Que el Gobierno y las Fuerzas Armadas están cumpliendo con los criterios legales relacionados con los derechos humanos certificó el Departamento de Estado norteamericano, según documento entregado al Congreso de Estados Unidos el 11 de septiembre y revelado ayer a través de un comunicado.

“Esta certificación”, precisó el comunicado del Departamento de Estado, “permite que el saldo total de los fondos dirigidos a las Fuerzas Armadas colombianas correspondiente al año fiscal 2013 quede comprometida”.

Para el Departamento de Estado, “el Gobierno colombiano ha seguido avanzando en la mejora del respeto de los derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en el país en general”.

El comunicado dio cuenta de que “durante el período de certificación, el Gobierno colombiano puso en marcha oficialmente un proceso de paz con las Farc, ha apoyado esfuerzos por combatir enérgicamente la corrupción y ha fortalecido la decisión de desmantelar los grupos armados ilegales, entre otras acciones”.

También registró el informe entregado al Congreso norteamericano que “el Gobierno nombró magistrados adicionales para implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, juristas que “comenzaron a emitir las decisiones que tienen como objetivo proporcionar asistencia, reparación y restitución de tierras a unos cuatro millones de colombianos -incluidas las víctimas de la violencia del Estado- en la próxima década”

“La Fiscalía General informó de los avances en una serie de casos emblemáticos de derechos humanos, como el caso de Operación Dragón”, sostuvo el informe en referencia a un plan de seguimiento ilegal urdido por integrantes de Tercera Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana de Cali y el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra 170 personas, entre las que se encontraban defensores de derechos humanos, el senador vallecaucano Alexander López, del Polo Democrático, y varios directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali); el plan incluía el desprestigio, la judicialización y su eliminación física. Por ese complot fueron capturados tres militares (el coronel retirado Julián Villate, así como los mayores retirados Marco Fidel Rivera y Hugo Abondano) y un civil (Húber Botello). Aún no hay llamado a juicio.

Con todo, precisó el comunicado, “a pesar de estos esfuerzos” continúan “las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, activistas de derechos sobre la tierra, sindicalistas, periodistas y otros grupos vulnerables”. Por otra parte, señaló que hay alerta por la posibilidad de que recientes reformas constitucionales, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Justicia Militar puedan “dar lugar a la impunidad en algunos casos de derechos humanos”.

“El Departamento supervisará los resultados de estos procedimientos y la posterior implementación de las reformas”, se consignó en el comunicado.

El informe al Congreso indicó al final que “el Gobierno de Estados Unidos mantiene su compromiso de colaborar con el Gobierno colombiano, las organizaciones internacionales y los grupos de derechos humanos para mejorar el respeto de los derechos humanos en Colombia”.