Pareciera que a tres meses del descalabro sufrido por el inaudito fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, la clase dirigente colombiana no se percata de la magnitud geopolítica de lo que significa para el país que le arrebaten injustamente una inmensa zona marítima al norte y sur del meridiano 82, en aguas del Caribe, que equivale a 75 mil kilómetros.

La CIJtrasgredió los límites de su jurisdicción y entró a juzgar sobre un tratado anterior a su existencia, con lo que sienta un funesto precedente en la comunidad internacional. Falló abiertamente en contra de la soberanía colombiana y, en nombre de una supuesta proporcionalidad, desconoció gran parte de los derechos marítimos de Colombia en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Y lo más inaudito es que para quitar tal cantidad de mar se ratificó la soberanía colombiana en los  cayos Quitasueño y Serrana, pero dispuso de manera exótica y arbitraria que quedasen enclavados en aguas territoriales nicaragüenses. Ese alto tribunal no tenía potestad para alterar la geografía colombiana teniendo en cuenta los derechos de nuestro país y que jamás esas aguas ni esos cayos habían sido de Nicaragua.

Pese a la sorpresa con la que se recibió la mala noticia del fallo, que impactó negativamente a la gran mayoría de colombianos, el gobierno Santos ha expresado enfáticamente que “a su juicio, el dictamen del máximo órgano judicial de la ONU vulneró los derechos de los colombianos y no va a aplicarlo hasta garantizar que esos derechos sean bien defendidos”.

El propio Presidente admitió que esa decisión injusta “nos golpeó el alma y la vamos a enfrentar con decisión, buscaremos recuperar los derechos vulnerados...”. Y en ese sentido se mueve la política oficial, por lo que se han contratado prestigiosos internacionalistas en Londres, para que contribuyan a buscar una salida en derecho.

Lo cierto es que el Gobierno podría interponer el recurso de interpretación, el cual podría ser impugnado o rechazado por la misma CIJ. Las demandas de revisión de un fallo ante ese tribunal se presentan con los argumentos pertinentes  que contribuyan a demostrar que se han cumplido las condiciones previstas de los Estatutos, en su artículo 61, y se acompañan con los documentos de apoyo que se requieran.

Arsenal jurídico

Como es de público conocimiento, contra lo que han sostenido distintos tratadistas y políticos, varios países por razones de fondo han discrepado y no han atendido los fallos de la CIJ, como es el caso de Nigeria con Camerún, de Rumania y Malasia, de Estados Unidos, e incluso de la misma Nicaragua que incumplió un fallo a favor de Costa Rica. Islandia tampoco aceptó ceder sus derechos al Reino Unido. Y Francia no acató la sentencia de la CIJ para cancelar sus pruebas nucleares.

Ya la canciller María Ángela Holguín estuvo en la ONU en donde planteó la postura de Colombia al Secretario General del ente multilateral y lo mismo viene haciendo con diversos altos funcionarios y escenarios internacionales.

En el plano local, el Congreso hizo un mini-debate lánguido, en el que no hubo vencedores ni vencidos. Apenas la semana pasada la ministra Holguín, en una intempestiva reacción, salió a cuestionar el papel que los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe jugaron en el litigio con Nicaragua ante la Corte y dijo que le hacen “daño al país” para tratar de “justificar su gestión”.

Uribe le repostó de inmediato, mientras que Pastrana, por estar en el exterior, se reservó para más adelante.

Sin embargo, ya el ex mandatario conservador había fijado su postura sobre el alcance de la decisión de La Haya. Haciendo eco a lo dicho en la CIJ por la juez Xue, de nacionalidad china, Pastrana anotó, días después del controvertido fallo, que la jurista sostuvo que el alto tribunal “inapropiadamente restringió las proyecciones costeras de las islas colombianas, en contra de aquellas de terceros Estados. Y eso, en mi opinión, ha excedido la jurisdicción de la Corte en este caso".

También sostuvo Pastrana, en relación al retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que, en su momento, el “canciller Fernández de Soto me propuso que lo hiciéramos. El único que lo propuso antes de nosotros fue, en 1995, el ex presidente López, quien -dicho sea de paso- fue el que, como canciller de Carlos Lleras, nos metió en el Pacto de Bogotá al ratificarlo. Colombia siempre ha manejado sus asuntos internacionales como una política de Estado… Incluso se dice que varios jueces de La Haya, como el brasileño, el japonés y el marroquí, eran enemigos de Colombia por desplantes que, consciente o inconscientemente, les hicimos... Falló la diplomacia colombiana en los últimos años en aspectos fundamentales. No solo en lo que pasó con esos jueces, que es cierto, sino en la equivocación de la Canciller de haber hablado de un fallo salomónico”. Y, por último, el ex presidente se mostró  contrario a desacatar el fallo de La Haya.

A su turno, Uribe ha sido enfático en sostener que el fallo no se debe acatar. Y en cuanto a las declaraciones de la Canciller en su contra, el ex mandatario acusa al presidente Santos de inducirla a decir mentiras sobre dicho proceso. El ex presidente aseguró que "si la Patria permite que la mutilen desde afuera después la desmiembran desde adentro". Además de ello, el ex mandatario presentó un documento de 72 puntos en los que aclara la actuación de su gobierno ante La Haya y reitera que no se debe acatar el fallo.

Frente a todo ello, el presidente Santos, para atizar un debate que apenas comienza, sacó un as de la manga y advirtió que estaba dispuesto a develar las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.