Los casos de civiles ejecutados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate, que desataron un escándalo en 2008, han vuelto al foco mediático tras recientes denuncias de corrupción, que vinculaban a uniformados investigados por estos asesinatos y generales activos.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cambió la semana pasada una parte de la cúpula militar, ante revelaciones de la revista Semana, en las que se mencionaban contratos del Ejército manipulados y sobornos a personas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales.

Varios generales pasaron a retiro por destinar presuntamente fondos irregulares a "pagos a subalternos presos con el fin de mantener su silencio" en investigaciones penales por estos asesinatos, conocidos en Colombia como "falsos positivos".

Las Madres de Soacha, un grupo de mujeres cuyos hijos desaparecieron del municipio homónimo -ubicado a las afueras de Bogotá- a comienzos de 2008 y que días después fueron registrados como guerrilleros muertos en combate, pidieron la semana pasada la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

"¿Cómo iba a ser mi hijo guerrillero si fue desaparecido el 6 de febrero y asesinado el 8 de febrero del mismo año?", dijo a la AFP María Sanabria, madre de Jaime Valencia, quien tenía 16 años en el momento de su muerte.

Las víctimas acusan a Pinzón de defender a los militares involucrados en casos como los de sus hijos y piensan que la reestructuración de la cúpula militar no es suficiente.

Las madres de Soacha se enteraron de la muerte de sus hijos cuando fueron a reconocer los cuerpos en Medicina Legal, en septiembre de 2008, y allí descubrieron que los acusaban de ser guerrilleros.

Según Luis Guillermo Pérez, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), estos casos forman parte de "una gran operación de encubrimiento".

- Ocho meses buscando a su hijo -

"Pasé ocho meses buscando a mi hijo en clínicas, hospitales, casas de albergue, en la indigencia. El 16 de septiembre descubrí (en Medicina Legal) la foto de mi hijo. Recibió 13 impactos de bala", relató a la AFP Luz Marina Bernal, otra de las Madres de Soacha.

Para Alejandro Angulo, coordinador del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) a partir del escándalo que estalló en 2008, víctimas de años anteriores empezaron a denunciar y se han registrado casos de "falsos positivos" de hasta 20 años atrás.

Estas acusaciones apuntan a que agentes del Estado habrían hecho pasar a las víctimas como miembros de grupos ilegales muertos en enfrentamientos para obtener prebendas como condecoraciones, tiempo de descanso o felicitaciones de los mandos castrenses, una práctica conocida como "falsos positivos".

Según un reciente informe de la Fiscalía colombiana, "se adelantan 1.872 investigaciones que por el delito de homicidio son presuntamente atribuidas a agentes del Estado y en ellas, 4.625 personas han sido vinculadas a las investigaciones".

Por ello, Pérez aseguró que recurrirán a la Corte Penal Internacional (CPI), pues en Colombia "no avanzan las investigaciones (contra las fuerzas militares) ni las sanciones penales y eso abre la posibilidad de que la CPI intervenga".