Difícilmente se puede encontrar en Colombia una ejecutoria oficial que haya sido blanco de más controles y correctivos que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se proporcionan desayunos, refrigerios y almuerzos a más de seis millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos.

De hecho, los entes de control tienen una instancia de coordinación para mantener un seguimiento permanente a la contratación y prestación de este servicio por parte de los gobernadores y alcaldes de todo el país. Adicionalmente, años atrás se creó la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, adscrita al Ministerio de Educación, con el fin de coordinar todo lo relativo al que es, sin duda, uno de los programas de asistencia social de mayor cobertura e importancia en el país.

Pese a toda esa capacidad de vigilancia y apoyo en la implementación de una estrategia que demanda inversiones billonarias año tras año, las anomalías continúan presentándose. A cada tanto surgen denuncias sobre la no prestación del servicio o el suministro de alimentos en porciones pírricas, antihigiénicas o sin ningún criterio nutricional. Por igual, se escuchan acusaciones en torno a que en algunas regiones los carteles de la contratación se apoderaron de estos cuantiosos recursos, en complicidad con redes de corrupción y politiquería a nivel departamental y municipal.

Frente a ello, todos los años se implementan más controles y filtros para evitar irregularidades en el funcionamiento del PAE, pero las alertas sobre fallas de distinta gravedad continúan presentándose.

A finales del año pasado, por ejemplo, tanto la Procuraduría como la Contraloría y la citada Unidad habían advertido a los gobernadores y alcaldes salientes que debían acelerar la licitación y contratos del PAE. Igual alerta dieron a los mandatarios entrantes con el fin de que el calendario académico arrancara sin ninguna anomalía respecto al apoyo alimentario a los estudiantes, muchos de los cuales provienen de hogares muy pobres y necesitan a diario el suministro de desayunos, refrigerios y almuerzos.

Lamentablemente, esos campanazos funcionaron a medias. Prueba de ello es que la Procuraduría ya advirtió del riesgo de incumplimientos en Casanare y Sucre, lo que afectaría a por lo menos 470.000 niños. De acuerdo con el Ministerio Público, esas gobernaciones no han reportado avances en la gestión de la contratación para implementar el PAE este año. En la misma situación se encuentran Sincelejo, Girardot, Lorica, Montería, Maicao y Popayán.

Una vez más, como se ve, hay centenares de miles de niños aguantando hambre por la ineficiencia administrativa y nadie responde.