Los debates de control político son una muestra de vigor democrático. Para eso, precisamente, está establecido el Congreso, aparte de sus atribuciones legislativas. De modo que Colombia puede darse por satisfecha del curso pleno de las premisas constitucionales y de que se resuelvan las pugnas políticas en el hemiciclo, en paralelo a las acciones judiciales, tal y como viene ocurriendo con la trepidante ramificación colombiana del histórico escándalo continental de Odebrecht.
Pocas veces, sin embargo, ocurre lo que sucedió anteayer. Es decir, que el Parlamento amplié la órbita de fiscalización. Ese debate, aquel de si el Congreso podía trascender su ámbito, quedó de antemano zanjado cuando el propio senador convocante, Jorge Enrique Robledo, no citó, sino que cursó invitación al Fiscal General de la Nación, alto funcionario de la rama Judicial, para hacerse presente y contestar un cuestionario atinente a sus inhabilidades o no frente al caso. El fiscal Néstor Humberto Martínez pudo no responder, puesto que dentro de la estructura del Estado no cae políticamente bajo examen del Parlamento, pero contestó por escrito los interrogantes, uno a uno, asumiendo una conducta positiva y democrática frente a esa institución. Eso sí, dejando de asistir para evitar rebatiñas innecesarias y, en consecuencia, admitir la nociva politización de la justicia. Lo que, de haber sido así, es cosa por completo diferente del control político y sus hasta el momento derivaciones inéditas y, por qué no, bienvenidas, en tratándose nada menos que del trasfondo en que se dieron los espurios aportes y los sobornos paralelos de los que echó mano la rutinaria y oculta mega corrupción de Odebrecht para resultar favorecida de las conexiones políticas y las actuaciones estatales.
Ahí, desde luego, quedan inscritos a plena luz pública, que es de lo que se trata, tanto los testimonios del Fiscal como las razones del senador opositor que en buena medida se sirvió, para fundamentar el debate, en controvertir las respuestas escritas. En ambos casos, se dieron los elementos sobre los que estos protagonistas afianzaron el trámite y los beneficios de la democracia. En particular, el Fiscal quien, antes de la actitud huidiza en la que legítimamente pudo camuflarse, animó, con su conducta, la intangible majestad del Congreso que, tanto a este organismo como al Estado en general, hace tanta falta para superar la erosión institucional actual.
De otra parte, también y por primera vez, el Congreso se dio cuenta de que tenía facultades generales para que las empresas privadas, bien por escrito o de modo oral, digan lo que tengan por contestar en los litigios de que son parte y cuyas causas sean motivo de interés nacional. Aunque ello está determinado solo para las comisiones permanentes es, de otra parte y como se sabe, una de las atribuciones congresionales de mayor uso en los Estados Unidos. Para la ocasión, las empresas pertinentes no rehuyeron el tema, incluso algunas declarándose abiertamente víctimas de las maniobras fraudulentas de Odebrecht. En cualquier caso, la democracia es un bien colectivo y la empresa privada un actor de primera línea, de manera que los alcances del escrutinio público no han de tomarse negativamente.
Por su lado, el gobierno, más que responder a Robledo sacó provecho del debate para, dentro del acumulado probatorio que adelanta la Fiscalía y los organismos de control, tratar de dejar en claro procedimientos que, frente a los controvertidos créditos estatales, los polémicos anexos contractuales y las autorizaciones de las grandes obras públicas afectadas por el fermento de la corrupción, lo pudieran incriminar. No por ello, claro está, dejó de estar a la orden del día la espina de Odebrecht clavada en medio de las campañas presidenciales de 2010 y 2014, cuyos interrogantes continúan, puesto que el debate trataba meramente y en general de aspectos de forma y no de fondo. Al respecto, siendo el régimen de inhabilidades de carácter taxativo, incurriría el Fiscal en prevaricato por omisión de aceptarlas genéricamente y sin estar en el catálogo legal correspondiente. Siendo así, ya se había declarado impedido para investigar personalmente, aunque sí por parte de la Fiscalía, a dos ex ministras de la actual Administración, pero se reservó el grueso restante, clasificado en varias líneas de acción, a fin de seguir avanzando las acusaciones.
Tras el debate, con sus nuevas connotaciones, cobra pues renovado vuelo el Fiscal, faltando todavía mucho por conocerse. Lo que, con lo estruendosamente conocido, es ya suficiente para amojonar el caso con miras a las revelaciones de junio, en Brasil, y avanzar en el ineludible saneamiento de la democracia colombiana en que está comprometido y que, sin fiasco y desmayo, sabrá demostrar nacional e internacionalmente