Muy preocupante la alerta lanzada por la Procuraduría General en torno a que las denuncias sobre violencia sexual y acoso escolar están disparándose en las escuelas y colegios en nuestro país. La advertencia del Ministerio Público no es gratuita. Por el contrario, se sustenta en las conclusiones de las visitas realizadas por sus delegados a casi 180 centros educativos en todo el territorio.

La situación, como se dijo, es alarmante, toda vez que tan solo en el primer trimestre de este año se han registrado 699 casos de acoso escolar y bullying, 172 hechos de ciberacoso y 178 más de violencia sexual. Más complicado aún es que la información recaudada por la procuradora delegada para los Derechos de Infancia y Adolescencia señala que en 66 instituciones se señala a docentes como presuntos autores de violencia sexual. Igualmente, resulta muy grave que en 18 colegios reportados no se hayan activado las rutas de atención para las víctimas de estos casos, pese a que se trata de una obligación legal.

Es imperativo, entonces, que ante el incremento de estos fenómenos de violencia en los centros educativos, entidades como el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, escuelas, colegios, Comisarias de Familia, así como la misma Policía de Infancia y Adolescencia y la propia Fiscalía redoblen su capacidad de reacción para atender de manera diligente estas denuncias, proteger a los menores afectados, evitar su revictimización y asegurarse de que los presuntos infractores y agresores sean judicializados de forma rápida y efectiva.

Es deber del Estado garantizar entornos escolares seguros y protectores, en donde los estudiantes se sientan a salvo de agresores y agresiones. El panorama descrito por la Procuraduría dista mucho de esa premisa y, por lo tanto, se está incurriendo en una grave violación a los derechos de los niños y adolescentes, que constitucionalmente son prevalentes.

No hay que perder de vista que, lamentablemente, cuando esta clase de agresiones no son detectadas a tiempo o castigadas de forma drástica, oportuna y ejemplarizante, las víctimas terminan sintiéndose en tal nivel de abandono y desprotección que, en los casos más extremos, terminan incluso atentando contra sus propias vidas.

De allí que sea muy grave, y amerita incluso sanciones, que el 15 % de las instituciones inspeccionadas no cuenten con protocolos para el abordaje de este de violencias y que el 34 % de las mismas no hayan recibido capacitación para el registro de la información, lo que podría suponer un subregistro de las agresiones.