Sorprende y preocupa que el informe de la Defensoría del Pueblo en torno a que no menos de 250.000 habitantes de Cali se encuentran en alto riesgo por la disputa entre bandas criminales, no hubiera generado una ola de indignación nacional y movido a todas las instancias del orden central, regional y local a urgir un plan de contingencia para hacer frente a una situación tan explosiva.

Según el último Informe de Alerta sobre lo que pasa en Cali y Valle del Cauca, a la persistente influencia de milicias de la guerrilla en los sectores aledaños a la ciudad capital, se suma la violencia que ejercen bandas criminales como los “Rastrojos” y “Urabeños” en los barrios más deprimidos de la capital del Valle y al menos en 19 de los 42 municipios del departamento.

Advierte la Defensoría del alto riesgo en el que se encuentran “cerca de 250.000 habitantes, del 55 por ciento de las comunas en Cali, tanto por el inusitado incremento de grupos de delincuencia común, que son cooptados por esas organizaciones para la comisión de acciones terroristas, extorsiones y amenazas, como por los enfrentamientos entre los grupos ilegales que a partir de actividades como el sicariato y el microtráfico pretenden ejercer un control territorial, hecho que afecta principalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (2.134 inmersos en pandillas con presencia en 17 de las 22 comunas de la ciudad), quienes además de estar expuestos a las acciones de dichas estructuras, son instrumentalizados ante sus pretensiones por expandir la violencia, como viene ocurriendo en las ciudades de Medellín, Montería, Barranquilla y Bogotá”.

Las cifras que respaldan el informe no podían ser más preocupantes: en lo corrido de 2014 se han registrado 142 homicidios en Cali, confirmando la tendencia violenta de todo el año pasado, cuando se presentaron 1.964 casos. Ello ubica a la capital valluna como una de las ciudades más violentas del país, con una tasa de 85,6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La situación es más crítica si se revisa lo que pasa a nivel departamental, ya que en 2013 se registraron 3.329 asesinatos, de los cuales al menos 1.371 fueron cometidos bajo la modalidad de sicariato.

Denuncias de semejante gravedad deben llevar a que se genere un plan de choque para frenar esta escalada de violencia en el Valle. No se puede permitir que los agresores, trátese de bandas de crimen organizado o de simple delincuencia común, sigan cobrando vidas por doquier. Esta semana, por ejemplo, fue noticia que el hijo de un reconocido periodista caleño fue baleado por robarle una moto, causándole una lesión que puede afectar su movilidad de forma permanente.

Es urgente, por tanto, que las autoridades tomen cartas en este grave asunto y así como se hizo en algunas ciudades en donde la delincuencia quiso imponerse a punta de sangre y terror, lancen una ofensiva integral que permita neutralizarla y judicializarla de forma drástica y ejemplarizante.