*La Concesión Barco

*¿Y el delito de lesa humanidad para cuándo?

Ni  más faltaba, como lo hace un confidencial de Semana, en aceptar que la campaña de Álvaro Gómez de 1986 fuera el primer ejemplo de la guerra sucia en el país. Dice el  confidencial que la Concesión Barco dejó de ser de la familia en 1914 y que para 1986 nada tenían que ver ellos con el tema. Desde luego, no es cierto. El hecho es que la dicha concesión, dada al general conservador Virgilio Barco por el general Rafael Reyes en agradecimiento de su intervención en la Guerra de los Mil Días, fue hasta su extinción de la familia Barco Vargas, a través de diferentes compañías, luego del tratado Chaux-Folson firmado con los Estados Unidos. De allí se inauguró la Colombia Petroleum Company (Colpet) y en su régimen accionario quedó incursa la Concesión Barco. Ello ocurrió paulatinamente con otras empresas, hasta que a mediados de los años ochenta, cuando estaba por liquidarse la concesión, se presentó un pleito por el precio a que debían tasarse los barriles de petróleo del momento. Ecopetrol aducía que uno era el precio del petróleo fresco, procedente de los nuevos yacimientos en los Llanos, y muy otro el del petróleo antiguo, al estilo de la Concesión Barco, que, además de próximo a extinguirse, no tenía las mismas calidades. Aún así el alegato de los Barco, con todos sus componentes, era que debía pagarse a igual precio. En tal sentido se había instalado por la época una demanda para dirimir el tema y el alegato de la campaña de Gómez Hurtado consistió en que no era dable un Presidente que mantuviera demandado al Estado: o bien debía renunciarse a la demanda o bien que el país conociera esa realidad hasta entonces escondida.

Quedaban pocos días para el cierre de la campaña y se emitió el programa en uno de los espacios de Inravisión. De inmediato el régimen de entonces puso campana neumática a la denuncia, silenciaron a Barco más de lo que estaba silenciado, salió Alberto Lleras en defensa de la campaña liberal y se adujo que tal espacio de televisión no estaba señalado para ello sino para emitir hojas de vida. El caso concreto fue que nunca se desestimó la denuncia, confundiéndola entre las maniobras de procedimiento de Inravisión. Por el contrario, lo que adujo todo el tiempo la campaña de Álvaro Gómez fue que hablara el candidato Barco, pero nunca lo hizo. A tal punto que a unas semanas de posesionado Barco, finalmente el pleito terminó dirimiéndose al interior de la propia junta directiva de Ecopetrol que decidió pagar ambos petróleos al mismo precio. Para ello no vale más sino consultar el excelente libro de Juan Álvaro Castellanos sobre la materia, donde constan las demandas y la propia acta de Ecopetrol echando reversa en su política previa.

No es cierto pues, en manera alguna, que la denuncia fuere inexistente, que no se hubieran aportado las pruebas correspondientes y que simplemente se tratara de hacer aparecer a Barco de magnate. Y tampoco era en absoluto ninguna guerra sucia, sino el derecho de los colombianos a saber este tipo de circunstancias en que, incluso, bajo su propio derecho, estaba incurso uno de los candidatos. Es más, el propio Barco cuando fue ministro se había declarado impedido en materias de este tipo y simplemente se trataba de poner en conocimiento público lo que acontecía en el momento.

Lejísimos, por demás, todo ello de lo que hoy acontece con denuncias verdaderamente falsarias y salidas de todo orden. En efecto, por ejemplo, hoy sigue la campaña del Centro Democrático y sus voceros sin presentar prueba ninguna, absolutamente ninguna, en que pudiera siquiera sugerirse ningún pago de la campaña 2010 del presidente Santos por parte de dineros calientes supuestamente gestionados por el señor J.J. Rendón. Lo que en cambio es indiscutible es la reunión del candidato Óscar Iván Zuluaga con su asesor cibernético, Andrés Sepúlveda, maquinando temas de hackeo y de propaganda negra.

Y como si fuera poco, sin tener nada que ver el doctor Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en las circunstancias viles e impunes que el país conoce, vuelve a hablarse en estos días del magnicidio con desfachatez, sin que siquiera haya sido declarado por la Fiscalía de delito de lesa humanidad. Ya están señores en mora de que lo hagan ¡Seguir esquivando el tema ya sería demasiado contraevidente!