Debate sobre la paz
El debate sobre el “marco para la paz” salió del ámbito del Congreso y se está dando de cara a la opinión pública. Y está bien que así sea porque si hay un tema que debe discutirse en forma amplia es el de la paz, en cuanto su principal destinatario es el pueblo.
Suele decirse que no se debe legislar a espaldas del país, pero en la misma instrumentación de propuestas de paz no aparecen iniciativas de participación democrática directa para conocer la voluntad popular, cuando existen mecanismos constitucionales que autorizan tenerla en cuenta por vía del referendo, del plebiscito o de la consulta nacional, en cuanto a decisiones de carácter trascendental.
En la práctica se está enviando un mensaje en el sentido de que -pese a la institucionalización de esos mecanismos de participación directa de la ciudadanía- preferimos practicar el modelo de democracia electiva para darle forma a la llamada democracia representativa.
Pero nos referíamos a la importancia de que la discusión hubiera trascendido más del ámbito del Congreso. Nuestros columnistas de prensa lo han tratado en forma abierta. Ayer, uno de los mejores comentaristas de El Espectador, Rodolfo Arango, lo trató con especial vehemencia. Para él cualquier modelo de justicia transicional es un “Frankenstein”. Postura extrema que deslegitimaría, de contera, los procesos de paz que se han dado en el mundo bajo esa égida.
Para Arango, “sin la eliminación de la desigualdad extrema y de la pobreza, generadoras de odio y resentimientos humanos, toda paz, con amnistías abiertas o disfrazadas, será efímera e inestable”. Así le asista la razón a este respetable columnista, pensamos que el pacto de paz deberá tener, precisamente, un contenido que permita realizar esos propósitos; pero en el entretanto, resulta imperativo adoptar un acuerdo de convivencia que le ponga punto final a un conflicto interno de 50 años y para ello será indispensable abrirles espacios de interlocución a los alzados en armas y garantizarles a las víctimas la reparación y, a toda la Nación el conocimiento de la verdad.
El escenario de la justicia transicional, dentro de esa perspectiva, resulta apropiado para poder obtener tales objetivos.
Entre los aspectos políticos del marco para la paz, el de la vocería de la guerrilla no puede soslayarse. No le vemos ningún futuro a un acuerdo que no la contemple. Que sea en “cabeza de terceros”, es decir, en personas distintas a los comandantes guerrilleros involucrados en crímenes de lesa humanidad, me parece procedente. Porque lo importante es la vocería política, la cual no necesariamente debe ejercerse por quienes tienen abiertos procesos por esa clase de crímenes. Ello provocaría, en verdad, repugnancia moral.
Con todo, para los responsables de esa clase de crímenes, en un proceso de paz pueden pactarse condiciones en cuanto a la suspensión de penas que le sean impuestas por los operadores de la justicia.
Pensamos que el “marco para la paz” debe contemplar la consulta o la refrendación popular para darle estabilidad y para poderlo presentar con mejores títulos ante la comunidad internacional.