Atrapada en medio del fuego cruzado quedó ayer por algunas horas una comisión conformada por 18 personas, entre ellos funcionarios de la ONU y la Defensoría Nacional del Pueblo.

Tras los ataques intermitentes registrados desde el 6 de julio en poblados como Toribío y Jambaló, en el norte del Cauca, los hechos de ayer muestran como el orden público en esa región sigue caliente.

El hecho ocurrió en zona rural de Miranda, Cauca, más específicamente en el sector conocido como Monteredondo, escensario de uno de los varios frentes de combate entre el Ejército Nacional y las Farc.

La comisión está conformada por Doc Holman, un delegado de la ONU, y Horacio Guerrero, director de Asuntos Indígenas de la Defensoría Nacional del Pueblo y 16 personas más.

Horas antes se informó que por lo menos siete personas habían resultado heridas y 30 casas dañadas por morteros artesanales en una nueva incursión de la guerrilla, esta vez en Corinto.

"Lo grave no es sólo el ataque sino que llevamos tiempo pidiendo que revalúen su estrategia militar porque la guerrilla le tira a ellos y pagamos nosotros" los civiles, dijo Oscar Quintero, alcalde de Corinto.

"Ellos tiran tatucos para que la población civil lleve el bulto" y "para que la población civil presione y saque a la fuerza pública, entonces es una mala estrategia de la Fuerza Pública ser terco" y no salir de los cascos urbanos, anotó Quintero.

El ministro del Interior, Federico Renjifo, aseguró que para el Gobierno Nacional las comunidades indígenas del Cauca no tienen nada que ver con la guerrilla y confía en que  esta población “no se deje permear” por los grupos armados ilegales.

“Nosotros esperamos que la comunidad indígena no se deje  permear por la guerrilla. Yo no puedo asegurar que esos existan, pero pensamos que los indígenas no tienen nada que ver con la guerrilla y por lo tanto tienen que liberarse de ese yugo”, aseveró el jefe de la cartera política.

El ministro Renjifo reiteró que todos los esfuerzos del Ejecutivo están enfocados en la resolución del conflicto entre la guardia indígena, las propias comunidades, y las fuerzas militares que actualmente operan en Toribío, Miranda y Corinto.

“Estamos en permanente contacto con las comunidades indígenas. A eso fuimos al Cauca, estamos dialogando con ellos, y realmente creemos que lo que vayan a hacer los indígenas en el Cauca – sobre todo los que están ubicados en Toribío – es actuar con la tranquilidad de que la Fuerza Pública los respalda y  está para ayudarlos”, explicó el alto funcionario.

El pasado miércoles, el presidente Juan Manuel Santos realizó en Toribío un Consejo de Ministros para evaluar la situación de orden público en la zona. Entre las medidas adoptadas se destacan el aumento de pie de fuerza en la región, además de una inversión de 500.000 millones de pesos para financiar el Plan Cauca, recursos que serán destinados a proyectos de educación, salud, acueducto y vías, entre otros.

El exjuez español Baltasar Garzón se mostró dispuesto a seguir colaborando para lograr una "conciliación satisfactoria" entre los intereses del Estado colombiano y de los indígenas de la zona del Cauca, que le han solicitado que actúe como su interlocutor.

"No le digo el término mediar, porque no deseo utilizar esa expresión, pero es cierta la petición y es cierto que estamos trabajando ya desde hace semanas en ese tema", dijo Garzón al ser consultado sobre este asunto en Quito, Ecuador.

El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció una campaña de asistencia a 1.500 personas en condición de desplazamiento por los combates entre militares y guerilleros del Cauca.

La ayuda tiene como destino la comunidad de El Mango, en Argelia, Cauca, afectada la semana pasada por choques armados, precisó el jefe de la subdelegación del Cicr en Cali, Benno Kocher, en un comunicado público.