- Urge pacto partidista para recuperar productividad
- Crisis sanitaria impone concentrarse en lo urgente
La segunda legislatura de este cuatrienio gubernamental está a punto de finalizar. Sin duda se trata de uno de los periodos parlamentarios más accidentados de los últimos años, sobre todo por lo que ha ocurrido desde el 16 de marzo pasado, cuando debía reanudarse el trabajo en el Senado y la Cámara de Representantes, pero el arranque de la emergencia sanitaria por la llegada del Covid-19 a Colombia obligó a aplazar el inicio de las sesiones. Solo el 13 de abril se pudo retomar la actividad legislativa, aunque de manera virtual ya que las directivas de ambas cámaras consideraron que era un riesgo muy alto que los congresistas volvieran a sus oficinas, las sesiones y las plenarias. Paradójicamente en otros países con una situación epidemiológica similar a la nuestra, sus Parlamentos y Asambleas sí continuaron funcionando de manera presencial o semipresencial, aplicando los respectivos protocolos de bioseguridad y distanciamiento social.
El inicio de las sesiones virtuales no fue el más productivo, ya que persistían las dudas en torno a la legalidad de las votaciones a distancia de proyectos de ley y actos legislativos. A ello se sumó que mientras la Cámara trató de implementar un modelo semipresencial, el Senado prefirió esperar a que le aprobaran un protocolo al respecto. Al final de cuentas, tras confirmarse el contagio de un Representante así como de dos funcionarios del Capitolio, la cámara baja tuvo que volver a virtualidad. A diez días del finiquito de las sesiones ordinarias, ya se da por descontado que este segundo tramo de la legislatura terminará bajo este modelo, cuya productividad, es innegable, no ha sido la mejor. La principal prueba de ello no sólo es el bajo número de iniciativas que han sido aprobadas, sino que éstas se debaten a contrarreloj y con el riesgo de hundimiento siempre presente, como le ha ocurrido al proyecto de instaura la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, el que crea el Área Metropolitana de Bogotá y el que establece una nuevo alivio a los deudores morosos del sistema financiero.
Pero si en el campo típicamente legislativo el balance es deficiente, en el del control político el panorama no es el mejor. La principal evidencia es que pese a que el Gobierno decretó dos estados de Emergencia Económica y Social para hacer frente a la crisis sanitaria, poco se avanzó en el análisis profundo de las medidas de contingencia, el más de un centenar de decretos dictados a su amparo y, sobre todo, cuáles de esas normatividades podrían pasar a convertirse en legislación permanente para la etapa de la reactivación nacional en la pospandemia.
Dadas las dificultades legislativas de este semestre, la Ministra del Interior anunció semanas atrás que convocaría al Congreso a sesiones extraordinarias a partir del 21 de junio y hasta el 19 de julio, un día antes de que se instale la tercera legislatura. Sin embargo, hay alerta en varios partidos y sectores políticos porque si bien consideran que se requiere la continuidad de la actividad legislativa, faltando escasos diez días para que arranquen las extras no hay nada claro sobre cuál será la agenda de proyectos de ley a avanzar en esas cuatro semanas. Como se sabe, los actos legislativos sólo se pueden debatir en sesiones ordinarias, por lo que no estarán en turno.
Si la idea es suspender el receso del Congreso para tratar de recuperar algo del tiempo perdido por efecto de la pandemia y la baja productividad de las sesiones virtuales, es imperativo que se defina un cronograma preciso sobre el menú de iniciativas a debatir en las comisiones y las plenarias. De lo contrario, la efectividad de este periodo extraordinario no sería mayor.
En ese orden de ideas, le corresponde al Gobierno llamar a las bancadas a la búsqueda de un consenso sobre la agenda legislativa prioritaria, el sistema de trabajo en ese mes y, sobre todo, allanar la suficiente voluntad política partidista para que los proyectos avancen de forma rápida, sobre todo si continúa el sistema de virtualidad. Si bien es cierto que no resulta nada fácil plantear un pacto entre las facciones parlamentarias gobiernistas, independientes y de oposición, la emergencia por la que atraviesa el país obliga a dejar de lado diferencias puntuales y concentrarse en lo más urgente e importante, sobre todo de cara a los inmensos retos políticos, económicos, sociales e institucionales que plantea el modelo de reactivación del país, una vez logre superar la fase crítica de la pandemia. Ese acuerdo es necesario desde todo punto de vista y se espera que en la Casa de Nariño como en las bancadas haya la suficiente disposición para proceder a sentar sus bases, inicialmente para la agenda de las sesiones extras y, si es el caso, para la tercera legislatura, sin que ello implique en modo alguno el desdibujamiento político o programático de los sectores parlamentarios.