y erige un estado de derecho y una sociedad democrática moderna.

Debo señalar que la presente propuesta de estrategia postconflicto se enfoca principalmente en los temas de la justicia restaurativa y distributiva que conciernen al futuro de las poblaciones, territorios e instituciones afectados por el conflicto armado. No se abordan por el momento los aspectos de la justicia transicional que conciernen al futuro político-jurídico de las organizaciones guerrilleras y sus miembros, a la espera de los acuerdos que se firmen en La Habana y su ulterior refrendación ciudadana. 

1. Pensando en el día después

Colombia avanza hacia la firma de un acuerdo de paz con las Farc y, probablemente, con el Eln también. Este hecho histórico debe ocurrir antes de la finalización del 2013 o comienzos del 2014 como es ambicionado por el Gobierno. Una pregunta lógica que deviene de ese proceso es: ¿qué debe pasar luego? Es decir, ¿qué se espera debe ocurrir el día siguiente de la firma del acuerdo de paz?

Seguramente el cuaderno de los acuerdos de paz indicará en esencia los compromisos jurídicos, político-militares y económico-sociales de ambas partes para hacer viable la transición del conflicto hacia la paz. Esa hoja de ruta es la pieza más importante de la conclusión de la fase de negociaciones pues dirá qué se debe hacer para garantizar el logro de la paz como proceso duradero. Lo que es poco probable que se diga, por la naturaleza misma de la negociación, es cómo hacerlo, es decir, cómo implementar los acuerdos particularmente económicos y sociales hacia la paz y el desarrollo en la práctica, durante cuánto tiempo, dónde y con quién y, más aún, cómo se verificarán y evaluarán los resultados e impactos de lo que se haga en términos de la estabilidad global del país, seguridad ciudadana, crecimiento económico y distribución del bienestar. Tampoco se espera encontrar referencias a los costos monetarios del proceso de transición hacia la paz y sobre la forma de cómo sufragarlos.

Todas estas cuestiones criticas relativas a el ‘cómo hacerlo’ son el Leitmotiv de esta nota que denominamos ‘esbozo de una estrategia postconflicto’, la cual se escribe a partir del conocimiento y la experiencia personal directa del autor sobre importantes procesos de transición hacia la paz y desarrollo acaecidos en América Latina, Europa, Asia y África en las pasadas tres décadas; y, también, desde luego, a partir de mi propia vivencia sobre el conflicto armado en Colombia por ser mi país de origen.

2. Normatividad y ensamblaje de la estrategia postconflicto

El cuaderno de los acuerdos de paz firmado por el gobierno y las Farc (y lo que a su vez se acuerde con el Eln) será el marco normativo fundamental para la concepción y diseño de la estrategia postconflicto y las respectivas políticas y planes de transición hacia la paz con clara definición de los objetivos teleológicos a alcanzar (paz, seguridad, desarrollo económico, justicia y equidad social), las metas cuantitativas y cualitativas a lograr en periodos de tiempo determinados, los instrumentos de política a utilizar, los recursos necesarios y disponibles y la gerencia del proceso de construcción y consolidación de la paz y, su evaluación.

La realización de todas estas tareas debe ser el resultado de un cuidadoso trabajo consultativo durante y luego del periodo de las negociaciones de paz pues la estrategia postconflicto habrá de ser ensamblada dentro de la plataforma de gobierno existente, sus políticas y la entera institucionalidad del estado y, no a la inversa. Es decir, la estrategia debe acomodarse al ordenamiento del estado, sociedad y mercado tal como estas entidades son y están funcionando actualmente, y no al revés, es decir, que dicho ordenamiento societal deba acoplarse a la estrategia postconflicto por perfecta que ella sea. Esto no significa, desde luego, que la estrategia no pueda catalizar reformas y cambios estructurales. Por su naturaleza, ésta debe ser su misión. Pero los cambios y reformas esperadas transcurren a través de la institucionalidad (normas, leyes y organizaciones) establecida y vigente.

