En las últimas cinco semanas se propuso revivir la inmunidad parlamentaria, que la Fiscalía asuma etapa de investigación, quitarle al Procurador la facultad de destituir a Senadores y Representantes e incluso que no sean capturados sino después del juicio y la sentencia esté ejecutoriada. ¿Coincidencias?
 

QUIENES CONOCEN de política dicen que en ésta hay de todo, menos coincidencias.
Y es que sin lugar a dudas a un mes y ocho días de haberse instalado la segunda legislatura parlamentaria durante el gobierno Santos, el Congreso ha concentrado muchas miradas. Pero no tanto por la forma en que arrancó el debate de temas tan candentes como la reforma a la Justicia, o porque desde ya esté abonando el terreno para cumplir con la orden de la Corte Constitucional para que legisle, en menos de dos años, sobre las uniones homosexuales. Tampoco porque haya abierto fuegos respecto a la iniciativa para prohibir totalmente el aborto (que está respaldada por más de cinco millones de firmas) o haya dado visto bueno al proyecto que pide convocar un referendo sobre la posibilidad de imponer cadena perpetua a quienes cometan delitos graves y atroces contra los menores de edad…

Ni siquiera fue en algún debate en Comisiones o plenarias en donde se le metió la mano a proyectos como el de la reforma a la Educación Superior, pues la decisión de retirar de la iniciativa el artículo que planteaba inversión privada en las universidades públicas fue tomada en una reunión entre el presidente Santos y la Mesa de Unidad Nacional en la Casa de Nariño…

Incluso, no han estado Senado y Cámara de Representantes en el ojo del huracán por cuenta de algún escándalo de corrupción en su interior, como tampoco porque alguno de sus integrantes esté a punto de ser capturado por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, aunque allí sí cursan distintos procesos penales que tienen en la mira a varios padres de la Patria por investigaciones relacionadas, por ejemplo, con parapolítica y las anomalías en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)…

Ni siquiera el Parlamento ha sido particularmente protagonista o asumido un rol de control político muy definitivo respecto a todo el movido escenario de la campaña electoral, en donde se mezclan desde incremento de la violencia contra candidatos, preocupantes mapas sobre riesgo de fraude e infiltración ilegal en centenares de municipios, rifirrafes por adjudicación y revocatoria de avales, hasta denuncias de anomalías en la organización electoral…

Es más, tampoco se han pronunciado enfáticamente en el Capitolio sobre asuntos de tanta gravedad como la crisis en barrena del sistema de salud, el desfalco a la DIAN, los rumores sobre posible descongelamiento de las posibilidad de un diálogo de paz con la guerrilla o el hecho de que el país esté ad portas de una nueva temporada invernal sin que se hayan terminado las obras de prevención y reconstrucción que se ordenaron en departamentos y municipios tras la tragedia ocasionada por el clima a finales del año pasado y comienzos del actual…

¿Entonces?

En realidad el Congreso ha sido el foco de la atención mediática y política porque en las escasas cinco semanas que lleva esta legislatura se han radicado cuatro proyectos distintos que buscan, coincidencialmente, ponerle filtros, blindajes, trabas, nuevas instancias y otros elementos a la forma en que hoy la Justicia investiga, juzga y condena a los Padres de la Patria.

Aunque los impulsores de cada una de esas iniciativas niegan que se trate de una estrategia coordinada, aunque el propio Gobierno ha criticado y advertido que se opondrá a algunas, es evidente que semejante avalancha de proyectos con el mismo polémico objetivo, obviamente ha generado un ambiente de sospecha y prevención sobre qué es lo que hay detrás.
El primero en abrir fuegos fue el nuevo presidente del Senado, el conservador Juan Manuel Corzo, quien apenas sí se estaba acomodando en su cargo cuando puso sobre la mesa una sorpresiva propuesta: revivir la inmunidad parlamentaria.

Esta figura, como se recuerda, funcionó casi todo el siglo pasado en Colombia y, palabras más, palabras menos, prácticamente impedía la captura de los congresistas que fueran investigados penalmente.

