* Peligra democracia urbana

* Es preciso concertar y respetar la ley

LA  gobernabilidad de Bogotá, a raíz de la elección popular de alcaldes, se ha tornado más compleja en cuanto cada Alcalde que llega por la vía electoral pretende gobernar a su antojo, dejándose llevar por la tendencia a desconceptuar lo que han hecho otras administraciones anteriores. Y en su entorno se agrupan como las moscas los burócratas, contratistas y gentes del área que instan al mandatario local a que aspire a la Presidencia de la República. No es fácil superar esos anillos de aduladores, dado que existen ejemplos de cómo un buen desempeño puede suscitar la simpatía de los bogotanos, como ocurrió en el caso de Andrés Pastrana, primer alcalde de elección popular de la capital, al que la población acompañó hasta llevarlo a la primera magistratura. A partir de entonces los distintos alcaldes y una alcaldesa, sin que importe mucho la importancia de su gestión, ni de sus obras, en caso de que existan, han sido picados por el bacilo  de aspirar a gobernar a los colombianos. Y, como lo han manifestado los funcionarios más cercanos al alcalde Gustavo Petro, ellos y él aspiran a movilizar la opinión pública para que apoye su eventual candidatura.

 En ese esquema de aspiraciones y bajo la presión de los ciudadanos que piden su revocatoria, el señor Alcalde está en campaña y como en tiempos en los que  la Capitana María Eugenia Rojas se disputaba el favor de los humildes, duerme en los barrios. Y desde allí, en una casa de Ciudad Bolívar,  abrigado en  una ruana blanca nueva, resolvió asumir de hecho poderes extraordinarios, sin facultad en legislación alguna, por medio de los cuales determinó imponer la vigencia del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) por Decreto 364. Súbita disposición de ignorar el rechazo del Concejo de Bogotá, a su propuesta, los mecanismos legales vigentes y la división de poderes. Puesto que la Comisión del Plan el 7 de junio pasado, en agitada sesión no aprobó el proyecto oficial.

El gobierno distrital no puede asumir las funciones del Concejo, ni el Concejo las que son propias del Alcalde, sin violar la Constitución, puesto que en la dimensión doméstica de la ciudad se constituye en un abuso de poder y un mini-golpe de Estado. La medida han desatado una verdadera tormenta política en los sectores mejor informados del eventual efecto negativo que tendrá en la ciudad, que en principio  deja en el limbo a los inversionistas y pone en serio peligro la seguridad jurídica y el ambiente social de los que habitan zonas residenciales. Así como se constituye en un golpe mortal a la inversión y el desarrollo de la capital.

El Alcalde aduce que los que se oponen son los que tienen tierra que han comprado con fines de especulación. Y advierte que: “No hemos producido más espacio público, porque los procesos constructivos de la ciudad no lo generan”. En cuanto al aspecto jurídico, considera que: “No hay doctrina y que es muy difícil sustentar que se violara la ley”.  Y cita a favor de su determinación el tenor del artículo 12 de la Ley 810 del 203. Y agrega: “Lo puedo hacer porque hay una norma que lo permite, que es la Ley 810 del 2003, que dice que, cuando el Concejo no aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial, el Alcalde lo puede adoptar por decreto”. Pese a que no es dado desconocer que el Consejo de Estado, en otro caso produjo un resonante fallo mediante el cual, apenas en casos en los cuales el Concejo no cumple sus funciones y no toma determinación alguna, los alcaldes pueden proceder a expedir por decreto el POT. Lo contrario es un atentado contra las funciones del Concejo, una de las más antiguas instituciones de la democracia colombiana.

Desconocer la competencia del Concejo por cuenta de la Alcaldía es algo así como que el Presidente de la República asumiera por decreto funciones supraconstitucionales por encima de las disposiciones  del Congreso de la República. Semejante ejemplo sería desestabilizador para el respeto y buen funcionamiento de las instituciones en las urbes del país, puesto que consagra la anarquía. Más grave en cuanto se trata de una medida que afecta la inversión y la calidad de vida de millares de seres. El espacio público, la densidad urbana, el modelo de ciudad, quedan en vilo. Lo que atenta contra las posibilidades de un desarrollo organizado y planificado.

Y, como lo han observado con razón algunos comentaristas responsables e informados, al apelar a las vías de hecho y tomar semejante decisión en contravía de la opinión del Gobierno nacional, que tiene serias responsabilidades y es voz autorizada en estos temas, aumenta la tensión y la discordia entre las partes. La administración local debe dar ejemplo de respeto a las normas, puesto que desconocerlas es un mensaje nefato para que algunos ciudadanos hagan lo mismo. Quizá no fue casual que, a las pocas horas de informar desde Ciudad Bolívar que pasaba a gobernar por decreto, se presentó una asonada generalizada en ese populoso barrio. Es  preciso intentar persuadir al señor alcalde Gustavo Petro, en el sentido de respetar las normas y entenderse hasta donde le sea posible con el Concejo, sin olvidar que por haber salido electo en minoría no cuenta con una bancada fuerte que lo respalde. Lo que reconocemos y entendemos que dificulta su gestión, mas no justifica de ninguna manera desconocer el imperio de la ley, como es deber de todos los funcionarios públicos.   

En algunos países de la región los gobiernos populistas de izquierda  suelen violar las normas vigentes, en el convencimiento de que la sociedad suele ser permisiva con aquellos que depusieron las armas y se integraron a la vida civil. Existe una cierta flexibilidad en estos casos, mas la verdad es que el populismo de los gobernantes citadinos en la mayoría de los casos no es de izquierda ni derecha, sino que obedece a ambiciones personalistas y maniobras de grupos de poder local.

El gobierno distrital no puede asumir las funciones del Concejo, ni el Concejo las que son propias del alcalde, sin violar la Constitución