Así por ejemplo, la estrategia tendrá que analizar cómo acomodar el proceso del postconflicto a los tratados vigentes de libre comercio, a la ley de restitución de tierras y reparación de víctimas, a la ley de regalías, a las reformas y programas sectoriales y en general a la política económica, social y ambiental del gobierno contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es obvio, desde luego, que todos estos procesos de política y reforma en curso deben abrir espacios para la ambientación normativa del postconflicto y su inclusión en la agenda pública para evitar choques de procesos y para contemporizar la acción del aparato de gobierno con las nuevas realidades, retos y necesidades que emanan de los acuerdos de paz.

Particular referencia debe hacerse a la necesidad de adecuar y flexibilizar las políticas macroeconómicas (fiscal, crediticia y cambiaria) frente a las necesidades de la reconstrucción y recuperación económica de los territorios, poblaciones y empresas afectados severamente por el conflicto con el objetivo de recuperar capacidades fiscales pérdidas o disminuidas, ampliar la masa crediticia bancaria e incrementar el flujo de divisas por exportaciones provenientes de las zonas de conflicto y también incrementar el flujo de inversión nacional y extranjera hacia esas zonas. Todas estas acciones de política macroeconómica son clave para asegurar una recuperación rápida y sostenible.

Por su parte, las políticas microeconómicas (competencia, productividad, competitividad e innovación) deberán cumplir un rol muy importante en términos de colocar las áreas post-conflicto y sus organizaciones empresariales dentro de la geografía y las corrientes de comercio nacional e internacional, así como en los tratados comerciales entre Colombia y terceras partes para maximizar su beneficio y acelerar procesos de crecimiento económico a ser jalonados desde fuera del país. Todo ello debe hacerse dando especial importancia y apoyo a la inserción de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones en las corrientes de mercados nacional e internacional tanto de productos como de bienes de capital y tecnología. 

Ahora bien, las políticas macroeconómicas y microeconómicas proclives a la paz se verían seriamente limitadas en sus alcances e impactos sin la implementación en paralelo de una agresiva política económica de bienestar en beneficio de las poblaciones y territorios castigados por la violencia. Se trata de la promoción de reformas y otras acciones gubernamentales tendientes a eliminar y/o reducir substancialmente los factores histórico-estructurales asociados al origen del conflicto que siempre serán la principal amenaza a la consolidación de la paz. Nos referimos a la extrema desigualdad en la distribución del ingreso, a los elevados índices de pobreza absoluta y relativa y al bajo índice de desarrollo humano que ostentan todas las zonas de conflicto con cifras muy por debajo de la media nacional, de por sí, ya bastante modesta.

No debemos olvidar en ningún momento que el país, además de ser considerado el ‘locus classicus’ de los grandes conflictos armados contemporáneos, según lo registra la historiografía mundial, es también el ‘locus classicus’ de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades sociales en el mundo. Resulta entonces obvio, que si Colombia quiere hacer realizable la paz tiene que corregir rápida y drásticamente los índices de bienestar adversos para evitar una recaída temprana del proceso de reconciliación y una eventual vuelta a un conflicto de alta intensidad.

3. Gobernabilidad y gerencia de la estrategia postconflicto

Es al gobierno central –y en particular al Presidente de la Republica- a quien le compete la gerencia global de la estrategia postconflicto mediante el establecimiento de un mecanismo apropiado de consulta, consenso y concertación que involucre a todos los representantes clave provenientes de las organizaciones del estado, sector privado y sociedad civil a nivel local y nacional, incluyendo, desde luego, a las organizaciones políticas y sociales de las víctimas y los ex guerrilleros y, también, a observadores de la comunidad internacional que pueden contribuir de manera vital a la salud y transparencia del proceso de concertación e implementación de la estrategia postconflicto.

La ingeniería del modelo de gobernabilidad de la estrategia a adoptar es uno de los temas más apasionantes y sensibles de todo el proceso, pues a la vez que se organiza la sociedad para el consenso, la concertación e implementación de la estrategia postconflicto, siguiendo derroteros democráticos, se establece un mecanismo de responsabilidad compartida, información, rendición de cuentas, monitoreo y control. El mecanismo a ser seleccionado no solo debe ser un ambiente deliberativo y de pensamiento estratégico. Debe ser un centro de elección pública y decisión y por tanto deberá estar dotado de recursos técnicos y de financiamiento que sirvan para direccionar los procesos y también para apalancar recursos de financiamiento externos adicionales provenientes de empréstitos y de la ayuda de la comunidad internacional.