Hace un año viajó primer grupo a La Habana
Del pronóstico facilista a la complejidad evidente
Por estos días, hace un año, el país asistía con normal expectativa y las desconfianzas del caso a la llegada de la primera delegación de víctimas del conflicto armado a la mesa de negociaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. El proceso de selección de los representantes de la multiplicidad de afectados por la guerra fue encargado a una dependencia de la ONU así como al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que si bien realizaron un juicioso trabajo para la escogencia de los perfiles de los representantes de las víctimas, lo cierto es que la polémica sobre los que finalmente fueron a Cuba y los que quisieron pero no se seleccionaron siempre estuvo a la orden del día en los meses subsiguientes.
¿Un año después cómo se puede calificar la participación directa de las víctimas en la Mesa? Hay distintas lecturas al respecto, que obviamente no se pueden divorciar del clima de polarización que crea entre los colombianos y las distintas instancias partidistas la marcha del proceso de paz. De un lado hay sectores críticos que consideran que la participación de las víctimas no tuvo el efecto que se pretendió inicialmente, porque si bien los voceros de los distintos grupos poblacionales afectados por el conflicto pudieron hablar frente a frente con quienes consideraban sus victimarios, especialmente la guerrilla, al final de cuentas más allá del impacto dramático de sus relatos y reclamos ante los negociadores, su incidencia directa en el acuerdo del punto cinco de la agenda, referido a las víctimas, ha sido tangencial, pues es obvio que el tema se convirtió en un pulso de posiciones exclusivo entre Gobierno y Farc, dadas las profundas implicaciones del caso.
Pero también hay sectores que consideran que la participación de las víctimas en la Mesa fue sustancialmente positiva porque, de un lado, rompió el escenario cerrado de la misma, dimensionando que cualquier acuerdo final debe centrarse primordialmente sobre los derechos de los millones de afectados por la confrontación armada, a mecanismos efectivos, tangibles y verificables para acceder a la justicia, la verdad, la reparación, y la garantía de no repetición. Precisamente por ello es que este punto de la agenda, que inicialmente se presupuestaba para ser superado en cuestión de pocos meses en La Habana, al final de cuentas se terminó convirtiendo en el que más tiempo y esfuerzo ha demandado a las partes para llegar a un consenso. A hoy, más de un año después de haber iniciado su discusión, apenas se suman en la mesa acuerdos parciales referidos al borrador de un aún confuso sistema integral de justicia transicional, que se ha vuelto uno de los principales cuellos de botella de las negociaciones. Desde hace varias semanas se ha anunciado también que está a punto de llegarse a un consenso sobre el tema de la reparación pero todavía no hay humo blanco al respecto.
Tampoco faltan quienes advierten que la participación de las víctimas en la Mesa no tuvo la efectividad perseguida porque pese a que la negociación solo se da entre Gobierno y Farc, lo que por lógica del proceso debería haber llevado a que a La Habana fueran solo los representantes de quienes se consideran perjudicados por el Estado o esa facción subversiva, lo que finalmente ocurrió es que allí confluyeron víctimas de todos los actores de la violencia en el país como el Eln o los paramilitares, pese a que con el primero está en marcha un proceso de diálogo preliminar, y respecto a los segundos se supone que la Ley de Justicia y Paz ya contempla las instancias de verdad, justicia y reparación a los miles de afectados por sus acciones.
Visto todo lo anterior queda en evidencia que se equivocaban aquellos que consideraban hace un año que este punto de las víctimas sería fácilmente acordable, más aún estando vigente y en aplicación la Ley de reparación y restitución de tierras. La complejidad de la definición de los universos de responsabilidad de los victimarios, el modelo de justicia a aplicarles y el desafío enorme que implica establecer un sistema viable y funcional para reparar a los millones de afectados por la guerra, se terminó convirtiendo en el reto más alto del proceso de paz, algo que pocos avizoraban hace un año cuando aterrizó en La Habana esa primera delegación de víctimas y se sentó frente a frente con los negociadores de Gobierno y guerrilla.