La violencia intrafamiliar es uno de los delitos que más ha crecido en Colombia este año. Por lo menos así se desprende del último reporte del Ministerio de Defensa, según el cual los casos de maltratos físicos, sicológicos y sexuales al interior de los hogares se dispararon un 53% en el primer semestre, llegando a más de 78.000 denuncias.

En varias ocasiones hemos advertido en estas páginas que se trata de una situación muy grave, en la medida en que, si la violencia se incuba en la familia, desde allí se genera un peligroso efecto multiplicador que lleva a situaciones de mayor impacto en la sociedad.

Es claro, como lo han indicado los juristas y expertos consultados, que no se trata de un flagelo que se deba atacar desde un agravamiento de la legislación penal. De hecho, Colombia cuenta con una de las normatividades más drásticas en la materia, no solo por cuenta de los montos de condena que se imponen a los culpables de hechos de violencia al interior de las familias, sino por las restricciones vigentes en cuanto a la posibilidad de que estos procesados puedan acceder a beneficios de rebaja de penas o flexibilidades penitenciarias.

Así las cosas, el abordaje de esta problemática debe hacerse desde una óptica más enfocada en el cambio sociocultural, en la que se ataquen esos patrones de conducta individuales y colectivos que han marcado la evolución de las familias en donde los actos de violencia y agresión física o sicológica eran permitidos o, al menos, no trascendía necesariamente al campo penal.

Por ejemplo, la llamada “ley antichancleta”, que advierte que quienes infrinjan castigos físicos o sicológicos a menores de edad serán procesados judicialmente, todavía genera fuertes controversias generacionales. De hecho, es común escuchar la frase según la cual “una palmada dada a tiempo” a un niño evita problemas mayores más adelante.

En medio de ese debate se conoció ayer un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el cual unos 19 millones de adolescentes habrán sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años.

La cifra, según la agencia de la ONU, correspondería al 24% de las jóvenes que han mantenido una relación de pareja. Así las cosas, se advierte que la violencia durante estos años formativos críticos puede causar daños profundos y duraderos, por lo que es necesario tomarla “como un problema de salud pública, centrándose en la prevención y el apoyo especializado”.