Ese fuero parlamentario terminó convirtiéndose en un manto de impunidad bajo el cual esquivaron la mano de la Justicia desde políticos corruptos hasta narcotraficantes que buscaban, con el poder de todo su dinero mal habido, hacerse a una curul para ‘blindarse’ contra los jueces y ponerse a salvo del riesgo de la extradición. Sin duda el caso más emblemático fue el de Pablo Escobar como Representante a la Cámara en la década de los ochenta.
Sin embargo, Corzo indicó que era necesario restablecer una especie de “inmunidad relativa”.

“… La Constitución de 1991, por pretender un remedio contra la situación preexistente, llevó a los parlamentarios al extremo totalmente opuesto: una situación de total indefensión frente a las veleidades, a los caprichos y –hay que decirlo- a las animadversiones políticas, de las altas Cortes, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Prueba de ello es que son los congresistas de una línea política en particular los que han sido investigados y condenados, muchos de ellos con grandes dudas sobre su verdadera responsabilidad en los hechos investigados”, advertía la exposición de motivos del proyecto del presidente del Senado.

Así las cosas, la iniciativa de Corzo, quien sostiene que el Congreso está “acorralado”, propuso que para restablecer “la autonomía, la independencia, el equilibrio de la Rama Legislativa frente a las otras Ramas del poder público”, debía instituirse como garantía para la función legislativa una inmunidad “relativa”.

Es decir, el requerimiento del levantamiento previo de la inmunidad parlamentaria, “para que los congresistas puedan ser destinatarios de una investigación y juicio en materia penal, tan sólo durante el período en que dure la investidura del respectivo parlamentario, permitiéndose el adelantamiento y sustanciación de la respectiva causa criminal, y donde no se incluyen los delitos flagrantes. La inmunidad se levantaría previo visto bueno de la cámara respectiva con una mayoría que podemos estipular de la mitad, a las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes”.

En otras palabras, que si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictaba orden de captura a un congresista, para hacerla efectiva primero debía la plenaria de la respectiva cámara analizar el caso y definir si le levantaba o no el fuero al sindicado. En caso negativo, no podría ser detenido.

Para sustentar su propuesta, respaldada por las firmas de 22 Senadores, Corzo trajo a colación figuras de inmunidad parlamentaria que existen en España, México, Estados Unidos, Argentina, Francia e Italia.
Es de anotar que en el mismo proyecto se proponía establecer la figura de la doble instancia en los procesos penales a congresistas y que la Corte Suprema de Justicia sólo juzgara, condenara o absolviera a los parlamentarios, que serían investigados y acusados ya no por la Sala Penal del alto tribunal, sino por la Fiscalía.

Entierro prematuro

Por más que Corzo trató de defender y justificar su iniciativa, el escándalo que generó fue de grandes magnitudes, en el que, entre otras cosas, se recordó que el gobierno Uribe, en pleno enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, también intentó algo similar pero no pudo salir avante.

El gobierno Santos, que por esos mismos días presentaba su borrador de reforma a la Justicia, se apartó de la posibilidad de revivir la inmunidad parlamentaria, aunque admitió que el Congreso sí se sentía acorralado. Los partidos, tanto los de la coalición mayoritaria (que se quejaron porque la iniciativa nunca fue debatida en la Mesa de Unidad Nacional) como los de oposición, es decir el Polo, también descalificaron de entrada la posibilidad.

De igual manera, analistas, editorialistas y columnistas se le fueron encima al proyecto, lo señalaron de ser una maniobra para ‘blindar’ a los parlamentarios de las investigaciones por parapolítica y corrupción. La percepción en la opinión pública fue aún más dura, pues se acusó al Congreso (cuya imagen había mejorado tras una muy productiva primera legislatura) de querer abogar en causa propia, tender un manto de impunidad y salieron a relucir las investigaciones preliminares que tiene el propio Corzo en la Corte Suprema.

La situación se hizo, entonces, insostenible para el presidente del Senado, quien se vio obligado a retirar el proyecto, no sin antes advertir que volvería a insistir en el mismo, pues considera que la autonomía del Legislativo está afectada y urgen la inmunidad parlamentaria, la doble instancia y separar las funciones de investigación y juzgamiento de los parlamentarios.

Turno gubernamental

Mientras que todas las miradas de concentraban en el proyecto de Corzo y compañía, poca atención se le dio a uno de los temas clave que el gobierno Santos incluyó en el texto de la reforma a la Justicia, el mismo que radicó unilateralmente porque no pudo lograr un consenso con las Cortes judiciales.

