Cerca del 56 por ciento de los colombianos cree que el nivel de la corrupción ha aumentado en los últimos 24 meses y más de la mitad de la población colombiana considera que en los dos últimos años la corrupción en el sector público ha aumentado en el país.

Así lo revelo la más reciente encuesta que hizo la ONG Transparencia Internacional para medir la percepción que tienen los ciudadanos sobre ese flagelo en 107 países. En Colombia, el estudio se hizo entre septiembre del 2012 y marzo del 2013, y se le preguntó directamente a 1.001 ciudadanos en 16 ciudades.

Con esas cifras y ese panorama EL NUEVO SIGLO, le pidió a Mario Ramírez-Orozco, profesor asociado en el Programa de Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, pensar en un antídoto contra la corrupción.

Ramírez-Orozco sostiene que “con el dinero que se va en corrupción se podrían construir 2.000 alcantarillados o 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarles la universidad a 80.000 jóvenes (a 5’000.000 el semestre) o construir 200.000 viviendas de interés social”.

Sobre los principales delitos y en dondese palpa más la corrupción, el catedrático sostiene que “estafas millonarias, carruseles de contratación, escándalos bursátiles, micos que parecen orangutanes, vacunas de 10 mil pesos para poder abrir una tienda de barrio o para vender fruta en la calle, incluso para cruzar de un barrio a otro”.

El investigador sostiene que “no acabamos de salir del asombro con la insólita y nueva modalidad de vacuna en Medellín que obliga a los habitantes de 3 urbanizaciones, de más de 300 apartamentos cada una, a pagar 5 mil pesos semanales para garantizar la ‘seguridad’ de las viviendas que el gobierno les acaba de entregar con el proyecto de las 100.000 casas gratis”.

Sobre lo que se puede hacer, Ramírez-Orozco, señala que “desde las aulas tenemos la firme convicción de que la educación es parte de la solución. No basta con atacar la corrupción desde los estrados judiciales o los medios de comunicación, es necesario introducir en todo el proceso educativo, con énfasis en los primeros años, una nueva racionalidad que eduque más para la felicidad social y el éxito moral que para el éxito económico”.

Expresa que “sise quiere combatir de raíz las prácticas corruptas y la generación de corruptos el país debe promover con urgencia, desde la escuela primaria, una verdadera transformación de valores. Un tipo de educación, no sólo moral, sino en esencia práctica, que forme personas respetuosas de sí mismos y, por ello, de la integridad de los demás y de los bienes públicos, como la mejor opción para contrarrestar la promoción social a través del fraude, la política como forma de enriquecimiento ilícito o por la complicidad silenciosa y la admiración por los éxitos económicos de criminales”.

Asegura el educador que “la tarea es lenta y empieza desde los primeros niveles de escolaridad. Al introducir una pedagogía que diferencie con claridad a una educación que promueve la astucia, frente a otra que valora y desarrolla la inteligencia. Pues sólo desde esta última existe la posibilidad de encauzar valores fundamentales en la vida futura de los educandos para que como ciudadanos estén alertas a la tentación del acto corrupto, sea delito judicial o contrario a la ética”.

Sin embargo, Ramírez-Orozco, dice que “la educación para astutos, que no está en ningún plan curricular, se reproduce con discursos en los que se promueve que el fin único de la educación es el éxito económico, donde la ascensión social sólo es posible a través de la ostentación económica, libre de escrúpulos y con resultados económicos rápidos; al tiempo que subvalora la adquisición de conocimientos”.

Sostiene que “la educación para la inteligencia, para fomentarla, tiene como valor supremo el amor por el conocimiento y su posibilidad de utilizarlo como bien social. Es una educación no individual, con sentido histórico, en donde el fin principal es la utilidad de los saberes y la felicidad. En la que más importante que el destino individual, es el destino de una sociedad y las ventajas que ello tiene para todos quienes la conforman. Educar con la conciencia de que la acumulación exagerada de riquezas es una agresión social y, aunque no es en estricto una violación a la Ley, sí es un delito ético y moral; generador de las violencias que genera la desigualdad”.