La academia se ha sumado al reciente debate sobre la situación del agro en el país. Luego de varias reuniones entre el Presidente Santos y el Ministro de Agricultura con varios gremios campesinos, hoy culmina la Cumbre Agraria, Étnica y Popular con una movilización en Bogotá, donde se anunciará la fecha de un segundo paro agrario.

Varios académicos se reunieron en la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional para generar propuestas sobre directrices de política pública que se le entregarán al Gobierno Nacional. En la apertura de esta cátedra participaron Víctor Julio Flórez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias; Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Institución; la exministra y exsenadora Cecilia López Montaño; el antropólogo Darío Fajardo; el experto en economía Carlos Martínez Becerra y la líder indígena Carmen Rosa Guerra Ariza.

Para Víctor Julio Flórez, el gran problema de este sector, analizado desde los años veinte hasta hoy, es que carece de una política estatal: “El conflicto agrario es una deuda histórica que el Estado tiene con la comunidad rural. Nosotros, desde lo académico, debemos asumir nuestro rol protagónico en este momento histórico”.

Por su parte, el exrector Moncayo  cree que “históricamente la situación agraria ha sido un punto central en la dinámica social. Desde una mirada contemporánea se deben tomar en cuenta aspectos como la apropiación de los bienes comunes y la seguridad alimentaria, entre otros”.

Los reclamos de la población campesina y los movimientos sociales producidos por la problemática agraria se enfocan en la reivindicación del territorio más que en la tierra misma. Por eso, los voceros de la Cumbre Agraria que finaliza hoy  pidieron que “el gobierno que resulte electo tendrá que sentarse con nosotros a discutir sobre los temas estructurales que hoy están afectando al campo colombiano”.

Para el exrector de la Nacional, la comunidad campesina quiere tener el mismo estatus de otros sectores que buscan adelantar su existencia productiva, social y comunitaria bajo su propia organización: “Aquí no se habla de una autonomía de los campesinos para decidir qué cultivan; se trata de contribuir a solucionar problemas de seguridad alimentaria, cambio climático y ambiental”.

Otras miradas

Por su parte, Darío Fajardo, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad, se refirió a la percepción y estudios que hacen organismos internacionales con respecto a la problemática agraria en Colombia.

Entre estos se encuentra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que analiza a Colombia como un país que no promueve el desarrollo humano, hace más vulnerable a la población rural, es inequitativo e invisibiliza las diferencias.

Ante estas miradas y de acuerdo con lo que se percibe al interior del país, el académico concuerda con que el papel de la Universidad y de las comunidades rurales debe estar regido por una crítica al desarrollo actual del sector, el análisis de los proyectos, programas y enfoques, así como la construcción concertada de la ciencia.

Otro de los participantes fue el profesor experto en economía Carlos Martínez Becerra, quien se refirió no solo al paro agrario de 2013 sino también a los tratados de libre comercio: “El paro del año anterior se desató porque los campesinos estaban produciendo a costos muy altos y vendiendo muy barato, por lo que estaban entrando en quiebra. Una de sus razones era que los productos importados se conseguían más baratos”.

Ante eso, el experto considera necesario que desde el Estado se mercadeen los productos nacionales sin intermediación, que haya insumos y una estabilidad en la posesión del territorio.

Por último, la abogada Carmen Rosa Guerra, líder de la comunidad kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, habló del papel de los indígenas de Colombia, principalmente de la mujer, en esta situación y en el conflicto armado: “La mayoría de nosotros somos históricamente agrarios y nos vemos afectados por los tratados, los productos foráneos y las semillas transgénicas. Sentimos que deben haber prácticas direccionadas a la distribución equitativa de la tierra”.