Según la iniciativa. frente al juzgamiento de congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos, entre otros aforados constitucionales, se establecen las siguientes modificaciones: se implementa el sistema penal acusatorio y la investigación y la acusación son asumidas por el Fiscal General de la Nación; el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá; y, el juzgamiento en doble instancia tendrá lugar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (para tales efectos, se dividirá en dos secciones).

Obviamente el quitarle al máximo tribunal de justicia ordinaria la facultad de investigar a los parlamentarios fue entendido por varios analistas, columnistas, editorialistas y sectores de la opinión pública como un nuevo intento de ‘blindar’ a los congresistas frente a la acción de la Justicia.

Sin embargo, algunos analistas recordaron que el presidente Santos ya había dado puntadas de querer darle una manito a los parlamentarios frente al tema de la investigación penal. “… En lo que sí estoy de acuerdo con el Presidente del Congreso, es en la necesidad de restablecer el equilibrio entre los poderes públicos, pues no es sano que el Congreso se sienta arrinconado”, precisó el Jefe de Estado en medio de la polémica por el proyecto de Corzo.

En vista de que solo esta semana arrancó en firme el debate a este proyecto de revolcón judicial, la propuesta del cambio en el sistema de juzgamiento sigue vigente.
Pese a ello, ya se han escuchado críticas, pues el papel de la Corte al judicializar más de 70 parlamentarios por nexos con los paramilitares ha sido muy ponderado, apoyado y defendido por múltiples sectores en el país y el extranjero. Incluso ya el mismo alto tribunal ha tomado medidas para cumplir con el requerimiento de doble instancia en los procesos a Senadores y Representantes, sin necesidad de pasar alguna de sus funciones a otros entes jurisdiccionales como la Fiscalía o instancias inferiores.

Igual se ha reiterado desde distintos sectores de analistas y editorialistas que el fuero parlamentario es una figura de doble vía. Es decir, funciona como protección de la función legislativa pero también es una garantía para la ciudadanía, pues se asegura que cualquier delito cometido por un Senador o Representante a la Cámara será juzgado por el más alto tribunal jurisdiccional y los magistrados de mayor jerarquía.

Además, no deja de llamar la atención que ya la fiscal General Vivianne Morales advirtió esta semana en la Comisión I del Senado que el ente acusador sí puede asumir la etapa investigativa en los procesos a parlamentarios, pero no tiene los recursos económicos para cumplir tal función. Queda, entonces, claro que la propuesta gubernamental (similar en este caso a lo planteado por Corzo) no fue consultada ni con la Fiscalía, y obviamente tampoco fue analizada durante los más de siete meses en que el proyecto estuvo tratando de ser consensuado con las altas Cortes.

Además, varios expertos jurídicos recordaron que la Fiscalía no tiene el mejor de los récords en los procesos a ex parlamentarios y que prueba de ello es que varios de los que fueron absueltos por fiscales, luego, cuando la Suprema de Justicia cambió su jurisprudencia y retomó esas causas penales pese a la renuncia de Senadores y Representantes a sus curules, terminaron siendo condenados por el alto tribunal.

Anti-Procuraduría

Cuando aún retumbaban los ecos de las propuestas de Corzo (retirada) y del Gobierno (en discusión), vino una tercera iniciativa para tratar de ‘blindar’ a los congresistas frente a la acción de la Justicia, pero esta vez no de la penal sino de la disciplinaria.

Se trata de un proyecto de reforma al Código de Ética del Congresista, mediante el cual se busca impedir que el Procurador General de la Nación pueda suspender, inhabilitar o destituir a los Senadores y Representantes.
Basándose en los artículos 183,184, 185 y 237 de la Constitución, que determina que los congresistas son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio del cargo y fija las disposiciones sobre la protección del fuero parlamentario, así como los procesos especiales de juzgamiento, lo impulsores de este proyecto indican que la única institución que está facultada para juzgar disciplinariamente a los Senadores y Representantes es el Consejo de Estado.

Sostienen que sólo ese alto tribunal, mediante fallo de pérdida de investidura, es el único facultado para separar definitivamente a un congresista de su curul. Claro, esto en el aspecto disciplinario, porque en lo penal la competencia es de la Corte Suprema de Justicia.

