Una de las mayores evidencias de las fallas en la política de seguridad y orden público es el aumento de la violencia regional, que se expresa no solo en el incremento de delitos de alto impacto como homicidios, masacres, hurtos, extorsión y otros, sino de situaciones más complejas como el desplazamiento y confinamiento forzados de población.

En este último aspecto, las cifras reveladas esta semana por la Defensoría del Pueblo son muy preocupantes, ya que el año pasado cerca de 55.000 personas en 17 departamentos debieron abandonar sus hogares por presiones o acciones delincuenciales.

Según la entidad del Ministerio Público, en 2023 se registraron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo que significó un incremento del 7% frente al lapso anterior. Nariño es la región más afectada, seguida de Chocó, Valle, Antioquia, Cauca y Bolívar.

A ello se suman 215 casos de confinamiento, afectando a más de 18.000 familias, el equivalente a más de 66.000 personas en diez departamentos, un incremento del 63% en comparación con el 2022. Chocó es la zona más golpeada del país.

Lo más grave es que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales “que buscan el control territorial” fueron la causa principal de más del 50% de los casos. Más complicado aún es que el impacto por esos combates se incrementó por las “alianzas” entre distintas organizaciones armadas para dominar a sangre y fuego algunas zonas del país.

Incluso, en algunas ocasiones los enfrentamientos entre ilegales duraron más de un día, lo que pone en evidencia la limitada capacidad de la Fuerza Pública para arribar a las zonas de los combates, proteger a la población y neutralizar a las organizaciones delincuenciales.

Esas circunstancias son las que explican por qué el desplazamiento forzado masivo sigue aumentando, haciendo crecer la victimización de la población civil y poniendo de presente que se requiere que la eficiencia de la Fuerza Pública aumente de forma sustancial.

No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que la vigencia de los ceses el fuego del Gobierno con las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln ha limitado de forma grave la operatividad de las Fuerzas Militares y la Policía para moverse con libertad en muchos territorios en donde no solo actúan esos dos grupos ilegales, sino también bandas criminales de amplio espectro, carteles del narcotráfico, facciones de minería ilícita y redes de delincuencia común.

Este campanazo ha sido lanzado por múltiples sectores nacionales y regionales sin que hasta el momento se apliquen correctivos de fondo.