* Mucho anuncio, pero nada en concreto
* Gobierno y bancadas no corrigen rumbo
A cuatro días del arranque de la tercera legislatura una de las mayores preocupaciones es que si bien hay muchos anuncios gubernamentales sobre los proyectos a radicar, no hay una agenda concreta de las iniciativas prioritarias para esta segunda mitad del cuatrienio legislativo.
Una grave falencia, más aún visto lo ocurrido en la primera y segunda legislaturas, en donde el engorroso trámite de los proyectos de reforma política, pensional, laboral, de salud y educación, principalmente, no solo demandó mucho tiempo de comisiones y plenarias, sino que bloqueó gran parte de las iniciativas de origen parlamentario, muchas de las cuales se hundieron sin discusión en primer debate.
Si a lo anterior se suma el desgastante pulso entre petrismo y antipetrismo, las maniobras de ambos lados para imponer el ritmo legislativo, el alud de mociones de censura, las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial y el efecto de escándalos de corrupción como el de ‘Las marionetas’ o las millonarias transacciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (que tiene a nueve congresistas en mira de la Corte Suprema, con los presidentes salientes del Senado y la Cámara a la cabeza), se entiende por qué la productividad parlamentaria fue tan baja en estos dos primeros años.
En ese orden de ideas, la única manera de aumentar la eficiencia congresional es que desde el primer día de este nuevo periodo legislativo haya precisión sobre la agenda de proyectos, más aún porque hundidas en abril y junio pasados las reformas de salud y educación, la única iniciativa gubernamental que sobrevive es la laboral, que apenas va a segundo debate en plenaria de la Cámara.
Como se recuerda, el ajuste pensional fue el único que, tras año y medio de discusión en el Parlamento, terminó siendo aprobado al cierre de la segunda legislatura, aunque en medio de un accidentado debate que llevará a que, una vez sea sancionada −precisamente hoy− la respectiva ley, sobrevendrá una cascada de demandas ante la Corte Constitucional alegando vicios de forma y fondo. De hecho, se cree que con dicha norma se estrenaría la nueva facultad precautelativa del Alto Tribunal para suspender de entrada los efectos de una ley hasta que se produzca un fallo de fondo.
El Gobierno, por intermedio del nuevo ministro del Interior, ha dicho que se jugará con varios proyectos de ley y acto legislativo desde el primer día de sesiones. Sin embargo, en medio del accidentado remezón al gabinete, no hay claridad sobre cuáles iniciativas serán radicadas. Se habla del nuevo proyecto de reforma a la salud, así como del ajuste a la ley de servicios públicos, sin que se sepa si los respectivos articulados están listos. La saliente titular de Educación dijo que dejó listos cinco proyectos (incluido el estatutario que se hundió en último debate), pero no se sabe cuáles presentará su sucesor.
Igualmente, están en fila el proyecto de reforma a la justicia y otro tributario. Del primero se sabe que hay borrador, pero sería sometido a ajustes por criterios de la nueva ministra del ramo y la fiscal general. Y del segundo, aunque el titular de Hacienda lo ha explicado en distintos escenarios, generando un sinfín de reacciones, no se sabe si ya está perfilado artículo por artículo. Ni siquiera se conoce si el anunciado proyecto de ley para corregir la reforma pensional que hoy se sanciona, terminará radicándose o se esperará al fallo de la Corte Constitucional.
A todo ello debe adicionarse que esta tercera legislatura comienza con polémica a bordo debido a las gaseosas propuestas presidenciales de convocar una constituyente o acudir a un mecanismo de ‘fast track’ (vía rápida legislativa) para acelerar la implementación del acuerdo de paz de 2016 y empujar el trámite de sus principales −y trabadas− reformas. Más allá de las inviables tesis oficiales, lo cierto es que solo vía Congreso y bajo reglas constitucionales se podrían abocar esta clase de procedimientos.
Así las cosas, el Parlamento está ad portas de arrancar su tercera legislatura sin tener una agenda definida. Esto hace casi imposible establecer si habrá, ahora sí, algún rango real de concertación de los articulados entre las toldas oficialistas, independientes y oposición. Aunque el Ejecutivo insiste en un “acuerdo nacional”, este solo es posible si hay disposición petrista a consensuar el alcance de las iniciativas. De lo contrario, las reformas no pasarán. Eso es claro.
Los partidos, por otro lado, tampoco se afanan en poner sobre la mesa los proyectos que impulsarán. Mantienen un ritmo cansino, pendientes del Gobierno. De hecho, parecen más interesados en el pulso por las mesas directivas de Senado y Cámara o en las próximas elecciones de defensor del Pueblo y el procurador General.
Asoma, entonces, un preocupante panorama para el tercer periodo parlamentario. Si Ejecutivo y bancadas no corrigen el rumbo, seguramente se terminará en una legislatura muy accidentada e improductiva, como las dos primeras.