“El régimen disciplinario aplicable a los miembros del Congreso, originado del artículo 185, se constituye sin lugar a dudas en un fuero que inhibe al Procurador General de la Nación para disciplinar a los legisladores por incumplimiento o infracción en los actos propios de la función congresional o aquellos que surjan de las competencias constitucionales a éstos asignada, en guarda de la independencia y autonomía de esta Rama del Poder Público”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Agregan que no comparten la tesis del Ministerio Público, que con fundamento en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución, se considera facultado para investigar disciplinariamente a los parlamentarios.
Esa norma en cuestión establece que el Procurador por sí o por medio de sus delegados y agentes, puede ejercer “vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a le Ley”.

Así las cosas, el Procurador sólo podría investigar disciplinariamente los actos referidos a ordenación de gasto o al funcionamiento administrativo del Congreso, realizados por las Mesas Directivas de cada Cámara.

Como es apenas obvio, esta iniciativa también levantó más de una suspicacia. De un lado, porque el papel del procurador Ordóñez sobre las actuaciones anómalas de los congresistas ha sido muy ponderado por la opinión pública.

No se puede olvidar que ya destituyó a Piedad Córdoba, imputándole promoción de grupos ilegales. También a Amparo Arbeláez por un contrato que firmó cuando fue gobernadora del Quindío. Igual tiene en la mira al ex senador Iván Moreno por el escándalo de contratación oficial en Bogotá, e indaga a varios de los parlamentarios que habrían tenido que ver, presuntamente, con la red de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Asimismo, no son pocos los ex parlamentarios que han sido destituidos por el Ministerio Público por casos de parapolítica.

Como era apenas obvio, este proyecto también levantó sospechas y prevenciones, y amplió el eco de que algo raro estaba ocurriendo en el Congreso, pues esta era la tercera intentona en menos de un mes para aumentar las garantías, blindajes y fueros de los parlamentarios frente a las investigaciones de la Justicia, y ello era más grave aún después de todo el desfile de Senadores y Representantas a la cárcel por procesos penales de parapolítica y otros casos de corrupción.

El puntillazo

Sin embargo, la cuestión no paró ahí. Esta semana, sorpresivamente, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, representante Germán Blanco (conservador), presentó un proyecto de acto legislativo para reformar no sólo las funciones y facultades de esa instancia congresional, sino que, entre otras cosas, propone que los Senadores y Representantes no podrán ser detenidos en etapa de investigación penal, sino solo cuando se adelante el juicio o haya sentencia ejecutoriada.

Es decir, otra especie de inmunidad parlamentaria pero más ambiciosa que la radicada por Corzo, pues según la nueva propuesta la Justicia no podrá actuar sobre los parlamentarios sino hasta que los lleve a juicio y prácticamente sean condenados. Así las cosas, pese a ser indagados seguirán en libertad y, obviamente, legislando.
El legislador explicó que la propuesta busca establecer el principio de igualdad, tal como sucede con otros aforados, como son el Presidente de la República, el Fiscal General y los Magistrados de las altas Cortes, que no pueden ser detenidos mientras se cumpla la etapa de investigación.

Aunque este proyecto debe ser sumado a las propuestas de reforma a la Justicia, desde el mismo momento en que se presentó arrastró un alud de críticas de varios partidos y bancadas, así como del propio Gobierno, por intermedio del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Como se ve, por más que los impulsores de todas estas iniciativas adviertan que no se están creando ‘mantos de impunidad’ para los parlamentarios, que la inmunidad, los fueros amplios y la doble instancia existen en los Poderes Legislativos de muchos países, y que no se busca aquí poner cortapisas a la ejemplarizante labor que vienen adelantando la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría sobre los congresistas que incurren en delitos y otras anomalías, lo palpable es que entre la opinión pública, los analistas y el propio país político, pocos les creen.

Para la opinión pública cualquier norma que lleve a alejar a los parlamentarios del brazo de la Justicia no sólo es sospechosa, sino casi macabra. Y más aún si las propuestas en ese sentido se presentan en extraña seguidilla. Como se dijo al principio, en política hay de todo, menos coincidencias gratuitas…